El Tribunal Constitucional de Turquía (TCT) completó su primer examen en el caso del cierre del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), medida impulsada por el gobierno nacional.
El TCT aceptó la acusación, luego de reunirse para la primera revisión de la acusación preparada por el fiscal jefe del Tribunal de Casación, Bekir Şahin, para cerrar el partido, que es en la actualidad la tercera fuerza parlamentaria en el país. El TCT también rechazó confiscar los activos de la organización.
Frente a la decisión del TCT, el copresidente del HDP, Mithat Sancar, denunció que existe una campaña política contra el partido que reúne al movimiento kurdo, a la izquierda turca y a las minorías del país. Sancar acusó directamente al partido MHP, principal aliado del presidente Recep Tayyip Erdogan, y aseguró que la acusación “no fue preparada por la fiscalía”, sino por ese partido “y el palacio presidencial”.
En la presentación judicial se equipara al HDP con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y se lo acusa –sin pruebas concretas- de socavar la “integridad indivisible del Estado turco”.
La primera acusación contra el HDP había sido presentada al Tribunal Constitucional el 7 de junio. En el documento, de 843 páginas, el fiscal jefe Şahin pidió a su vez una prohibición política contra 451 personas que integran el partido. El relator judicial optó por la aceptación del auto de acusación.
“La Corte Constitucional debería haber rechazado la acusación –aseveró Sancar-. Al aceptarla, en un ambiente de violencia sangrienta y caos y planes para aplastar la política democrática, ha perdido una oportunidad histórica para la democracia, la paz social y la libertad”.
El dirigente expresó que “defenderemos el HDP hasta el último momento, lo preservaremos y fortaleceremos”. Sancar además rechazó la posibilidad de que se decida el cierre del HDP por parte de sus militantes. “Son puras especulaciones, que rechazamos de esta forma. Estamos decididos a continuar nuestra marcha para defender y preservar nuestro partido. Nuestro objetivo es participar en la democratización de este país en el papel como parte del gobierno”, explicó.
Ahora la acusación se enviará al HDP para una defensa preliminar dentro del tiempo que determine el Tribunal Constitucional. El partido también podría solicitar un tiempo adicional. En este caso, la solicitud de tiempo adicional será resuelta por el Tribunal Constitucional.
Por su parte, Feleknas Uca y Hişyar Özsoy, co-portavoces de Asuntos Exteriores del HDP, en el que manifestaron que “con el mortal ataque armado contra el edificio provincial del HDP en Esmirna y la consecuente muerte de una joven aún fresca en la memoria de la gente, el caso de ilegalización contra el HDP se ha hecho oficial. El Tribunal Constitucional ha aceptado la acusación revisada”.
El comunicado continúa: “El fiscal jefe del Tribunal de Casación solicitó por primera vez al Tribunal Constitucional la ilegalización del HDP el 17 de marzo de 2021. El 31 de marzo, la Asamblea General del Tribunal Constitucional decidió devolver el escrito de acusación a la Fiscalía General por contener deficiencias. El escrito de acusación revisado se presentó el 7 de junio. Al igual que la acusación inicial, además de pedir el cierre del partido, exige la ilegalización política de un gran número de políticos del HDP (menos de los 687 originales, pero todavía casi 500) y la congelación de las cuentas bancarias del partido. El 21 de junio, la Asamblea General del Tribunal Constitucional realizó su primer examen de la acusación revisada y la aceptó por unanimidad. También han examinado la solicitud de bloqueo de la cuenta bancaria del partido en la que se encuentran las subvenciones del Tesoro que se conceden a todos los partidos parlamentarios. El fiscal jefe pide que se inmovilice la cuenta bancaria del partido hasta que concluya el caso, pero el máximo tribunal ha rechazado esta petición en esta fase de la acusación”.
El comunicado recuerda que “la mayoría de las acusaciones formuladas por el fiscal jefe contra el HDP se refieren a las protestas de Kobane, por las que hay una causa judicial en curso contra 108 políticos del HDP, incluidos los ex copresidentes Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ. Las acusaciones se refieren a su papel en las protestas de 2014 en apoyo de Kobanê, y se basan principalmente en un tuit publicado por la Junta Ejecutiva Central del HDP (fechado el 6 de octubre de 2014) que invitaba a la gente a protestar en solidaridad con el pueblo de Kobane contra el ISIS y contra el embargo de Turquía a Kobane. Durante las protestas, murieron más de cincuenta personas, la inmensa mayoría de las cuales eran miembros o simpatizantes del HDP asesinados por disparos de la policía turca. Durante las protestas, el ministro del Interior, Efkan Ala, dijo al diputado del HDP Sırrı Süreyya Önder que ‘no podía controlar a los elementos revoltosos dentro de la policía’. Los diputados del HDP han presentado varias propuestas para crear una comisión parlamentaria que investigue las protestas y los asesinatos, pero estas propuestas fueron rechazadas por la alianza gobernante AKP-MHP. En su lugar, los políticos del HDP están siendo juzgados por las protestas y los asesinatos, y el partido se enfrenta a una amenaza de ilegalización”.
FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina
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