“Mientras el Estado y la nación se han unido para tratar de superar este desastre histórico, seguimos de cerca a quienes intentan enfrentar a nuestra gente con noticias falsas o distorsionadas”, declaró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en su primera intervención pública tras el terremoto de magnitud 7,8 que se produjo el 6 de febrero en el sureste de Turquía.
Tres semanas después, continúan los trabajos para recuperar los cuerpos bajo los escombros, mientras que la cifra de fallecidos ya asciende a 44.000. Millones de personas se han quedado sin hogar y continúan produciéndose seísmos en la región que amenazan de nuevo las estructuras que quedan en pie. El último de éstos, ocurrió el sábado por la mañana, de magnitud 5,3 en Nigde, provincia colindante con el área afectada por los anteriores temblores.
En los últimos días ha aumentado también la persecución judicial contra periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno por su gestión del terremoto. El caso más flagrante es el del periodista autónomo Mir Ali Koçer, que podría ser condenado hasta tres años de prisión por supuestamente difundir “noticias falsas” sobre el terremoto. Koçer había publicado entrevistas a personas afectadas por el terremoto, que criticaban la lentitud del despliegue de los equipos de rescate en algunos edificios y la desigualdad en la distribución de ayuda humanitaria. El periodista está siendo investigado en el marco de una nueva “ley de desinformación” aprobada el pasado octubre, que persigue las noticias falsas en medios de comunicación y redes sociales. La normativa no establece unos parámetros para juzgar la información y deja la puerta abierta a “criminalizar el periodismo y la censura de la información online”, según señaló una coalición de 22 organizaciones internacionales de libertad de prensa.
Al menos otros cuatro periodistas han sido detenidos en la zona afectada por el terremoto y podrían ser investigados con la misma acusación, según señalaron medios locales. “Las autoridades deben abandonar todas las investigaciones de miembros de la prensa, deben permitir que los reporteros trabajen libremente y garantizar que los periodistas puedan trabajar sin temor a sufrir acoso”, señaló en un comunicado el Comité de Protección de Periodistas (CPJ).
El Gobierno turco impuso el Estado de Emergencia en las 10 provincias afectadas y sobre el terreno se han desplegado diversos organismos de las fuerzas de seguridad, desde policías a cuerpos militarizados. Éstos en ocasiones desconocen las normativas y han impedido el trabajo de periodistas sobre el terreno, hasta el punto de requisar el material fotográfico en cementerios donde se han enterrado miles de víctimas del seísmo. Por ejemplo, un policía empujó al reportero del canal Halk, Ferit Demir, mientras seguía las labores de rescate en la ciudad de Malatya. La periodista autónoma Rabia Çetin fue amenazada por guardias de seguridad en un pueblo de Hatay, mientras que a la reportera Zübeyde Sari le impidieron grabar.
Por otro lado, tres emisoras de televisión fueron multadas por su cobertura del terremoto, al considerar la autoridad competente (RTÜK) que supuestamente vulneraron los principios nacionales al informar sobre la respuesta estatal a los terremotos. “El periodismo continúa. Turquía no se quedará sin saber lo que pasa solo porque el Gobierno lo quiera. No nos callaremos”, señaló el director de HalkTV, Cafer Mahiroglu, una de las emisoras afectadas.
Las autoridades turcas también bloquearon esta semana el acceso a Eki Sözluk, un foro online muy popular en Turquía. Su fundador, Sedat Kapanoglu, señaló que las autoridades turcas no les han informado del motivo del bloqueo, pero que lamentan que se impida su acceso estos días, cuando muchas personas usaban la plataforma para pedir u organizar ayuda en la zona afectada por el terremoto. Los mánagers de la plataforma creen que podría haber sido bloqueada por permitir la publicación de críticas a la gestión del Gobierno tras el seísmo.
FUENTE: Lara Villalón / El Mundo
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