La Asociación de Periodistas Dicle Fırat (DFG), de Turquía, compartió los resultados de su informe “Periodismo entre cuatro paredes”, que documenta las violaciones de los derechos contra los trabajadores de la prensa en el país. La investigación se presentó ayer en una conferencia de prensa en la oficina de la asociación en la ciudad de Diyarbakır, capital de Bakur (Kurdistán turco).
Durante la rueda de prensa también se proyectó el documental “Periodismo en un túnel del terror”. Los obstáculos a la libertad de pensamiento y expresión, el imperio del miedo que se ha establecido, y los problemas que enfrentan los periodistas en Turquía fueron expresados por testigos que aparecen en el documental.
La reunión estuvo a cargo de los co-presidentes de la DFG, Serdar Altan y Dicle Müftüoğlu, así como del director del documental, Ensar Özdemir.
A continuación publicamos las partes más importantes del informe presentado:
En el siglo XXI, se esperaban algunos pasos positivos en Turquía en términos de libertad de pensamiento y expresión, y libertad de prensa, pero desafortunadamente esto no sucedió. Durante los 20 años de gobierno del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que llegó al poder en 2002, la libertad de pensamiento y expresión se deterioró paulatinamente.
Si bien hubo un proceso leve en el tema kurdo y las libertades durante los primeros 10 años del gobierno del AKP, el régimen estatal represivo ganó una nueva dimensión en la segunda mitad del gobierno. Los periodistas y los medios de comunicación también han tomado su parte de este fascista ecosistema.
En particular, los acontecimientos que siguieron al golpe militar supuestamente llevado a cabo por la secta Fethullah Gülen en 2016 provocaron un proceso que puso patas arriba el sistema legal y de derechos humanos en el país.
Con la declaración del estado de excepción (OHAL) tras el intento de golpe de Estado, las violaciones a los derechos humanos aumentaron rápidamente.
Con los decretos-leyes (conocidos ampliamente como “KHK”, en turco) emitidos de la noche a la mañana sobre la base del estado de emergencia, se cerraron muchas instituciones, organizaciones, fundaciones, asociaciones y medios de oposición en el país, incluso algunas universidades y centros educativos, donde cientos de académicos fueron despedidos.
Decenas de miles de personas fueron detenidas y encarceladas. Miles de personas fueron torturadas bajo custodia policial o en prisiones. Se prohibieron mítines, manifestaciones y protestas democráticas y se silenció la voz de la sociedad civil. El gobierno ha tratado de limitar el acceso de las personas a la información mediante el creciente control de internet y las redes sociales.
El estado de excepción, que carece de seguridad jurídica y ha sido utilizado como herramienta autoritaria de presión contra la disidencia en la sociedad ha dado lugar a abusos y graves violaciones a los derechos humanos en cuanto a la libertad de opinión y expresión, en especial la libertad de prensa a través de los decretos-leyes.
Instituciones de cierre
Después del estado de emergencia declarado el 20 de julio de 2016, se emitieron 12 decretos leyes. Un total de 177 medios de comunicación fueron cerrados bajo los Decretos No. 668, 675 y 677 entre los 12 decretos leyes.
El cierre de 121 medios de comunicación, que no son solo los conocidos como cercanos al movimiento Gulen, sino también aquellos medios de comunicación que han estado cerca de los círculos kurdos y opositores al gobierno, dejó sin empleo a casi 2.500 periodistas y trabajadores de los medios.
Bajo la guía del gobierno del AKP, que aboga por una mentalidad monista en Turquía, se creó una nueva red de medios para reemplazar los órganos de medios y las casas de medios que fueron cerradas por el estado de emergencia. Estas emisoras, conocidas como ‘medios comunes’, supuestamente para hacer propaganda para el gobierno, también se utilizan como arma contra los grupos de oposición y se convierten en una herramienta para difamar, desacreditar y atacar a la oposición.
A cientos de periodistas se les ha quitado la credencial de prensa, porque no trabajaban en medios de comunicación progubernamentales y se ha intentado que estos sean completamente disfuncionales. El número de carnés de prensa cancelados en los últimos seis años ronda los 4.000. Además, los periodistas que solicitan una tarjeta de prensa en la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia no pueden obtenerla por diversas razones.
El estado de excepción, declarado en 2016 y prorrogado siete veces durante tres meses, finalizó el 17 de julio de 2018, pero no cesó su práctica. Nos encontramos ante un estado de excepción no declarado, especialmente en el ámbito de los medios de comunicación; hoy, este enfoque fascista continúa y los periodistas son considerados sujetos peligrosos, todo se considera permisible para ellos, desde arrestos y detenciones hasta amenazas y ataques.
La dosis de represión se ha incrementado tanto que es casi imposible que los periodistas trabajen en el terreno.
