Un día de invierno, en un centro de detención instalado en una antigua escuela de la ciudad ocupada de Afrin, los milicianos pagados por Turquía del Ejército Nacional Sirio (ENS) gritaron a sus prisioneros kurdos la orden de salir de sus celdas. Los reunieron en el vestíbulo del edificio para una ocasión especial, algo diferente a la tortura y humillación rutinaria a la que suelen ser sometidos. Una menor de edad kurda, capturada en esta región, acababa de ser sacada de su celda y traída ante ellos. Ante los ojos de los detenidos reunidos, los carceleros la violaron y luego la volvieron a violar, uno tras otro, obligándoles a ver su suplicio.
Este episodio, que Le Monde pudo consultar en el informe completo, es sólo uno de los muchos actos de violencia cometidos por los aliados de Turquía, que llamaron la atención de los investigadores de la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas en Siria. Su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, publicado el martes 15 de septiembre, abarca las violaciones documentadas por todos los actores del conflicto sirio y describe con autoridad hasta ahora inédita y en profundidad el orden de terror impuesto por Turquía en dos regiones kurdas de Siria, mostrando entre líneas la responsabilidad de Ankara en estas atrocidades.
Como resultado de las ofensivas llevadas a cabo en 2018 y 2019 contra las Fuerzas Democráticas Sirias predominantemente kurdas (SDF) en el contexto del conflicto que enfrenta a Ankara con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en su territorio, el control turco sobre esos territorios se ha establecido a lo largo de los meses que han estado lejos de la mirada de los observadores internacionales.
Sin precedentes en su precisión e implicaciones, el texto redactado bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llega ahora a describir a Turquía como la potencia ocupante de esos territorios. Una fuente diplomática turca dijo a Le Monde que Ankara no tenía ninguna reacción que dar por el momento, recordando que Turquía había cooperado con los investigadores de la comisión.
Política planificada de exacciones
Las violaciones documentadas se cometieron en dos regiones separadas por casi 300 kilómetros, Afrin y Ras Al-Ain, enclaves controlados por Turquía que son objeto de abusos similares, lo que apunta a prácticas sistemáticas cuyos autores se encuentran en Ankara. Por primera vez, el informe de la ONU no se limita a enumerar actos aislados, sino una política razonada en la que los abusos contra las poblaciones kurdas se organizaron, coordinaron y planificaron.
Las y los investigadores señalan así el “pillaje sistemático” llevado a cabo por los satélites sirios de Ankara, confiscaciones de bienes, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados de familias kurdas que huyen de “asesinatos, amenazas, chantajes, secuestros, torturas y detenciones”, bajo la mirada -o incluso con la cooperación- de las autoridades militares y civiles turcas que reinan en esta zona gris, abandonada al caos y a la ley del más fuerte.
En su informe, la Comisión señaló que “las fuerzas turcas estaban informadas y presentes en las instalaciones controladas por el ENS en las que los malos tratos a los detenidos eran generalizados, incluso durante las sesiones de interrogatorio en las que se producían actos de tortura”.
La violación como arma de guerra
De las conclusiones de los investigadores de las Naciones Unidas también se desprende una característica destacada: la guerra sistemática que los milicianos sirios apoyados por Ankara están librando contra las mujeres kurdas en las regiones que ocupan.
El informe del martes confirmó la práctica endémica de la violación y otros tipos de violencia sexual como arma de guerra en la región de Afrin por parte de miembros de los grupos armados pro-turcos que conforman el ENS.
Además, tanto en Afrin como en Ras Al-Ain “las mujeres kurdas (…) han sido intimidadas por miembros de las brigadas del ENS, creando un clima generalizado de miedo que las confina a sus hogares”. Las mujeres de la comunidad yazidí, una minoría religiosa, kurdofona y no musulmana devastada en Irak por la organización Estado Islámico, están entre las más vulnerables. Una de ellas, secuestrada por milicianos proturcos, fue intimidada para convertirse al islam en un interrogatorio, según los investigadores.
