El régimen iraní no levanta el pie del acelerador y continúa con su brutal campaña de ejecuciones. En la última edición del sumario nos hacíamos eco de las denuncias internacionales que indicaban que el gobierno iraní estaría ejecutando a 10 personas por semana en lo que va de año. Pero a juzgar por las palabras de activistas sobre el terreno, la tendencia va a más.
Las ejecuciones el pasado viernes de Saeed Yaghoubi, Majid Kazemi y Saleh Mirhashemi, tres jóvenes que habían estado implicados en las revueltas anti-gubernamentales iniciadas el pasado septiembre, han incrementado la indignación tanto dentro como fuera del país. Los tres condenados fueron acusados de participar en el asesinato de tres miembros de las fuerzas de seguridad. Grupos como Amnistía Internacional, sin embargo, denuncian que el proceso judicial estuvo sentenciado a una velocidad inusual, que careció de pruebas y que se utilizó la tortura “para obtener confesiones manipuladas”.
Las autoridades iraníes han negado ninguna mala praxis, pero activistas recuerdan que Morteza Barati, el juez que sentenció a los ejecutados, está implicado en múltiples casos de violaciones de derechos humanos.
Los tres jóvenes, de entre 30 y 37 años de edad, sabían que serían los siguientes. Menos de 48 horas antes de que sus gobernantes les pusieran la soga en el cuello, los tres detenidos encontraron la forma de hacer llegar un manuscrito al exterior. Pedían el apoyo de sus conciudadanos. “Necesitamos vuestro apoyo”, decía la carta: “no dejéis que nos maten”.
Familia y amigos reaccionaron a su llamada y organizaron guardias nocturnas en las inmediaciones de la cárcel donde se encontraban detenidos, en la ciudad de Isfahán. Pero no pudieron evitar un desenlace que ya estaba escrito. Cuando se supo que las ejecuciones ya se habían producido, las protestas se esparcieron por todo el país. Pese a saber que salir a protestar significa jugarse la vida, grupos de manifestantes se unieron en Teherán en apoyo a los ejecutados: “Juramos por la sangre de nuestros camaradas que nos mantendremos firmes hasta el final”, cantaban al unísono en referencia a la caída de la Guardia Revolucionaria.
En lo que va de año, ha habido al menos siete ejecuciones oficialmente vinculadas con las protestas anti-gubernamentales. Pero grupos locales indican que habrá aún más, puesto que hay ocho personas en el corredor de la muerte por acusaciones relativas a las protestas, y hay docenas de personas detenidas que corren el riesgo de correr la misma suerte.
Javaid Rehman, Reportero Especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en la República Islámica de Irán, firmó junto con otros asesores de la ONU un documento en el que aseguran que en lo que va de 2023 han tenido lugar por lo menos 259 ejecuciones. Teniendo en cuenta la ausencia de transparencia por parte del régimen de los ayatolás, el iraní Rehman advierte que es imposible conocer la cifra exacta de ejecuciones, indicando que podrían ir más allá de las 259.
Los activistas iraníes piden al mundo que actúe contra los dirigentes del país. “La respuesta se ha quedado en condenas públicas sin consecuencias”, denuncia Mahmood Amiry-Moghaddam, director del grupo Iran Human Rights. Tiene claro que las ejecuciones pretenden “infringir el pánico” en quienes han apoyado las protestas anti-gubernamentales durante los últimos meses. “Si ven que no hay sanciones contundentes, las autoridades incrementarán las atrocidades; el régimen está dispuesto a ir tan lejos como haga falta con tal de mantenerse en el poder”, alerta Amiry-Moghaddam. Raha Bahreini, investigadora de Amnistía Internacional en Irán, parece ir en la misma dirección: “Teherán está poniendo a prueba la tolerancia de la comunidad internacional”, declaraba en una televisión estadounidense: “si ven que las ejecuciones arbitrarias no provocan un escándalo, entenderá que son aceptadas”.
FUENTE: Joan Cabasés Vega / El Salto Diario
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