Censura
Se ponen innumerables obstáculos y dificultades a los periodistas que toman un micrófono o una cámara para seguir las noticias. Se utilizan todos los medios para tratar de sacarlos del campo. Cualquier periodista que cruza la línea marcada por el gobierno no encuentra oportunidad para trabajar cómodamente.
A los periodistas que no son bienvenidos por los medios de comunicación estatales o progubernamentales se les impide seguir las noticias en el campo o se les amenaza con encarcelarlos si continúan informando desde allí. Los trabajadores de prensa a veces pueden ser objeto de interferencia incluso antes de que comenzar a filmar un evento democrático.
Este es un retrato básico de cómo se ataca a los periodistas en Turquía.
Además, la censura y el bloqueo de transmisiones se han convertido en prácticas casi comunes. Cientos de sitios web son censurados y prohibidos debido al contenido que publican. Miles de cuentas de redes sociales son cerradas debido a la presión ejercida sobre sus organizaciones relacionadas. Cientos de personas quienes publican en sus cuentas de redes sociales son investigados, acusados y procesados.
Con la ley reciente, las organizaciones de redes sociales han recibido el mandato de tener representantes en Turquía, y las organizaciones que no la cumplen están sujetas a fuertes multas monetarias.
Una vez más, el Consejo Supremo de Radio y Televisión (RTÜK) se yergue como la “espada de Damocles” sobre los órganos mediáticos.
Los medios de comunicación de la oposición, cuyo número no supera el número de dedos de ambas manos, ya han sido completamente eliminados por la iniciativa operativa del gobierno y han sido objeto de presiones por parte de la RTÜK y sus voces han sido silenciadas. Es un hecho bien conocido de que se están haciendo intentos para neutralizar económicamente a los periódicos que no se comportan como los propios medios del gobierno a través de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia y la Agencia de Publicidad Pública (BIK), que es el principal organismo para imponer la censura a los órganos de medios en Turquía.
El estado de la prensa kurda
De hecho, al evaluar la libertad de prensa en Turquía, tendría sentido abrir un encabezado separado para los periodistas kurdos y la tradición de Prensa Libre. Esto se debe a que, como en todas las áreas, los kurdos en Turquía enfrentan serios problemas en la prensa y los medios, y la presión sobre los periodistas kurdos es cada vez mayor. Los periodistas kurdos que trabajan para llamar la atención pública sobre las violaciones de los derechos experimentadas durante el conflicto en curso en la región kurda de Turquía (es decir, el este y sureste de Turquía) son detenidos, arrestados, amenazados, investigados, procesados y castigados por sus actividades periodísticas.
Aunque el estado de emergencia declarado en 2016 se presentó al público como una solicitud para la comunidad de Fethullah Gülen, fue la Prensa Libre la más afectada por el estado de emergencia.
Todas las estaciones de televisión, radios, agencias, periódicos, revistas, sitios web y medios de comunicación locales que transmitían en nuestra región fueron cerrados. Esta práctica estaba destinada a hacer que los kurdos no pudieran respirar.
Los periodistas kurdos constituyen una parte significativa de los periodistas encarcelados. Muchos tuvieron que emigrar al extranjero debido a numerosas investigaciones y casos en su contra.
Estadísticas del año 2021
Al señalar que hay 65 trabajadores de la prensa tras las rejas en el país a partir de enero de 2022, el informe ha compartido los siguientes datos de 2021:
1- Violaciones al derecho a la vida y seguridad contra periodistas
-Periodistas: 55
-Órganos de medios: 2
-Periodistas asesinados: 2
-Periodistas cuyas casas fueron allanadas: 9
-Periodistas arrestados: 61
-Periodistas encarcelados: 6
-Periodistas que fueron sometidos a torturas y tratos inhumanos: 23
-Imposiciones a periodistas para convertirse en informantes del Estado: 11
-Periodistas a los que se les impidió informar sobre incidentes: 103
-Violaciones de derechos en cárceles contra periodistas encarcelados: 17
2- Violaciones a la libertad de pensamiento y expresión contra periodistas
-Periodistas a los que se les inició proceso judicial: 54
-Periodistas que fueron demandados: 51
-Periodistas imputados: 47
-Pena de prisión total contra periodistas: 133 años, 8 meses, 21 días
-Multas totales contra periodistas: 72.206 liras turcas
-Periodistas con juicios en curso / Número de audiencias: 336
-Número de periodistas encarcelados (al 4 de enero de 2022): 62
3- Violaciones a los derechos económicos/sociales de los periodistas
-Periodistas despedidos: 75
-Periodistas cuyas tarjetas de prensa fueron revocadas: 1
4- Prohibición y censura a la prensa y medios de comunicación
-Órganos de comunicación multados: 12
-Periódicos multados por impuesto a la publicidad: 4
-Número de días de multa: 115
-Prohibición de publicación: 112
5- Prohibiciones de acceso a Internet/medios digitales
-Sitios web prohibidos: 64
-Artículos de noticias prohibidos: 1.460
-Contenido de redes sociales prohibidos: 160
FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina
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