El pasado lunes 26 arrancó en Ankara el conocido como “juicio de Kobane”, un proceso que sienta en el banquillo a diversos simpatizantes, miembros y líderes del HDP (Partido Democrático de los Pueblos), el principal representante de la izquierda pro kurda en Turquía y tercera fuerza del parlamento turco, que podría resultar ilegalizada.
Entre los acusados, se encuentran dos ex líderes del partido, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, que afrontan multitud de cargos relacionados con terrorismo; en total, 108 personas están procesadas, y todos afrontan penas de cadena perpetua. Durante los últimos años, múltiples cargos electos del HDP han sido depuestos por la justicia turca, acusados de vínculos con el terrorismo.
La Unión Europea y los Estados Unidos han manifestado su preocupación por este proceso. Los representantes de exteriores de la Unión manifestaban, en este sentido, que la ilegalización del partido “violaría los derechos de miles de votantes”, y alertaban, a su vez, su “preocupación por el retroceso de las libertades en Turquía”. La Comisión Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo ha pedido varias veces la libertad de Selahattin Demirtaş, encarcelado desde 2016.
Durante los últimos años, el gobierno turco ha virado marcadamente hacia una línea más autoritaria. Asociaciones de derechos humanos como Amnistía internacional o Human Rights Watch, denuncian la represión contra las fuerzas de oposición, y la sistemática subversión de la libertad de prensa y la independencia judicial. En 2020, Turquía fue el segundo país del mundo que más periodistas encarceló, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
El origen de la actual causa judicial está en los disturbios que se produjeron en distintas ciudades turcas, de mayoría kurda, en 2014 mientras tenía lugar en suelo sirio la batalla de Kobane. Esta batalla enfrentaba a milicias kurdas con las tropas del Estado Islámico en una ciudad fronteriza situada entre Siria y Turquía. Durante el asedio yihadista, el único acceso posible era desde Turquía.
Los kurdos de Turquía y otros sectores de izquierda protestaron masivamente en las calles durante estos días para presionar al gobierno turco, y que éste abriera la frontera para permitir la llegada de armamento y ayuda, a lo que Erdogan se negaba. Las protestas acabaron enfrentando a los pro-kurdos con grupos islamistas, y el resultado fue de al menos 37 muertos y 700 heridos. El gobierno turco finalmente permitió el paso de fuerzas Peshmerga del Kurdistán Iraquí, que se unieron a la defensa de Kobane.
La justicia turca responsabiliza de las muertes a los miembros del HDP, que llamaron a la movilización en redes sociales; estos están acusados de incitación a cometer actos terroristas. Los representantes del HDP niegan estas acusaciones y denuncian al gobierno turco por persecución política. Entre las acusaciones se encuentran algunas tales como asesinatos, saqueos e intentos de subvertir la unidad del Estado.
La batalla de Kobane es especialmente simbólica para el movimiento kurdo, ya que fue la primera victoria importante frente al Estado Islámico en Siria y el comienzo del fin del califato. A raíz de esta victoria, las milicias kurdas y la coalición internacional liderada por Estados Unidos comenzaron a colaborar activamente, algo que el gobierno turco siempre ha criticado duramente.
El HDP es considerado por el gobierno turco como un frente político del PKK, al que considera un grupo terrorista junto a la Unión Europea (UE). El PKK libra desde 1980 un largo conflicto con el gobierno turco y con grupos paramilitares de extrema derecha ligados al Ejecutivo. El conflicto ha dejado más de 40.000 muertos desde 1980, la mayoría kurdos. El PKK renunció al secesionismo en la década de 2000 y aboga por una solución confederal, que reconozca los derechos culturales y políticos del pueblo kurdo; no obstante, los sucesivos procesos de paz que se han puesto en marcha en los últimos años han fracasado.
Desde que se rompiera el último proceso de paz en 2015, la represión contra el activismo kurdo se ha intensificado y el conflicto armado se ha recrudecido notablemente. En octubre de 2019, el ejército turco lanzó una ofensiva a gran escala sobre las milicias kurdas en Siria junto a grupos islamistas rebeldes, y en las últimas semanas ha lanzado diversas operaciones de gran envergadura contra las posiciones del PKK en las montañas del Kurdistán iraquí.
Entre los diversos observadores internacionales que han acudido al juicio se encuentran representantes de Bildu, BNG, y CUP. La primera sesión del juicio se ha saldado con la retirada de los abogados defensores en señal de protesta por lo que consideran impedimentos por parte de las fuerzas de seguridad a su labor.
FUENTE: Guillermo Fernández / Público
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