La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), brazo político de las fuerzas kurdo-árabes que controlan la zona, han anunciado el miércoles pasado su intención de procesar a partir del próximo marzo a los miles de combatientes extranjeros del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) presos en sus cárceles. “Hemos solicitado apoyo a Finlandia para establecer un tribunal especial y para que aquellos estados de los que proceden los presos que tenemos bajo nuestra custodia nos ayuden con los temas logísticos y legales”, ha precisado Abdulkarim Omar, copresidente de la Oficina de Relaciones Exteriores de la AANES. Estas declaraciones se producen una semana después de realizar una visita oficial a Helsinki para reunirse con el ministro de Exteriores finlandés, Becca Havisto.
“Primero, ningún país aceptó repatriar a sus miembros y juzgarlos en (su propia) casa. Luego, propusimos formar una corte penal internacional para juzgar a ISIS en esta región (noreste de Siria), pero tristemente tampoco dio resultados”, lamentó Omar en un vídeo difundido en Facebook. La propuesta aún no ha sido refrendada oficialmente por la dirección de la AANES. Del total de 14.000 hombres y mujeres extranjeros cautivos de ISIS junto con sus hijos, tan solo 500 -de 53 nacionalidades- han sido repatriados por sus países de origen, según los datos de la autodenominada administración kurdo-árabe. En la tarde del jueves, Omar recibió a una delegación rusa que pretende repatriar a una treintena de menores.
La propuesta deja numerosas incógnitas en el aire: ¿Qué nacionalidades serán juzgadas? ¿Bajo qué legislación? ¿Quién se hará cargo de los gastos? ¿Qué pasará con los menores y mujeres? Las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS y el compendio de milicias árabes y mayoritariamente kurdas compuestas por unos 60.000 efectivos) han sido durante el último lustro los aliados privilegiados de la coalición internacional -de la que España es miembro- en la lucha contra ISIS. A modo de infantería, han guiado a los cazas de la coalición hasta que el pasado 23 de marzo proclamaron el fin del califato. Lo hicieron desde Baguz, un polvoriento oasis fronterizo con Irak, donde apresaron a unas 100.000 mujeres, hombres y niños, remanente del autoproclamado califato.
Según las cifras oficiales que baraja la AANES, en sus cárceles retiene a unos 2.000 muyahidines occidentales y en sus campos, a 4.000 mujeres de ISIS junto con 8.000 menores. A ellos hay que sumar otros 70.000 presos, la mitad sirios, y la otra, iraquíes. “Unos 7.000 combatientes sirios han sido ya juzgados por la Administración según una versión actualizada de la ley siria que excluye la pena de muerte”, explica por WhatsApp desde el noreste de Siria el Centro de Información de Rojava (RIC). Esta organización compuesta por voluntarios internacionales asegura que las penas varían “entre uno y 20 años según el grado de pertenencia del reo a ISIS y los crímenes cometidos”.
El caso de los yihadistas nacionales presos en las cáceles kurdas es nuevo para la justicia europea, por lo que, ante la ausencia de una política común al respecto, cada país miembro actúa de forma individual. Temiendo que una vez repatriados estos elementos radicalizados queden libres en territorio europeo por falta de pruebas, varios gobiernos han optado por traer a casa a los más vulnerables: los menores huérfanos. Medio centenar han sido ya repatriados por Francia, Suecia, Noruega, Holanda, Inglaterra y, más recientemente, Finlandia.
La administración del campo de Al Hol, el más masificado con 80.000 personas y situado al noreste de Siria, asegura que acoge a 300 huérfanos hijos de combatientes extranjeros de ISIS. Estos están siendo trasladado junto con cientos de mujeres y sus proles a un recinto anexo al campo de Al Roj, más al norte y menos masificado, según fuentes de la inteligencia kurda. El responsable de relaciones exteriores de la AANES ha asegurado a El País que España no ha entablado contactos oficiales para repatriar a sus yihadistas presos, ni adultos -tres mujeres y un hombre-, ni menores (17, entre ellos una recién nacida y cuatro huérfanos).
FUENTE: Natalia Sancha / El País
