La primera vez que Mathias Depardon se asomó a la ventana de su celda, contempló una bandada de gorriones volando más allá de los barrotes. Pensó: “Ahora, soy yo el pájaro que está en la jaula”. En su rostro había más ceños que sonrisas y no tenía las grandes ojeras que hoy rodean sus ojos. Acusado en 2017 de haber creado “propaganda para una organización terrorista”, este fotoperiodista francés permaneció encarcelado 32 días en el Centro de Detención de Gaziantep, al sur de Turquía, cuando trabajaba para la revista National Geographic. El motivo: unas fotografías de miembros del PKK, el prohibido Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que la policía turca encontró en su teléfono tras haber sido detenido en Hasankeyf por tener la documentación caducada.
“Al principio me tuvieron en total aislamiento, sin nada en la celda con lo que ocupar mi mente. La situación me angustiaba: me golpeaba contra la pared, gritaba…”, recuerda con un nudo en la garganta. “Pero con el tiempo, desarrollé una resiliencia ante aquella realidad, una fuerza moral”. Su resiliencia, una huelga de hambre de cinco días, atrajo la atención del presidente francés Emmanuel Macron, y su liberación se efectuó dos semanas después. Ahora, Depardon disfruta de su mayor estancia en Francia desde que, siendo un adolescente, se mudase a los Estados Unidos; descarta regresar a Turquía. Reconoce que todo aquello fue una detención arbitraria e injusta, pero, según relató también al British Journal of Photography, “un mal menor”: “Afortunadamente, mi caso resultó ser solamente una estrategia dentro de la agenda política del presidente Erdogan para poner a prueba a Macron. La libertad de prensa en Turquía es una de las más bajas del mundo. Los periodistas turcos que estaban encarcelados cuando yo me marché, aún continúan entre rejas”.
La conquista mediática
Desde 2012, Turquía es considerada una de las mayores cárceles de periodistas del mundo según el Committee to Protect Journalists (CPJ), y en 2020 ocupó el puesto 154 en el ranking de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF). Se estima, además, que tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, al menos 170 medios y más de 200.000 sitios web han sido cerrados o bloqueados —entre ellos el portal de noticias Bianet—, 1.000 asociaciones han sido cerradas, 167 periodistas están prófugos y 81 permanecen encarcelados. El estado de emergencia decretado tres días después de la asonada fallida no solo posibilitó la persecución de los sublevados, sino también el silenciamiento de cualquier voz crítica. Durante los dos años que duró aquella emergencia, el Ejecutivo realizó más de 1.800 enmiendas que han incrementado los procedimientos judiciales contra los periodistas, eliminando muchas de las garantías de cara a una detención justa.
“El gobierno está equivocado cuando dice que en Turquía no hay censura”, afirma con contundencia Scott Griffen, subdirector del International Press Institute (IPI). “No solo decenas de periodistas son encarcelados anualmente sin ninguna evidencia, sino que, también, se ha acelerado lo que llamamos el media capture: el control por parte del gobierno de la vasta mayoría de los medios de comunicación”.
En un país dominado por grandes conglomerados mediáticos con participaciones en la construcción, la banca, el turismo y las finanzas, los intereses políticos han conducido tradicionalmente a una autocensura voluntaria por parte de los propios propietarios. En la actualidad, en cambio, son los juicios de cuestionada transparencia los que transforman la línea editorial de medios críticos con el gobierno. En 2016, una orden judicial dictaminó el decomiso del Zaman, el diario de mayor tirada nacional, y en 2018, tras un fallo del Tribunal Supremo, varios miembros de la junta de la Cumhuriyet Foundation, propietaria del Cumhuriyet, el diario de referencia de la oposición socialdemócrata, fueron destituidos.
