La noche del 15 al 16 de julio de 2016 entrará en la historia de Turquía como un punto de inflexión. Un violento pero fallido golpe de Estado fue aprovechado por el Gobierno islamista turco para llevar adelante purgas en todas las esferas del Estado, propias de una asonada exitosa.
Decenas de miles de personas fueron detenidas, decenas de miles de funcionarios fueron despedidos, decenas de periódicos y canales de televisión fueron cerrados y numerosos diputados encarcelados a consecuencia de la tentativa de golpe.
Todo ello, bajo un estado de excepción que da poder ilimitado al Gobierno, no responsable ante la Judicatura.
Las reformas administrativas y legales emprendidas por el Gobierno turco como respuesta al golpe tienen tanta envergadura que en apenas medio año han supuesto un cambio enorme en la política y hasta en la sociedad de Turquía.
La oposición turca y cada vez más Gobiernos europeos critican que Turquía está derivando hacia una autocracia, alejada de los valores democráticos europeos.
Las ciudades de Estambul y Ankara quedaron en vilo la noche del 15 al 16 de julio, al escuchar el vuelo rasante de cazabombarderos y tiroteos aislados, mientras que una unidad de tanques bloqueaba uno de los imponentes puentes del Bósforo que unen Europa y Asia.
A las 23.00 horas locales, el primer ministro, Binali Yildirim, llamó a los medios para informar de que se trataba de un golpe de Estado.
Una hora y media más tarde lo hizo el presidente, Recep Tayyip Erdogan, de vacaciones en un hotel de la costa egea turca, desde donde exhortó a los ciudadanos a enfrentarse a los golpistas.
Una marea de ciudadanos armados sólo de banderas se fue enfrentando a los blindados en diversos puntos de Estambul y Ankara.
En algunos lugares fueron blanco del fuego de los golpistas, con un saldo final de 247 muertos en el bando antigolpista, según cifras oficiales, mientras que los datos sobre el saldo de sublevados muertos oscilan entre 20 y 104.
La policía turca recuperó el control en la mañana del sábado y el Gobierno anunció que la asonada era obra de las redes de simpatizantes del predicador exiliado Fethullah Gülen, antaño fiel aliado del Gobierno islamista, pero desde 2013 feroz adversario.
En los siguientes meses fueron arrestadas 50.000 personas, de las que 32.000 pasaron a prisión preventiva, por sospechas de formar parte de la red de simpatizantes de Gülen, a menudo sin acusación de un delito concreto.
A esto se sumaron despidos masivos en la Administración pública, -sobre todo en el Ministerio de Educación y academias privadas- con un total de 60.000 funcionarios expulsados de la carrera y 93.000 empleados suspendidos de sus funciones, entre ellos 5.200 académicos y 3.400 jueces, mientras que los militares destituidos superan los 3.500.
Al principio, las purgas sólo ampliaban el alcance de la “limpieza” iniciada tres años antes contra la presencia de “gülenistas” en Policía, Judicatura, Banca y medios de comunicación.
Sin embargo, en septiembre empezaron a dirigirse también contra la izquierda y especialmente contra los defensores de los derechos de la minoría kurda en Turquía.
Así, entre septiembre y noviembre fueron destituidos los alcaldes de una treintena de municipios, incluidas varias importantes capitales de provincia, en cuatro casos por supuestos vínculos gülenistas y, en el resto, por sospecha de lazos con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda, con la que se rompió el alto el fuego en vigor.
En noviembre también fueron detenidos y encarcelados de forma preventiva diez diputados del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la tercera formación del Parlamento, izquierdista y prokurda, bajo la misma acusación.
Al mismo tiempo, el partido Justicia y Desarrollo (AKP), en el poder desde 2002, pretende ahora convocar un referéndum sobre una enmienda constitucional que daría todo el poder ejecutivo al presidente, algo firmemente rechazado por el HDP y el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP).
Además, el AKP no descarta reintroducir la pena de muerte en Turquía. Para la UE, eso sería el punto final a las negociaciones de adhesión del país eurasiático, que duran más de una década sin grandes avances.
FUENTE: Ilya U. Topper/EFE
