La justicia sigue siendo esquiva para Metin Kilicaslan, un cantante de bodas de la provincia mayoritariamente kurda de Siirt, en el sureste de Turquía, que languidece en una prisión turca desde 2015 acusado de pertenecer al proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
Kilicaslan lleva la cuenta de los días que pasa en la cárcel según los cumpleaños de su hija. La niña acababa de nacer cuando fue arrastrado al tipo de infierno legal que ha asolado el sistema judicial turco, cada vez más politizado, masivamente sobrecargado y cruelmente arbitrario.
Las pruebas utilizadas para condenar a Kilicaslan, de 31 años, incluyen mensajes de texto de móvil en los que un amigo le dice: “Hay una boda en nuestro barrio”. Él responde: “Lo sé, hermano”. El intercambio fue declarado un código secreto utilizado para organizar una trama terrorista. El abogado de Kilicaslan, Cihan Toprak, calificó el caso contra él de “burla a la justicia”.
Los problemas de Kilicaslan se remontan a 2013, cuando los jóvenes kurdos lanzaron piedras a las fuerzas de seguridad en la región del sureste del país, predominantemente kurda, para protestar por sus tácticas de mano dura y para señalar su apoyo al PKK. Fue detenido junto con otras 25 personas, muchas de ellas menores de edad, bajo la acusación de resistencia violenta a la policía, organización de manifestaciones ilegales, y lanzamiento de cócteles molotov y dispositivos similares para atacar a la policía. Los cargos fueron anulados por un tribunal regional, pero el mismo tribunal mantuvo el cargo de pertenencia a una organización terrorista, por el que fue condenado a siete años y medio de cárcel.
No había pruebas visuales que respaldaran ninguna de estas afirmaciones. La mayor parte se basaba en las escuchas telefónicas realizadas por la policía. Se demostró que el teléfono móvil de Kilicaslan estaba conectado a la torre de telefonía móvil del popular barrio de Siirt, donde se produjeron los disturbios. El hecho se presentó como prueba de su culpabilidad junto con sus mensajes de texto. “No había grabaciones de video ni nada parecido que estableciera su participación o presencia en ninguna de estas manifestaciones -explicó Toprak-. Metin es inocente”.
Según la legislación turca, las personas condenadas por delitos de terrorismo pueden ser puestas en libertad condicional tras cumplir las tres cuartas partes de su condena. Kilicaslan puede optar a la libertad condicional desde el mes pasado. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Apelaciones aún no se ha pronunciado sobre su caso.
Para colmo de males, fue trasladado a una prisión de Bandirma, a unos 1.620 kilómetros al oeste de su Siirt natal. “Su familia no ha podido visitarlo en los últimos dos años. Está demasiado lejos y es demasiado costoso ir allí -dijo Toprak-. Su ánimo está muy bajo”.
“Esto es un escándalo, por supuesto -afirmó Emma Sinclair-Webb, directora para Turquía de Human Rights Watch-. ¿Cuántas otras personas están perdiendo años de su vida en la cárcel después de haber sido condenadas por tribunales inferiores por falsos cargos de terrorismo y siguen esperando en prisión porque el expediente de su caso está retenido con otros miles en la sala del Tribunal de Casación que se ocupa de los ‘delitos contra el Estado’?”.
Una de las razones del retraso es el enorme número de casos que se encuentran en los tribunales. Se multiplicaron a raíz del intento fallido, en julio de 2016, de derrocar violentamente al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Fethullah Gulen, clérigo suní afincado en Pensilvania (Estados Unidos), está acusado de ser el artífice del golpe a través de sus supuestos seguidores en el ejército.
Ozturk Turkdogan, presidente de la Asociación Turca de Derechos Humanos, calcula que se han iniciado al menos 1,5 millones de investigaciones penales desde la posterior imposición de la ley marcial, que se levantó en julio de 2018. “Se han archivado cientos de miles de casos”, dijo Turkdogan. Hasta 60.000 presos políticos cumplen actualmente penas de prisión, muchos de ellos por cargos de terrorismo poco probados.
El sistema está desbordado, con miles de personas como Kilicaslan a la espera de las sentencias del Tribunal de Apelación. Sin embargo, cuando se trata de casos destacados, como el de Selahattin Demirtas, ex copresidente del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) prokurdo, las ruedas de la justicia giran excepcionalmente rápido, con veredictos que garantizan su encarcelamiento, emitidos con rapidez por los tribunales de apelación, señaló Ali Yildiz, abogado de derechos humanos con sede en Bruselas.
El doble rasero fue flagrante en el caso de Omer Faruk Gergerlioglu. El legislador del HDP fue acusado de difundir propaganda terrorista por retuitear un artículo que pedía la reanudación del proceso de paz entre el gobierno y el PKK. El tribunal de apelación no tardó más de un mes en confirmar la sentencia, lo despojó de su escaño parlamentario y lo envió a la cárcel.
Una nueva medida adoptada en abril de 2020 ha empeorado aún más las cosas para personas como Kilicaslan. Ordena que las prisiones establezcan comités que se reúnan cada seis meses para evaluar el comportamiento de los reclusos antes de que puedan acogerse a la libertad condicional. “El sistema está diseñado para arrancar confesiones, para disuadir a los acusados de recurrir sus casos”, dijo Turkdogan.
Incluso, antes del fallido golpe de Estado se acumulaban los cargos falsos, especialmente contra los kurdos considerados simpatizantes de los rebeldes. “Los fiscales estaban obsesionados con la idea de que todo se realizaba en clave. Me he encontrado con muchos casos de este tipo”, recuerda Sinclair-Webb. En uno de ellos, las pruebas contra dos menores acusados de tener vínculos con el terrorismo incluían un mensaje de texto que decía: “¿Habrá carne en la boda?”.
“En realidad estaban hablando de chicas”, dijo Sinclair-Webb.
A partir de 2009, cuando los presuntos funcionarios gulenistas tenían influencia en los servicios de seguridad, las escuchas telefónicas de los sospechosos se convirtieron en una práctica generalizada para establecer y, en algunos casos, fabricar abiertamente la culpabilidad. Las personas que participaban en manifestaciones y en otras actividades protegidas por la convención de derechos, fueron tratadas como miembros de grupos terroristas o que actuaban en su nombre. En la actualidad, se utilizan pruebas igualmente endebles para condenar a los supuestos enemigos del Estado de cualquier perfil, y los presuntos gulenistas y kurdos son los que más sufren su ira.
FUENTE: Amberin Zaman / Al Monitor / Traducido por Rojava Azadi Madrid / Edición: Kurdistán América Latina
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