El 3 de agosto de 2014, el Estado Islámico (ISIS) inició una campaña sistemática de atrocidades contra la comunidad yezidí de la provincia iraquí de Sinjar (Shengal), asesinando a miles de hombres y secuestrando a miles de mujeres y niños para convertirlos en esclavos. Los crímenes han sido reconocidos como genocidio por las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (EU), Estados Unidos, Canadá, Francia, Armenia, Irak, Bélgica, Países Bajos, Alemania y, más recientemente, el Reino Unido.
Sin embargo, nueve años después, las comunidades yezidíes apenas han visto medidas concretas por parte de los gobiernos y las instituciones mundiales que reconocen su sufrimiento. Para los yezidíes que han regresado a sus hogares en Sinjar, un nivel de vida adecuado y una seguridad física básica están casi completamente fuera de su alcance. Cientos de miles más no pueden regresar en absoluto. Para muchos observadores, el patrón de discriminación y deshumanización de los yezidíes que existía mucho antes del genocidio de 2014 -y que probablemente facilitó las atrocidades de ISIS- parece estar en juego de nuevo.
En este contexto, las recientes iniciativas lideradas por los yezidíes han exigido que los gobiernos y las instituciones internacionales tomen medidas tangibles para atender las necesidades fundamentales de su comunidad. El apoyo a este tipo de iniciativas debe formar parte de una estrategia regional global para consolidar la estabilidad y prevenir atrocidades.
El 27 de julio, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios e intelectuales, lanzaron una iniciativa conjunta en la que pedían al gobierno iraquí que asignara 1.500 millones de dólares -apenas el 1% del presupuesto federal iraquí más reciente- a un fondo especializado en la reconstrucción de Sinjar en el próximo año.
Pari Ibrahim es fundadora y directora ejecutiva de Free Yezidi Foundation, que encabezó la campaña. “Irak ha sido bendecido con abundantes recursos naturales. El presupuesto en 2023 es de unos impresionantes 153.000 millones de dólares. Sin embargo, los yezidíes siguen sin hogar, viviendo en tiendas de campaña desde hace nueve años. Es indignante”, declaró al Instituto Kurdo por la Paz.
“Literalmente, el 1% de un año del presupuesto iraquí bastaría para reconstruir Sinjar. Pedimos al Gobierno iraquí que asigne este presupuesto antes del 3 de agosto de 2024”, declaró Ibrahim.
Las organizaciones que apoyan la iniciativa identificaron la marginación estructural de los yezidíes en la política iraquí como una causa probable de la inacción del gobierno.
“Las comunidades más grandes de Irak están mejor equipadas para defender su parte de la financiación en el Parlamento iraquí, debido a su mayor representación y poder político. La reconstrucción del distrito de Sinjar debería haber recibido la misma prioridad que otros distritos, si no más. En cambio, debido a la falta de influencia política de la comunidad, Sinjar y sus residentes han sido olvidados”, dice la declaración conjunta.
Mientras luchan por reconstruir lo que ISIS destruyó, los yezidíes se han visto obligados a hacer frente a una nueva amenaza militar: Turquía. Todos los años, desde 2017, Turquía ha llevado a cabo ataques aéreos y con drones contra yezidíes en Sinjar. Ankara afirma que su objetivo es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que, junto con las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo de Siria (YPG), intervino en la zona en agosto de 2014 para luchar contra ISIS y rescatar a los desplazados internos yazidíes atrapados en la montaña de Sinjar.
En realidad, Turquía ha asesinado a líderes de la comunidad yezidí y a miembros de las Unidades de Resistencia de Sinjar (YBS), un grupo armado local formado por supervivientes del genocidio yezidí, que se creó para luchar contra ISIS y que nunca ha atacado a Turquía. Un conjunto de datos de 2021 publicado por The New Statesman reveló que el 60% de los ataques perjudicaron a civiles.
La doctora Leyla Ferman, directora de la ONG yazidí “Mujeres por la Justicia”, declaró al Instituto Kurdo por la Paz que los ataques turcos agravan los problemas existentes para la reconstrucción y el retorno de los desplazados internos.
“¿Quién quiere -y quién puede- volver a una zona en la que no se está seguro de si será atacado o de si morirá porque se ataca a personas o edificios cercanos?”, aseguró.
“Estos ataques aéreos se llevan a cabo de día y de noche. Nadie sabe qué o quién será el próximo objetivo. Sin seguridad, la gente no puede volver a Sinjar. ¿Y cómo se pueden apoyar proyectos de reconstrucción cuando no se está seguro de que Turquía no vaya a atacar estos edificios?”, agregó Ferman.
A pesar de los años de protestas de las comunidades yezidíes, el gobierno iraquí, el gobierno regional del Kurdistán y la comunidad internacional, han hecho la vista gorda ante el comportamiento agresivo de Turquía.
Muchos yezidíes y observadores internacionales atribuyen esta falta de protección a la misma marginación política que está ralentizando el ritmo de la reconstrucción de Sinjar.