A esto se unen las sanciones del Consejo Supremo de Radio y Televisión (RTÜK), que en 2020 impuso a los canales de televisión críticos con el Ejecutivo multas por un valor total 25 veces superior al de los canales progubernamentales, y la inoperancia del BİK. Este es el organismo público encargado de distribuir los anuncios oficiales, pero en la actualidad excluye a los periódicos críticos con el gobierno de su distribución. Ambos factores agravan la situación financiera de los medios y conducen si no a su desaparición, a su puesta en venta en subastas públicas donde concurren compañías afines al gobierno. Ocurrió así con el diario Sabah, del grupo Ciner, cuyo único postor fue el yerno de Erdogan, Berat Albayrak.
En este escenario, dice Scott Griffen, resulta “imposible” hablar de derecho de información o de libertad de expresión en Turquía, y advierte de que, una vez “derribados” los medios de comunicación tradicionales, los principales afectados están siendo las redes sociales. En los primeros siete meses de 2020, la policía turca investigó 14.186 cuentas de redes sociales, emprendiendo acciones legales contra 6.743, y en enero de este año entró en vigor la nueva enmienda a la Ley de Internet por la que el Estado se asegura el control sobre las plataformas en línea. De acuerdo con el texto, las plataformas extranjeras deben declarar un representante en el país que responda a las órdenes de retirada de contenido del gobierno en un plazo de 48 horas. Mientras que YouTube y Facebook ya han obedecido, Twitter afronta un veto en publicidad y, de seguir incumpliendo la ley, su ancho de banda se reducirá en un 90% a partir de mayo.
El síndrome de Sèvres
“Erdogan reprime los medios de comunicación porque él no cree ni ha creído nunca en la democracia”, explica Guillaume Perrier, ex corresponsal de Le Monde en Estambul y autor del libro Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan. Nacido en el seno de una familia islamista-conservadora, el mandatario turco sufrió desde joven lo que Perrier denomina “el síndrome de Sèvres”: un trauma generado por el Tratado de Sèvres (1920), equivalente en Turquía al diktat alemán, y que se manifiesta en el temor a un nuevo desmembramiento del país y en una actitud totalitaria con las minorías que lo habitan y que reclaman su emancipación (griegos, armenios, alevíes y kurdos).
No obstante, este periodista francés reconoce que, pese a su conservadurismo, los dos primeros gobiernos de Erdogan como primer ministro (2003-2011) fueron bastante progresistas: inició las negociaciones para la adhesión de Turquía a la Unión Europea (UE) e implementó importantes reformas como la abolición de la pena de muerte, el uso del idioma kurdo en los tribunales o la aprobación de una ley para la libertad de expresión.
“Al principio, Erdogan estuvo muy interesado en el sistema democrático por una razón simple: la democracia ha sido un medio para llegar al gobierno, pero también para contrarrestar el poder del ejército en la política”. Según explica Perrier, las fuerzas armadas, defensoras del laicismo, protagonizaron hasta cinco golpes de Estado en los últimos 60 años en Turquía y llegaron a destituir a Erdogan como alcalde de Estambul tras el memorando militar de 1997. Las reformas de la UE garantizaban al mandatario turco una democratización del poder político y, por ende, su independencia con respecto al ejército. “Una vez concluyó este proceso, Erdogan no sintió más necesidad de Europa e inició un periodo de deconstrucción”.
El resultado, dos décadas después, es un país con índices de democratización más bajos que los que había en 2003, según el Freedom House, y asentado sobre una política exterior panturquista consistente en la unión de todos los pueblos de habla turca desde los Balcanes hasta Siberia. Las tropas turcas están hoy presentes en Siria y en Libia, antiguas regiones del Imperio Otomano, y en su obsesión por mantener el territorio turco unificado, Erdogan ha extendido el control sobre toda disidencia: desde la prensa crítica hasta los activistas de izquierda. “Erdogan se ve a sí mismo como un sultán y, como Putin en Rusia, pretende devolver Turquía a la esfera internacional”, informa Perrier.
