Nuriye Gülmen y Semih Özakça se han convertido en la cara visible de lo que está sucediendo hoy en Turquía.
Son parte de los más de 8.000 maestros privados para siempre de ocupar cargos públicos, luego de ser señalados como “terroristas” en el registro de la seguridad social y con su pasaporte cancelado por el Ministerio del Interior, tras el intento de golpe de Estado en julio de 2016. La purga está alcanzando números difíciles de creer. Ya no se sabe exactamente cuántos; los últimos registros hablaban de más de 50 mil personas despedidas de sus cargos en todos los ámbitos estatales y privados, sospechados de oponerse al actual gobierno.
En este contexto, es improbable que vuelvan a conseguir un empleo ya que son muy pocos quienes se atreven a contratarlos sin temor al infierno que les espera por hacerlo.
Gülmen fue expulsada de la Universidad Selçuk de Konya por su presunto vínculo con el “gulenismo” (el sector señalado por el presidente Erdogan de estar detrás del golpe fallido) y Özakça era maestro de primaria en la provincia de Mardin. Los motivos de su despido fueron los mismos.
Ayer allanaron sus casas; ahora están oficialmente detenidos.
Llevan 76 días en huelga de hambre. Ese fue el modo que eligieron para resistir. A partir de esta última detención, anunciaron que van a dejar de aceptar el agua, el azúcar y las vitaminas que aún los mantienen vivos.
Cuando los detuvieron, la policía les preguntó qué beneficio pretendían obtener haciendo lo que estaban haciendo. Inútil sería cualquier intento de explicación.
A Nuriye la arrestaron más de 30 veces desde que comenzó su lucha hace ya varios meses. Los acusaron de querer generar un nuevo “Gezi”, una protesta masiva con varios muertos y heridos que ocurrió en Turquía en el 2013. Que los motivos de aquella protesta y los de esta sean muy distintos, no parece ser demasiado importante para el gobierno. Lo importante es agitar fantasmas y criminalizar cualquier tipo de oposición.
Ninguno de los que fueron despedidos tiene derecho a acceder a su legajo para conocer las causas. No tienen pruebas, pero tienen la certeza de que están incluidos hace ya mucho tiempo en listas negras basadas en su ideología y en el hecho de haber suscripto manifiestos y cartas que exigían el fin pacífico del conflicto con el pueblo kurdo. Más de 1500 académicos de Turquía y muchos otros académicos en el mundo firmaron en enero de 2016 la petición “¡NO SEREMOS PARTE DE ESTE CRIMEN!”. Las persecuciones, las amenazas de muerte, las cruces rojas en las casas y despachos de quienes habían firmado no tardaron en llegar, y después del intento de golpe todo empeoró.
El monumento dedicado a los Derechos Humanos en el centro de Ankara, donde Semih y Nuriye han pasado la mayor parte de los dos últimos dos meses haciendo pública su protesta, estuvo constantemente atacado por la policía turca.
También fueron atacados quienes se acercaban diariamente a apoyar a los maestros. Pero no imaginemos este acto como algo natural, porque cada uno de los que se acercaron lo hicieron sabiendo que la cárcel y la tortura están entre las posibilidades más concretas.
Las fotos del monumento son de hoy.
Ninguna otra imagen podría explicar mejor la Turquía de estos tiempos.
FUENTE: Nathalia Benavides/Fotos: Rosa Hêlîn Burç/Kurdistán América Latina