“Lo que es especialmente preocupante ha sido el silencio de Bagdad y Erbil tras los ataques aéreos turcos en Sinjar -ataques aéreos que tuvieron como objetivo y mataron a yezidíes que son ciudadanos iraquíes y defendieron Sinjar contra ISIS. Uno no puede evitar sospechar que parte del ‘Acuerdo de Sinjar’ puede haber incluido una luz verde para que Turquía lleve a cabo ataques aéreos en Sinjar, que nosotros y toda la comunidad yezidí rechazamos de todo corazón. Esto forma parte de un patrón de exclusión de la toma de decisiones que ha asolado a las minorías en nuestra parte del mundo durante muchos años”, advirtió Pari Ibrahim en un discurso pronunciado en 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La doctora Amy Austin Homes, que creó el primer conjunto de datos de la historia que rastrea los ataques turcos en Sinjar, en agosto de 2021, declaró al Instituto Kurdo por la Paz que el Acuerdo de Sinjar “debería haberse llamado ‘Acuerdo Erbil-Bagdad’, porque no hubo ninguna consulta significativa ni inclusión de los sinjaríes locales ni de los yezidíes de la diáspora”.
“Esto no hizo sino alienar aún más a una comunidad ya traumatizada. La única forma de que la comunidad yezidí se recupere es incluirla plenamente en los procesos de toma de decisiones sobre Sinjar y proporcionarle los recursos que necesita para reconstruir”, afirmó.
Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, la impunidad de Turquía por los ataques en Sinjar puede no durar mucho. El 31 de julio, “Women for Justice y Accountability Unit”, una ONG de derechos humanos con sede en el Reino Unido, presentó una queja formal ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con los ataques aéreos turcos que supuestamente tuvieron como objetivo un hospital en el pueblo de Sikeniye, en agosto de 2021, que mataron e hirieron a varios civiles yezidíes.
“Los denunciantes sostienen que Turquía llevó a cabo los ataques aéreos contra la clínica médica de Sikeniye, que causaron la muerte y lesiones graves a civiles, en violación de su derecho a la vida en virtud del derecho internacional, garantizado por el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP)”, declaró un comunicado de prensa de la Unidad de Rendición de Cuentas sobre el caso.
“Además, Turquía no investigó la muerte de civiles como consecuencia de los ataques aéreos y no proporcionó a las víctimas recursos efectivos, lo que constituye una violación de sus derechos a una investigación rápida, independiente y efectiva, y a un recurso efectivo, tal y como garantizan los artículos 2 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, se leyó en la declaración.
Desde que abandonó las conversaciones de paz con el PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán), en 2015, Turquía ha llevado a cabo una serie de operaciones terrestres y aéreas cada vez más intensas, dirigidas ostensiblemente contra grupos kurdos en Irak y Siria. Estas operaciones han matado y herido a miles de civiles y desplazado a cientos de miles. Muchos más viven en constante temor a los ataques turcos indiscriminados y a la violencia de las milicias extremistas. Las minorías étnicas y religiosas, como kurdos, yezidíes y sirio-asirios, son las que más han sufrido. Si este caso prospera, será la primera vez que Turquía rinda cuentas por estas violaciones, lo que abrirá una vía para otras víctimas.
La doctora Ferman cree que esto es sólo el principio. Pidió la creación de una zona de exclusión aérea en Sinjar -exigencia planteada por ONG’s y activistas yezidíes, así como por la Administración Autónoma Democrática de Sinjar, órgano de gobierno local afiliado a las YBS- y el fin del apoyo militar a Turquía hasta que deje de atacar a los supervivientes del genocidio. También instó a otras comunidades afectadas por las operaciones turcas en Irak y Siria a emprender acciones legales: “Esta denuncia no es la única herramienta para hacer justicia. Queda mucho trabajo por hacer para llegar a los tribunales internacionales”.
En última instancia, los ataques transfronterizos de Turquía son también el síntoma de problemas políticos y sociales más profundos. “Si Turquía pudiera convertirse en una democracia fuerte, encontraría soluciones a la cuestión kurda y también tendría una política regional diferente”, afirmó Ferman. En Turquía como en Irak, la marginación de las comunidades minoritarias ha provocado inestabilidad y sufrimiento humano a gran escala.
Estas dinámicas demuestran que para promover la estabilidad y garantizar que no se repitan atrocidades como las cometidas por ISIS, la gobernanza pluralista, democrática e inclusiva no es una ocurrencia tardía, sino algo innegociable. Las comunidades de la región que han sido marginadas y privadas de poder en el pasado deben tener el mayor grado posible de control sobre su destino político.
En Sinjar, los Estados que han reconocido el genocidio tienen una especial obligación moral de actuar. Estos Estados deben apoyar, de inmediato, las demandas específicas de acción de los yezidíes, incluidos los recientes llamamientos para financiar la reconstrucción y exigir responsabilidades a Turquía por los ataques.
A largo plazo, deben ofrecer un apoyo imparcial a un acuerdo sobre el estatus de Sinjar impulsado a nivel local que -a diferencia del actual Acuerdo de Sinjar- ayude a la comunidad a construir poder político y capacidades de seguridad en sus propios términos, no elija a qué grupos yezidíes incluir y a qué potencias extranjeras excluir, y no exija a ningún grupo yezidí que se desarme.
También es necesario un cambio estratégico a nivel regional. Los gobiernos deben abordar los conflictos interrelacionados de Turquía, Irak y Siria -incluido el conflicto kurdo de Turquía y el estatus del noreste de Siria- desde una perspectiva matizada que aborde las causas profundas de la violencia y la inseguridad. A largo plazo, las soluciones políticas basadas en los principios del pluralismo étnico y religioso y la gobernanza democrática, permitirán a los millones de personas afectadas por los recientes conflictos reconstruir sus vidas, crear las condiciones para que los responsables rindan cuentas e impedir que grupos como ISIS vuelvan a surgir.
FUENTE: Meghan Bodette / Kurdish Peace Institute / Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid
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