Herramientas de censura
El control sobre la prensa en Turquía se ha extendido con gran rapidez a través de una controvertida Ley antiterrorista, el Código Penal y la Ley de Internet. La primera fue diseñada en 1993 para combatir al PKK, un grupo armado marxista leninista que desde 1984 reivindica el Kurdistán, una nación propia dentro de Turquía. Si bien la vaguedad con que fue redactada la Ley antiterrorista ha posibilitado una represión contundente contra sus integrantes, también ha hecho que esta devenga en la herramienta de censura favorita del gobierno turco contra los periodistas y activistas de derechos humanos. “Las cláusulas contra el terrorismo son muy amplias, lo cual permite hacer un uso abusivo de aquellas. Nosotros vemos una gran necesidad de reformar la Ley antiterrorista y el Código Penal en línea con los estándares internacionales”, denuncia Sarah Clarke, directora del Programa para Europa y Asia Central de la organización internacional ARTICLE 19.
En 2012, más del 95% de los periodistas encarcelados estaba acusado de propaganda terrorista o de pertenecer al PKK tras haber estado con miembros de dicha organización mientras recababa información sobre el terreno, o haber publicado reportajes con descripciones de sus actividades. Y, en 2013, 8.995 simpatizantes de izquierda resultaron encarcelados por esta misma ley tras haber participado en las multitudinarias protestas en la plaza Taksim en contra de la construcción de un centro comercial en el parque Gezi y la deriva islamista del Ejecutivo. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando los encarcelamientos por terrorismo se incrementaron de manera notable.
Aquel año, el Movimiento Gülen, una influyente cofradía musulmana, fue declarado por el gobierno como una organización terrorista (FETÖ). Erdogan acusó a su líder, el clérigo y antiguo aliado, Fethullah Gülen, de sacar a la luz unos escándalos de corrupción que afectaban de lleno al Ejecutivo con el objetivo de derribarlo. A través de la Ley antiterrorista, se cerraron decenas de empresas pertenecientes a dicha cofradía, entre ellas el diario Zaman. Ya en 2016, cuando el intento de golpe de Estado perpetrado por una facción del ejército supuestamente ligada a Fethullah Gülen, una purga se cobró la destitución de 150.000 funcionarios pertenecientes al Movimiento Gülen.
Por su parte, el Código Penal, promulgado en 2004, ha sido empleado numerosas veces por Erdogan para perseguir todo tipo de crítica hacia su persona. Artículos relativos a la difamación y al insulto le han permitido interponer hasta tres demandas contra los caricaturistas de la revista Leman, dos de las cuales se cerraron con el pago de sanciones económicas. Además, artículos referidos al espionaje y la filtración de información secreta han motivado la detención de un gran número de periodistas de investigación. En octubre de 2020, cuatro periodistas que informaron sobre dos aldeanos kurdos que habían sido arrojados de un helicóptero militar fueron arrestados y en 2018, Pelin Ünker y Orhan Erinç, dos periodistas del Cumhuriyet que informaron sobre los Paradise Papers (una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre paraísos fiscales), fueron demandados por el ministro de Finanzas por daños y perjuicios.
No menos polémicos resultan los artículos del Código Penal relativos a la turquicidad (identidad nacional turca). En 2007, la vulneración de este artículo provocó que YouTube permaneciera cerrada durante dos años. La indignación de la extrema derecha por unos vídeos sobre la supuesta homosexualidad del padre de la República, Kemal Atatürk, llegó hasta un tribunal de Estambul que calificó el contenido en la plataforma de “agravio público a la turquicidad”, sentando el antecedente a la Ley N° 5651, titulada “Reglamento de Publicaciones de Internet y la represión de los delitos cometidos por medio de dicha publicación”, y que el gobierno promulgó en mayo de ese mismo año.
La Ley de Internet
Concebida inicialmente para hacer frente a las “crecientes preocupaciones por la disponibilidad de pornografía infantil y contenido obsceno en Internet, y los sitios web que proporcionan información sobre sustancias ilegales consideradas dañinas para los niños”, la Ley de Internet con el tiempo se ha convertido en un instrumento más de la censura del Estado.
En 2014, en medio de los escándalos de corrupción que obligaron a Erdogan a sustituir a medio Ejecutivo, el Parlamento turco aprobó una enmienda que permite al gobierno bloquear cualquier página web por su propia iniciativa, sin necesitar permiso judicial, y en 2018 extendió el control del Consejo Supremo de Radio y Televisión (RTÜK) a los servicios de vídeo online, como Netflix, debiendo disponer desde entonces de una licencia para operar.
