Ha pasado un año desde que las fuerzas turcas y sus milicias aliadas del Ejército Nacional Sirio (ENS) atacaron Serekaniye y Tel Abyad, en el norte de Siria. Si bien los grupos de derechos humanos y las organizaciones internacionales han condenado los abusos generalizados que resultaron de la invasión, la situación humanitaria no ha mejorado. Turquía viola regularmente el acuerdo de alto el fuego del 17 de octubre, acordado entre Ankara y Washington, y las milicias del ENS en las áreas ocupadas continúan saqueando, torturando y secuestrando con impunidad.
Incluso las atrocidades que atrajeron la mayor atención y la condena internacional han quedado impunes. El 12 de octubre de 2019, Hevrin Khalaf, secretaria general del Partido del Futuro de Siria, fue sacada de su vehículo blindado, golpeada y asesinada a tiros por miembros del grupo Ahrar Al Sharqiya, respaldado por Turquía, junto con su conductor y otros civiles hechos prisioneros.
Las ejecuciones fueron filmadas y transmitidas al mundo. Los medios turcos se refirieron al asesinato de Khalaf como una “operación exitosa”. Grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales lo calificaron como un crimen de guerra.
El incidente se convirtió en un símbolo de lo lejos que se encuentra la oposición siria de sus objetivos de 2011, y de la persecución que enfrentan los civiles bajo la ocupación turca. Un año después, la reacción internacional parece mostrar cuán poca responsabilidad pueden esperar las víctimas de los crímenes turcos y del ENS.
El Representante Especial de Estados Unidos para Siria, James Jeffrey, bloqueó los esfuerzos para condenar formalmente el incidente cuando sucedió, lo que generó preguntas sobre por qué un gobierno extranjero interferiría en una atrocidad que la comunidad internacional había visto en video.
Hoy, tanto el gobierno de Estados Unidos como las Naciones Unidas (ONU) parecen estar de acuerdo en que solo un individuo fuera juzgado localmente por el crimen. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a Al Monitor, en mayo pasado, que estaban “al tanto de un individuo perteneciente a Ahrar Al Sharqiya procesado hasta la fecha por matar a civiles desarmados durante la Operación Primavera de Paz”.
En septiembre, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria señaló que “un miembro de la Brigada 123 (Ahrar Al Sharqiya) fue sentenciado por un tribunal militar del ‘Gobierno Interino Sirio’ por el asesinato deliberado de Hevrin Khalaf y otros”.
Otras personas involucradas en el asesinato todavía están prófugas, lo que sugiere que el juicio probablemente fue una simple palmada en la espalda para que el grupo pudiera evadir la presión internacional. Las publicaciones de Facebook muestran que Hareth Rabath, el camarógrafo de Ahrar Al Sharqiya que filmó la ejecución de los cautivos kurdos, viaja libremente entre las áreas de Siria, controladas por Ankara, y la propia Turquía. En el aniversario de los asesinatos, fue visto comprando en un centro comercial en la ciudad turca de Sanliurfa.
Si un caso de tan alto perfil se ha enfrentado con una acción internacional limitada y esfuerzos locales mínimos para la rendición de cuentas, es difícil creer que los perpetradores de los abusos casi diarios que tienen lugar en las áreas ocupadas por Turquía, sin la atención de los medios de comunicación global, alguna vez serán llevados a la justicia en el terreno.
La mayoría de los delitos contra civiles en Serekaniye, Tel Abyad y Afrin, regiones ocupadas por Turquía, no se publicitan fuera de los medios de comunicación locales y los observadores de derechos humanos locales. Muchos de los delitos nunca son denunciados, ya que las víctimas temen represalias por hablar. La poca atención internacional que se presta a estas violaciones rara vez conduce a la rendición de cuentas.
En solo un ejemplo, el patrón generalizado de secuestros y desapariciones en las áreas ocupadas, que ocurren a un ritmo de decenas por mes, fue prácticamente ignorado fuera de los círculos kurdos hasta la ubicación de varias detenidas que habían estado desaparecidas durante casi dos años, y fue revelado en un video. La prueba visual de que tales incidentes ocurrieron, no condujo a un cambio de comportamiento: solo una de las detenidas que se ve en el video ha sido liberada, mientras que los secuestros continúan hasta el día de hoy.
Este patrón de impunidad sienta un precedente inquietante para las víctimas de crímenes pasados y en curso en las regiones ocupadas. También plantea preguntas sobre la seriedad de la comunidad internacional en cuanto a responsabilizar a Turquía y al ENS, una consideración importante dada la creciente importancia de los juicios internacionales cuando la justicia local ha fallado a las víctimas sirias.
Los juicios por las atrocidades cometidas por ISIS y el régimen sirio, que están comenzando a tener lugar en Europa, muestran que cuando los estados toman medidas, pueden responsabilizar a los criminales de guerra cuando ningún otro actor lo hará. Si incluso se les niega esta opción a los civiles en el norte de Siria, es poco probable que alguna vez reciban justicia.
El deseo de apaciguar a Turquía o las ilusiones sobre los objetivos actuales de los grupos armados de oposición, no deben impedir que la comunidad internacional responda a una crisis humanitaria y ponga fin a la impunidad por las atrocidades cometidas. Desafortunadamente, si el año transcurrido desde la Operación Fuente de Paz es un ejemplo, parece que estos cálculos políticos han superado a la justicia, traicionando a la gente de Serekaniye, Tel Abyad y Afrin una vez más.
FUENTE: Meghan Bodette / North Press Agency / Traducción y edición: Kurdistán América Latina
