Un total de 108 dirigentes de la principal formación kurda de Turquía, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), se enfrentan, en el juicio que comienza este lunes, a penas de cárcel acusados de haber instigado las protestas de 2014 contra el asedio de la ciudad kurdo-siria de Kobane por el Estado Islámico (ISIS, en inglés). Entre los acusados se hallan los entonces líderes del partido, Figen Yüksekdag y Selahattin Demirtas, ambos en prisión desde 2016 pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha exigido en varias ocasiones que Demirtas sea liberado por no haberse respetado sus derechos procesales.
En octubre de 2014, los dirigentes del HDP alentaron las protestas contra la pasividad del gobierno turco ante la situación de la ciudad kurdo-siria de Kobane, sitiada en ese momento por la organización terrorista. Las manifestaciones fueron duramente reprimidas por la policía y se tornaron en disturbios violentos. Se produjeron 37 muertes y más de 700 personas resultaron heridas, muchas de ellas manifestantes que fallecieron por la represión policial, pero también miembros de la formación kurda Huda-Par, de ideología fundamentalista pero sin relación con el ISIS, que fueron atacados por simpatizantes del HDP. Los disturbios se detuvieron después de que, por mediación del HDP, el líder del grupo armado kurdo PKK, Abdullah Öcalan, emitiese un comunicado desde la cárcel llamando a la calma. El gobierno aceptó abrir un corredor a través de territorio turco para que fuerzas kurdas del norte de Irak acudiesen en socorro de Kobane.
Los disturbios fueron investigados en su momento y el caso archivado sin condenas. Pero el pasado otoño, decenas de dirigentes y ex diputados del HDP, incluido el alcalde de la ciudad de Kars, fueron detenidos al ser resucitado el sumario por el fiscal general de Turquía. La acusación sostiene que estos disturbios fueron organizados por el grupo armado PKK junto al HDP, y por ello pide 38 cadenas perpetuas y otras penas, de mayor o menor cuantía, que suman 19.000 años de cárcel. De los acusados, 27 se hallan en prisión, seis en libertad bajo fianza y 75 están huidos.
“Este es un juicio derivado de la rabia que siente el gobierno por las derrotas que le ha infligido el HDP. Lo demostraremos y, juntos, frustraremos este juicio-complot”, afirmó Mithat Sancar, copresidente del HDP, antes del inicio del juicio, al que han acudido como observadores 40 eurodiputados y representantes políticos europeos de partidos socialdemócratas, verdes, izquierdistas y nacionalistas. En un comunicado, los europarlamentarios definieron este proceso como “una violación del Estado de derecho (…) inaceptable en democracia”.
La primera sesión del juicio comenzó con gran tensión. Al llegar los abogados de la defensa hallaron que parte de sus asientos estaban ocupados por policías, luego se quejaron de que el tribunal -alegando las restricciones por la pandemia- no permitiese la entrada de más abogados defensores. Finalmente, todos los letrados defensores abandonaron la sala en bloque para hacer una declaración de protesta en el exterior, tras lo cual no se les permitió retornar. “En una sala de juicios debe haber abogados. Si quieren que este juicio parezca que tiene unos estándares, deben dejar entrar a los abogados”, denunció Demirtas en su intervención ante los jueces, a los que recordó que el HDP es el tercer partido del país con más escaños y, por tanto, representa a parte de la voluntad popular.
La defensa también ha criticado que tanto el director de Comunicación del gobierno, Fahrettin Altun, como el ministro del Interior, Süleyman Soylu, hayan hecho declaraciones señalando a los acusados como culpables antes incluso del inicio del juicio.
El HDP se enfrenta actualmente a un proceso de ilegalización (la Fiscalía está rehaciendo el sumario después de que el Tribunal Constitucional lo devolviese por defectos de forma) y más de un millar de miembros del partido están actualmente entre rejas. Además, 50 de los 65 ayuntamientos gobernados por el HDP han sido intervenidos por orden del Ministerio de Interior.
FUENTE: Andrés Mourenza / El País
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