Desde su aprobación, las principales redes sociales se han enfrentado a una censura intermitente que en ningún caso ha sido total. La existencia de circumvention tools (herramientas de evasión) ha permitido a gran parte de la población burlarla. El propio Erdogan así lo reconoció en noviembre de 2008 cuando, respondiendo a las críticas por el bloqueo de YouTube, declaró poder acceder a la plataforma y animó a la población a “hacer lo mismo”. Además, el día después de su bloqueo, el 29 de abril de 2017, el portal Wikipedia en turco registró 1.100.000 visitas; lo que evidencia el uso de dichos instrumentos por parte de los usuarios turcos.
Entre las herramientas más populares destacan los sistemas de nombres de dominio (DNS), los sistemas de navegación cifrada que enmascaran la ubicación del dispositivo redirigiendo su tráfico a servidores de todo el mundo antes de llegar a su destino, y las redes privadas virtuales (VPN). Las redes sociales también han ofrecido sus propios canales para sortear la censura. Twitter, bloqueada en 2014, llegó a diseñar un plan que permitía a sus usuarios publicar tuits enviando SMS.
“Al principio era tan fácil como cambiar la DNS en el ordenador: que era abrir una ventanita y cambiar los números. Luego han ido bloqueando con más profundidad”, informa Ilya U. Topper, corresponsal en Turquía de la agencia EFE, quien reconoce no utilizar tanto las VPN pues “nuevamente YouTube, Wikipedia, Facebook son accesibles”. Todo cambiaría, dice, si Twitter finalmente no nombra un delegado en Turquía y se restringe su acceso en mayo.
A la polémica enmienda a la Ley de internet sobre las plataformas extranjeras, se une la decisión de la Oficina de Comunicaciones de la presidencia turca de trasladarse a BiP, la aplicación de mensajería encriptada perteneciente a la compañía turca, Turkcell. La noticia, motivada por la nueva política de privacidad de WhatsApp, ha generado incertidumbre entre los periodistas. En 2016, una aplicación similar fue el principal motivo de las detenciones arbitrarias que se produjeron tras la noche del golpe de Estado. Según el gobierno, Bylock había sido utilizada por los golpistas y todos aquellos miembros del movimiento de Gülen para organizar tanto el golpe de Estado fallido como sus asuntos clandestinos.
“Si al final por no utilizar la aplicación no voy a ser invitado a actos de prensa y dejo de recibir la agenda presidencial, acabaré sucumbiendo”, dice el reportero español Albert Naya con resignación cuando es preguntado por BiP. “¿Merma el derecho a la información? Totalmente. Pero ¿qué vas a hacer? Yo soy freelance y tengo que producir para poder subsistir. Pero ellos si te quieren joder, lo van a hacer. Ellos tienen todas las de ganar”.
Represión en tiempos de Covid
“Algunos gobiernos han identificado una oportunidad para arrogarse un poder desmedido. Han suspendido el Estado de derecho e, incluso, la democracia representativa y el sistema de justicia”, denunció la Fundación Internacional para la Libertad en su manifiesto Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo. Desde que en marzo se registró el primer contagio por Covid-19 en Turquía, el IPI ha contado hasta 18 violaciones de la libertad de prensa relacionadas con la pandemia.
Periodistas como Idris Özyol y Mustafa Ahmet Oktay fueron detenidos por “sembrar el caos y el pánico en la población” al publicar datos que contradecían las estadísticas oficiales de contagios, y el telediario de Fox TV fue multado y censurado durante tres noches por los comentarios críticos de su presentador sobre las políticas estatales contra el coronavirus. En centros públicos, como la Universidad de Boğaziçi, no solo las reuniones al aire libre han sido prohibidas bajo el motivo de la pandemia, sino también los comunicados de prensa y la distribución de folletos.
