Un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) criticó al gobierno turco por el arresto de defensores de los derechos humanos y condenó al Estado por permitir el fallecimiento de la abogada Ebru Timtik, ocurrido el 27 de agosto pasado. La letrada murió luego de más de 200 días de huelga de hambre, medida de fuerza con la cual exigía un juicio justo.
Timtik comenzó la huelga de hambre el 2 de enero de este año y poco después, los expertos en derechos humanos de la ONU solicitaron formalmente al gobierno turco que explicara las bases legales de su detención y las acusaciones contra ellas y otros abogados.
“Le pedimos al gobierno turco, en 2017, que explicara cómo era compatible su arresto y encarcelamiento con las obligaciones estatales bajo las leyes internacionales de los derechos humanos”, declarado los funcionarios del organismo internacional.
“Si bien reconocemos y apreciamos el compromiso de las autoridades con nosotros en esta cuestión, lamentamos que se haya hecho tan poco para evitar este trágico desenlace”, agregaron.
Los expertos de Naciones Unidas solicitaron una investigación efectiva sobre la muerte de la abogada. “Pedimos a las autoridades que establezcan un proceso de rendición de cuentas para la víctima y que respeten los principios de un juicio justo reabriendo los casos de los abogados por los derechos humanos detenidos –aseveraron-. El gobierno de Turquía también debe adoptar medidas inmediatas para poner en libertad a las personas detenidas y condenadas en contravención del derecho internacional”.
A su vez, expresaron que “nadie debería morir en la búsqueda de un juicio justo; es un derecho humano fundamental”. “Es un absoluto desprecio hacia la vida humana, y nos sentimos muy consternados por la muerte de esta valiente defensora de los derechos humanos, así como por las circunstancias que llevaron a su muerte”, manifestaron.
Quienes apoyan esta declaración son Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Agnes Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Irene Khan, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión; Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Dubravka Þimonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; y Leigh Toomey (Presidenta-Relatora),Elina Steinerte (Vicepresidenta), José Guevara Bermúdez, Seong-Phil Hong, Sètondji Adjovi.
Por su parte, la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD) de la ciudad Ankara publicó el informe Violaciones de los derechos de los presos en la región de Anatolia Central. En una rueda de prensa, Bilal Erman, de la comisión de la ÖHD que efectuó la investigación, apuntó que el informe cubre las cárceles de ocho provincias de la región de Anatolia Central.
Erman detalló que los presos de la prisión de Sincan no reciben desinfectante ni tampoco se llevan a cabo controles rutinarios de quienes tienen dolencias, desde que comenzó la pandemia de coronavirus. A esto se suman los problemas por los traslados de los reclusos al hospital.
Erman añadió que los presos enfermos no son trasladados al hospital para recibir el tratamiento adecuado. Como ejemplo, nombró al prisionero “A. Ç.”, que sufre varias enfermedades crónicas (osteoporosis, hepatitis, hernias) y no fue trasladado a un centro de saludos, “sin embargo ha sido sancionado y enviado a una celda de aislamiento”.
El representante de la ÖHD explicó que “los presos de la cárcel tipo T de Tokat han informado de problemas en el trato con los guardias. También añadieron que no se les entregan periódicos, especialmente los periódicos Yeni Yaşam y Evrensel, y que sólo pueden acceder a diarios como Hürriyet y Taraf. Tienen además una restricción en el acceso a libros y tan sólo pueden obtener cinco desde el estado de emergencia”, medida dictada en 2016 luego del intento de golpe de Estado.
En el informe se subrayó que durante una visita a la prisión tipo E de Kırşehir, el 1 de julio pasado, la delegación de la ÖHD se reunió con los presos en huelga de hambre y constataron que sus condiciones no habían mejorado.
Al mismo tiempo, durante las visitas y las reuniones en la prisión cerrada de mujeres de Bünyan, el 9 de julio, las presas dijeron que los traslados al hospital estaban suspendidos, salvo para los casos de sospecha de coronavirus.
Hülya Yıldırım, integrante también de ÖHD, resumió: “Cuando examinas las narrativas de los presos, los problemas que relatan en el manejo del proceso de la Covid-19 se repiten en muchas cárceles. Y esta situación conduce a más violaciones de muchos de los derechos de los presos. Las instituciones penitenciarias no cumplen con sus tareas de supervisión, por lo que son responsables de las violaciones de estos derechos”.
FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina
