La Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció que al menos 2000 personas murieron en el sureste de Turquía (Kurdistán Norte) durante los últimos 18 meses, en medio del recrudecimiento de la represión desatada por el Estado turco.
El informe, realizado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, reveló que las fuerzas de seguridad turcas cometieron cientos de asesinatos, violaciones a los derechos humanos y destruyeron poblados y localidades enteras.
Además, la investigación confirmó que el Estado turco es responsable por desapariciones forzadas de personas, la destrucción de zonas civiles y el desplazamiento de pobladores (más de 500.000 personas), ocurridos entre julio de 2015 y de diciembre de 2016.
De acuerdo con el informe, en el sureste de Turquía el Estado impulsó la incitación al odio, el bloqueo de la asistencia médica y a alimenticia a los habitantes, además de que se incurrió a la violencia sexual contra las mujeres.
En la investigación se estipuló que 800 de los muertos integraban las fuerzas de seguridad, mientras que no se pudo determinar cuántas de las 1.200 personas restantes eran civiles o combatientes.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein expresó en un comunicado estar “particularmente muy preocupado porque no se ha llevado a cabo ninguna investigación creíble sobre el supuesto asesinato de cientos de personas, incluyendo mujeres y niños en un período de 13 meses”. Al Hussein agregó que “no se ha detenido ni procesado a nadie por estos crímenes”. El funcionario de la ONU demandó una investigación independiente de forma “urgente y esencial”.
De manera concreta, el informe se refiere a la ciudad kurda de Cizre, donde 189 personas, incluidos niños, quedaron atrapados durante semanas en los sótanos de edificios en enero y febrero de 2016, sin tener acceso a agua, alimentos y atención médica. “La posterior demolición de los edificios destruyó evidencias y ha impedido que se pueda identificar los restos”, detalló la investigación.
El informe es contundente al decir que “las autoridades locales en lugar de abrir una investigación para determinar qué ocurrió y por qué se utilizó artillería pesada, acusó a las personas asesinadas de ser terroristas y llevó a cabo actos de represión contra sus familiares”.
Por último, la investigación expresó “la preocupación” por la política estatal de expropiación de tierras a las comunidades kurdas, legalizadas por el Consejo de Ministros en marzo de 2016.
FUENTE: Kom News/EFE/Reuters
