El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) exigió a Turquía la liberación del político opositor kurdo Selahattin Demirtas, copresidente del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), a quien mantiene injustificadamente en prisión preventiva.
El dictamen de la corte aceptó que Demirtas, en prisión desde noviembre de 2016, fuera detenido en su momento por una “sospecha razonable” de haber cometido delitos, sin embargo consideró que la extensión de su encarcelamiento por parte de las autoridades turcas no contó con motivos “suficientes” para justificar tal duración, al no existir ninguna sentencia firme en su contra.
Además, el alto tribunal consideró en el fallo emitido el 20 de noviembre, que el encarcelamiento del líder kurdo limitó su libertad de expresión al no poder participar en las actividades políticas llevadas a cabo por su partido durante las campañas del referéndum para la reforma constitucional, en abril de 2017, y de las elecciones presidenciales de junio de 2018, en las que Demirtas era candidato.
Al respecto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que su país no acataría la sentencia por no ser vinculante y acusó al TEDH de “apoyar el terrorismo”, señalando que su decisión “no nos atañe” y que “hasta ahora ha emitido muchas sentencias relacionadas con organizaciones terroristas, todas contrarias a nosotros”.
En el momento de su detención, Demirtas era copresidente del HDP y parlamentario de esta formación en la Asamblea Nacional, y fue acusado por delitos que van desde “enaltecimiento del terrorismo” a “incitación al odio”, pasando por participar en la “dirección de organización terrorista”, y en base a los cuales la fiscalía pide 142 años de cárcel.
En sus declaraciones, Erdogan también cargó contra “las instituciones de la Unión Europea” por su supuesto apoyo a organizaciones armadas, pasando por alto que el TEDH no pertenece a la UE sino al Consejo de Europa, una organización intergubernamental con sede en Estrasburgo de la que forman parte 47 estados del viejo continente, y de la que Turquía es socio fundador desde 1949.
El líder turco demostró tener una memoria selectiva pues el último dictamen del alto tribunal relacionado con Turquía, emitido el pasado 27 de septiembre, rechazó la demanda de torturas y malos tratos realizada por Abdullah Öcalan, líder del ilegal Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), encarcelado en esta nación desde 1999.
No solo eso, el propio Erdogan recurrió tres veces al TEDH cuando tuvo problemas con la justicia de su país entre 1999 y 2002, alegando la vulneración de derechos procesales o reclamando la restitución de sus derechos políticos. Recientemente, durante la crisis diplomática con los Países Bajos en marzo de 2017, llegó a anunciar una eventual demanda ante la Corte Europea.
Es cierto que algunas voces dentro del Ministerio de Justicia calificaron la invectiva de Erdogan como una “opinión personal”, y el titular de la cartera, Abdulhamit Gül, reconoció que “el TEDH es parte de la legislación nacional”, añadiendo que el siguiente paso del poder judicial sería valorar el dictamen y en base a ello decidir las acciones posteriores.
Tanto el abogado defensor de Demirtas, Mahsuni Karaman, como el HDP y otras organizaciones de derechos humanos, pidieron la liberación inmediata del político preso pues, como dejó claro la sentencia, su encarcelamiento viola los artículos 5.3 (sobre el derecho a un juicio justo) y 18 (sobre restricciones a los derechos básicos) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
El responsable del departamento de Relaciones Internacionales del HDP, Nazmi Gur, calificó los comentarios de Erdogan “completamente inaceptables” y un desafío a la autoridad de la Corte, recordando que desde 1987 el TEDH forma parte del sistema judicial de Turquía, y por tanto sus decisiones son vinculantes.
No hay duda de que tanto los artículos 46 del CEDH como el 90 de la Constitución turca regulan explícitamente la supeditación de la legislación nacional a las resoluciones emitidas por el TEDH, por lo que no cabe ningún tipo de desafío a la autoridad del tribunal, sino acatar el cumplimiento de la sentencia.
En ese sentido, las afirmaciones de Erdogan solo pueden ser interpretadas desde el desconocimiento de las leyes o como un intento de presionar al poder judicial para que no libere de forma automática al líder kurdo.
Sin embargo, es muy probable que el futuro inmediato de Demirtas siga siendo la cárcel, pues de acuerdo a los artículos 43 y 44 del CEDH, el Estado demandado cuenta con 90 días para recurrir la resolución emitida por la Sala ordinaria, y esperar que la Gran Sala acepte a trámite el recurso y, si es el acaso, emita una sentencia definitiva y vinculante.
Demirtas emitió un comunicado desde prisión diciendo que el TEDH lo había reconocido como “un rehén político”, y advirtió que “la tutela de la política sobre el poder judicial es una gran amenaza tanto para la democracia como para el futuro de la nación”.
Solo el tiempo podrá despejar el verdadero alcance de estas afirmaciones.
FUENTE: Antonio Cuesta / Prensa Latina