“La región de Afrin se encuentra en un punto ciego desde que las fuerzas turcas tomaron el control en 2018, dijo un experto internacional cercano al tema. El clima de miedo que hay allí desanima a sus habitantes a testificar. Saben que si las nuevas autoridades detectan el más mínimo indicio de que se han comunicado con el mundo exterior sobre las condiciones de la ocupación, se arriesgan a la tortura o la muerte”. De hecho, los medios de coacción en estos territorios están más allá de la capacidad de los grupos armados. Están respaldados por la omnipotencia de un estado, Turquía, miembro de la OTAN.
La participación turca “es total”
“Las redes telefónicas sirias han sido reemplazadas por la red turca. Las fuerzas de seguridad turcas han desplegado cámaras de vigilancia, están haciendo detenciones conjuntas… Su implicación es total”, dice un especialista en el caso.
Según la información obtenida por Le Monde y no incluida en el informe, la gendarmería turca, así como las fuerzas especiales de la policía turca, ocupan de manera permanente dos antiguas escuelas de Afrin. Ante esta presencia, grupos clandestinos vinculados a las fuerzas kurdas llevan a cabo operaciones de guerrilla. También se han llevado a cabo atentados contra los cuarteles de los grupos armados pro-Ankara, que han provocado numerosas víctimas civiles. El último, un ataque con una bomba en un vehículo, mató a tres civiles en el centro de Afrin el lunes.
Las autoridades civiles turcas también participan en esta ocupación, que se refleja en el uso de la lira turca en el comercio y la supervisión de la gobernanza de estos territorios por parte de funcionarios turcos tanto en el sector de la salud como en el de la educación. Esta labor de reconstrucción se imbrica fácilmente con muchos crímenes de guerra, como la apropiación forzosa de bienes civiles, que está dando lugar a un cambio demográfico en esas regiones. A este respecto, el informe señala uno de los casos más reveladores, que muestra la relación orgánica entre los milicianos del ENS, la administración civil turca y ciertas organizaciones humanitarias cercanas al gobierno de Ankara.
Las y los investigadores demostraron que en Ras Al-Ain, “miembros de la Brigada Hamza se apropiaron de la casa de una familia kurda, que más tarde se transformó en un instituto de estudios coránicos controlado por la Fundación para los Derechos Humanos, las Libertades y la Ayuda Humanitaria (IHH)”. El informe señala que la inauguración oficial del instituto tuvo lugar en presencia del gobernador de la vecina provincia turca de Sanliurfa. El evento, que tuvo una amplia cobertura en los medios de comunicación locales, tuvo lugar el 23 de junio.
Poder de ocupación
La represión que se ha abatido sobre las regiones sirias predominantemente kurdas controladas por Turquía y sus aliados tampoco conoce fronteras. La Comisión de las Naciones Unidas para Siria dijo en su informe publicado el martes que “los nacionales sirios, incluidas las mujeres, fueron detenidos por ENS en la región de Ras Al-Ain, transferidos por las fuerzas turcas a la República de Turquía, acusados de crímenes cometidos en la misma región, incluido el asesinato o la pertenencia a una organización terrorista, todo ello de conformidad con el derecho penal antiterrorista turco”. Los miembros de la Comisión consideran que éste es uno de los aspectos más preocupantes desde el punto de vista del derecho internacional.
La elección de destaca r esta realidad no es insignificante. El verdadero propósito de las conclusiones jurídicas de la parte del informe dedicada a las regiones bajo influencia turca es señalar el hecho de que Turquía es una potencia ocupante en ellas y, por consiguiente, poner a Ankara frente a sus responsabilidades en virtud del derecho internacional. Desde el punto de vista jurídico, el informe concluye que Turquía tiene un “control efectivo” sobre esos territorios.
Entre líneas, es en efecto el estatuto de potencia ocupante regido por los Convenios de Ginebra al que se hace referencia. La Comisión también observa que, como las autoridades turcas no intervinieron mientras sus aliados locales cometían abusos documentados, Ankara “podría haber violado (sus) obligaciones”. El trabajo de documentación de los investigadores de la comisión y el comienzo de la calificación jurídica de los hechos ofrecen una perspectiva a las víctimas, pero en las regiones kurdas ocupadas por Ankara, en el norte de Siria, todavía reina la impunidad bajo la bandera turca.
FUENTE: Allan Kaval / Le Monde / Traducción: A.N.