Pero son los periodistas encarcelados, privados ya de por sí del derecho de libertad de expresión, los más vulnerables en este nuevo escenario. “Las condiciones sanitarias de las cárceles turcas son terribles”, advierte Andrés Zaragoza, responsable de Amnistía Internacional (AI). “Algunas prisiones, como la de Silivri, tienen miles de presos que están completamente hacinados. Si el virus entra allí, puede ser catastrófico”.
En abril de 2020, el gobierno turco aprobó una ley consistente en la liberación de hasta 90.000 presos para aliviar las cárceles superpobladas. Sin embargo, al excluir los delitos relacionados con el terrorismo, esta no ha tenido ninguna repercusión en los periodistas presos quienes sí que se han visto afectados por la nueva distribución de los periódicos. De acuerdo con la misma ley, solo los diarios que reciben publicidad de la Agencia Estatal de Publicidad (BİK) pueden circular en las cárceles. De modo que periódicos, como BirGün y Evrensel, que carecen del respaldo de la BİK por su postura crítica con respecto al gobierno, resultan desde ahora inaccesibles para la población reclusa.
El perro de la política
Mientras que ARTICLE 19 sitúa a Turquía en un “escenario crítico sin precedentes”, otras organizaciones como el IPI o Amnistía Internacional reconocen que la situación no ha empeorado tanto “como cabría esperar”. El número de encarcelamientos de periodistas se ha reducido en la mitad con respecto a 2018, al mismo tiempo que Erdogan ha manifestado su voluntad de “volver a reconducir su desgastada relación” con los 27 países miembros tras el enfrentamiento que tuvo lugar el pasado mes de agosto con Grecia y Chipre por las prospecciones marinas ilegales en el Mediterráneo. No obstante, coinciden en el deterioro de la justicia local.
El día siguiente al intento de golpe de Estado de 2016, 193 miembros del Tribunal Supremo, dos miembros del Tribunal Constitucional, 2.400 jueces y 508 abogados fueron destituidos acusados de tener vínculos con Fethullah Gülen. Para Ugur Tok, director de la asociación Platform for Peace and Justice, si bien el Poder Judicial de Turquía nunca fue completamente independiente, después de la purga, este se ha convertido en el “perro de la política”. La mitad de todos los jueces en Turquía tiene ahora menos de tres años de experiencia y muchos de ellos han sido miembros de las ramas locales del partido gobernante AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo).
De entre todas las instituciones, sostiene Sarah Clarke, solo el Tribunal Constitucional defiende en la actualidad el imperio de la ley en Turquía, habiendo restablecido sitios web como Wikipedia y reconocido la inocencia de varios periodistas y activistas acusados de terroristas, como el presidente de Amnistía Internacional, Taner Kılıç, o el columnista Sahin Alpay. Sin embargo, tras la detención de dos de sus miembros, este atraviesa una etapa crítica.
En su reciente reunión con miembros del Tribunal Constitucional, Clarke fue informada de nuevas amenazas en forma de declaraciones políticas procedentes del gobierno, así como de la desobediencia de algunos tribunales inferiores a la hora de implementar sus decisiones, violando el Artículo 153 de la Constitución. “Estos hechos, unidos al temor de sus miembros a resultar arrestados, han incrementado considerablemente la lentitud del Tribunal Constitucional y, por tanto, la revisión de los casos de los periodistas acusados”, afirma Clarke, para quien “una justicia lenta es una justicia denegada”.
