Los días 15 y 16 de marzo, el Tribunal Permanente de los Pueblos celebrará en París una audiencia sobre las violaciones cometidas por el Estado turco contra la población kurda. Un panel de jueces escuchará las investigaciones sobre presuntas violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las Fuerzas Armadas turcas dentro de Turquía. Los jueces también evaluarán la legalidad de las operaciones de inteligencia turcas contra disidentes en Europa.
La acusación, presentada por la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (IADL), la Asociación Europea de Abogados por la Democracia y los Derechos Humanos Mundiales, Maf-Dad y el Instituto Kurdo de Bruselas, pretende investigar dos cuestiones clave.
La primera se relaciona con supuestos crímenes de guerra llevados a cabo por el Estado turco tras el colapso de las conversaciones de paz entre el gobierno de Turquía y el PKK en 2015. En ese año, las Fuerzas Armadas turcas iniciaron un asalto contra ciudades kurdas como Diyarbakir, Cizre y Sirnak. Las cuatro organizaciones antes mencionadas buscan investigar si estas acciones equivalían o no a crímenes de guerra.
“Varias fuentes han informado sobre el uso de aviones, tanques y artillería por parte del ejército turco en los barrios civiles de estas ciudades, causando destrucción masiva y pérdida de vidas”, se lee en un comunicado del comité organizador del Tribunal.
“Presuntamente, estos crímenes fueron dirigidos deliberadamente contra civiles con el objetivo de aterrorizar a la población civil”, continúa diciendo la declaración recibida por The Region.
La segunda cuestión en la que se centrará la acusación son los asesinatos selectivos que se cree fueron realizados por la inteligencia turca. En particular, un caso de alto perfil que la relaciona con el asesinato de Sakine Cansiz, Fidan Dogan y Leyla Soylemez, tres activistas kurdas asesinadas en el Centro de Información del Kurdistán de París. Omer Guney, el hombre acusado de asesinar a las tres mujeres, murió de una enfermedad en su celda de la prisión de París, lo que levantó la sospecha de muchos activistas indignados por los crímenes. El Ministro del Interior francés calificó los asesinatos como “sin duda, una ejecución” y se informó por los medios en Turquía que el principal sospechoso procedía de una familia nacionalista turca.
Establecido en Bolonia en 1979 a petición del Senador Lelio Basso, el Tribunal Permanente de los Pueblos pretende ser un instrumento y una plataforma para las violaciones de los derechos humanos cometidas contra grupos y pueblos que se consideran marginados por los mecanismos del derecho internacional. Está formado por expertos, académicos y jueces de Europa, América Latina, Asia y África. Hasta el momento, desde su inicio en 1979, ha mantenido menos de 50 sesiones.
Se espera que el Tribunal también investigue los informes publicados por organizaciones internacionales de derechos humanos. En mayo de 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, realizó una declaración pública en el mes de mayo pidiendo transparencia por parte del gobierno turco con respecto a las acciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas turcas en el sureste de Turquía.
“Lo más inquietante de todo”, dijo el Alto Comisionado, “son los informes que citan a testigos y familiares en Cizre que sugieren que más de 100 personas murieron quemadas mientras se refugiaban en tres sótanos diferentes que habían sido rodeados por las fuerzas de seguridad”.
El gobierno de Turquía no respondió a la declaración.
En julio de 2016, Human Rights Watch emitió una declaración de condena contra la decisión del gobierno turco de bloquear el acceso a equipos de investigación independientes en el sureste de Turquía e incluso alegó que “algunos civiles murieron en barrios donde no hubo enfrentamientos o barricadas” entre las Fuerzas Armadas turcas y militantes afiliados al PKK. Emma Sinclair-Webb, investigadora principal de Human Rights Watch en Turquía, describió un entorno de impunidad para las Fuerzas Especiales turcas.
“Las declaraciones fidedignas de que las fuerzas de seguridad turcas mataron deliberadamente a civiles, incluidos niños, cuando llevaban banderas blancas o estaban atrapados en sótanos, deberían hacer sonar las alarmas”, dijo.
En febrero de 2017, después de que finalmente se le permitiera realizar su investigación, un informe realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enumeró las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y destrucción generalizada de propiedades en sus conclusiones sobre un estudio realizado en el período comprendido entre julio de 2015 y finales de 2016. La investigación utilizó testimonios de testigos, entrevistas con víctimas e imágenes de satélite para confirmar sus hallazgos.
En un resumen del New York Times, se destacó una estrategia del gobierno turco entre los muchos presuntos abusos de los derechos humanos documentados en el informe. Los investigadores de la ONU informaron de que se habían llevado a cabo investigaciones criminales contra civiles que criticaban o exigían una mayor investigación de presuntos crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas turcas.
En un caso, la hermana de una mujer, cuyos únicos restos eran tres pequeños trozos de carne y que fue identificada mediante pruebas de ADN, fue acusada de delitos de terrorismo después de investigar la muerte de su hermana.
Turquía también ha sido acusada de desarrollar un aparato de inteligencia sofisticado y en expansión en Europa. En Austria, Peter Pilz, del Partido Verde, afirmó que bajo el disfraz de la “Fundación Islámica de Turquía en Austria”, Turquía estaba utilizando agentes para atacar a los disidentes que residen en Austria. Suiza también ha entablado casos penales contra personas que se cree que trabajan para la agencia de inteligencia turca (MIT). De acuerdo con el diario ultraderechista turco, Yeni Safak, Turquía ha desarrollado una doctrina de defensa que iguala las críticas a las políticas del gobierno en el extranjero con una amenaza a la seguridad nacional.
Estas acusaciones y muchas más serán investigadas por el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Turquía y los kurdos. La propuesta presentada al Tribunal Permanente de los Pueblos fue aceptada el 14 de diciembre de 2017.
La vista se celebrará los días 15 y 16 de marzo en París, en la Bourse du Travail, Salle Eugene Henaff, 29 Boulevard du Temple.
FUENTE: The Region / Traducción: Rojava Azadi