Europa: intereses contrapuestos
Se trata, en cualquier caso, de amenazas bien conocidas por las autoridades europeas que anualmente publican informes muy detallados sobre la situación política en Turquía. Sin embargo, la falta de actuaciones encaminadas a restablecer las libertades en el país ha hecho que aquellas autoridades sean criticadas a menudo por los activistas de derechos humanos. “Es cierto que la Unión Europea ha sancionado recientemente a Turquía por las prospecciones ilegales en el Mediterráneo, pero hasta el momento no la ha penalizado por vulnerar sistemáticamente los derechos humanos”, se queja el subdirector del IPI, Scott Griffen. Esta aparente “inacción”, apunta, podría deberse a la existencia de intereses geopolíticos, los cuales relegan la defensa de los “derechos fundamentales” a un segundo plano. Miembro de la Unión Aduanera y de la OTAN, Turquía es el cuarto cliente más importante de la UE y un aliado en la lucha contra el islamismo radical del Daesh. Además, según el abogado Carlos Lacaci, la crisis de los refugiados sirios ha posibilitado el empoderamiento de Erdogan frente a las autoridades europeas. “A pesar del pacto Turquía-UE firmado en marzo de 2016, el Ejecutivo turco ha amenazado de forma reiterada con abrir las fronteras con Grecia y permitir la entrada masiva de refugiados al continente, situando a Europa en una posición vulnerable”, informa con preocupación Lacaci.
Ajeno a las cuestiones geopolíticas, está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), último lugar al que los acusados de países miembros del Consejo de Europa pueden acudir. Desde 1954, el TEDH ha dictado cerca de 3.000 resoluciones relativas a ciudadanos turcos. En noviembre de 2020, condenó la detención arbitraria del periodista del diario Cumhuriyet, Ahmet Sik, y en febrero citó a Turquía a comparecer para que explicara el cese de 169 jueces. Sin embargo, la lentitud del TEDH y la desobediencia de los tribunales turcos han puesto en entredicho su efectividad. Casos como el del periodista encarcelado Ahmet Altan, continúan pendientes cuatro años después de haber sido presentada la solicitud, y otros sobre los que el TEDH ya se ha pronunciado no han tenido el efecto esperado en Turquía, como el del activista Osman Kavala, quien continúa encarcelado pese a la sentencia absolutoria dictada hace un año por este tribunal.
Agotados los mecanismos europeos, algunas voces reclaman a la comunidad internacional nuevas vías legales de protección de los derechos humanos. En una entrevista con el Consejo General de la Abogacía Española, Ali Yildiz, fundador de la plataforma The Arrested Lawyers, apuntaba como alternativas la utilización de la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, o la realización de una consulta al Relator Especial de la ONU con el fin de utilizar los mecanismos de Naciones Unidas.
Periodismo comprometido
Otras voces, en cambio, han decidido emprender por cuenta propia una lucha contra el régimen turco a través de plataformas y movimientos sociales. Desde su despacho en la Casa Turca (Madrid), el periodista Mehmet Siginir gestiona Proderechos, un portal web de noticias en español que creó en 2017 y dedicado a la difusión de artículos de investigación sobre los “constantes ataques” a la libertad de expresión en Turquía. El objetivo: combatir la desinformación generada por el Ejecutivo y dar voz a los periodistas silenciados en su país. De acuerdo con la encuesta realizada por el Center for American Progress en 2018, un 70% de los turcos piensa que los medios de comunicación presentan información sesgada y poco confiable, y una mayoría, el 56%, que la prensa no puede hablar libremente y está más controlada por el gobierno. “Desgraciadamente, quienes en Turquía se mantienen al frente no tienen las suficientes plataformas u oportunidades donde poder alzar voz, ni dar alguna respuesta a las acusaciones del gobierno”, lamenta Siginir.
Exiliado en España desde 2016, este editor turco figura en la actualidad en la lista de periodistas buscados por el régimen de Ankara, acusado de terrorista. En su despacho dispone de estanterías con libros del clérigo conservador Fethullah Gülen. Siginir es su traductor oficial al español. “Personalmente, veo que la comunidad internacional no me considera un terrorista. Pero esto no es suficiente”, reconoce. En la primera entrevista de trabajo que realizó en España, el director de la compañía le preguntó abiertamente si era terrorista tras conocer que había trabajado para una revista del Movimiento Gülen. “Dime tú, si esto me ocurre en un país democrático, como España, ¿qué no ocurrirá en un país donde solo se escucha una transmisión estatal y solo salen noticias tal como quiere el gobierno?”. Ahora, a través de Proderechos, Siginir trabaja para evitar que este tipo de episodios siga sucediendo.
FUENTE: Miguel Durán Díaz-Tejeiro / El Salto Diario
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