El incidente del ataque a la prisión de Sina’a, en la ciudad siria de Al Hasakah, y la posterior rebelión en la cárcel y el intento de fuga de cientos de combatientes del Daesh detenidos, hizo saltar las alarmas en la región, concretamente en Irak y Siria, los dos países que fueron testigos de la explosiva expansión de la organización terrorista en el verano de 2014. Los detalles del ataque y las tácticas de las operaciones recordaban a incidentes anteriores similares que tuvieron lugar en Irak durante el ataque de la organización a las prisiones iraquíes, seguido de la liberación de miles de yihadistas acusados de terrorismo, que se unieron a la organización antes de su expansión y control de las ciudades del norte y el oeste de Irak.
¿Qué significa esto al leer los acontecimientos políticos de la región? ¿Por qué los países de la coalición internacional no prestaron asistencia a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) kurdas en relación con la cuestión de los detenidos del Daesh en las zonas bajo su control, conocidas como la región de la Administración Autónoma de Siria? ¿Existe una nueva amenaza por el retorno de las actividades de la banda del Daesh en Irak, después de que sus combatientes y familias se hayan colado en Irak? ¿Cuál es la situación de los campamentos de refugiados en los que han sido detenidas las familias del Daesh en las regiones del norte de Irak? A través de todas estas preguntas, intentaremos arrojar luz sobre una cuestión muy peligrosa e importante en el panorama iraquí.
En la víspera del 20 de enero de 2022, Daesh lanzó un ataque, considerado el mayor desde que se declaró la victoria sobre Daesh. El ataque tuvo como objetivo la prisión de Sina’a, situada en las afueras del barrio de Ghweran, al sur de la ciudad de Al Hasakah, en el noreste de Siria. Esta es la primera vez que las prisiones que contienen combatientes del Daesh son objeto de un ataque externo, ya que las crisis anteriores se limitaban a casos de rebelión y desobediencia dentro de las prisiones. Entre 2020 y 2021 se han producido 11 casos de este tipo. Los sucesos del último ataque recordaron el que tuvo lugar en las cárceles iraquíes que albergaban a combatientes del Daesh en el verano de 2014. En respuesta a lo sucedido, la oficina de medios de comunicación del diputado yezidí, Vian Dakhil, emitió un comunicado sobre el incidente en Al Hasakah, diciendo: “Estamos siguiendo con gran preocupación la fuga de decenas de terroristas de Daesh de la prisión de Sina’a en el barrio de Ghweran de la ciudad siria de Al Hasakah, incluyendo unos 20 líderes de la organización terrorista de nacionalidades iraquí y siria”. El comunicado describió la fuga de prisioneros como algo que le recuerda “un escenario ominoso anterior en Irak, cuando un gran grupo de terroristas huyó de la prisión de Abu Ghraib y de otras, lo que provocó una catástrofe: la caída de más de un tercio de Irak a manos de la organización terrorista y las tragedias de Sinjar (Shengal) y Speicher y el desplazamiento de millones de iraquíes”. Los informes oficiales de las organizaciones y agencias de la ONU estiman en unos 10.000 el número de combatientes del Daesh actualmente activos en Siria e Irak, mientras que las Fuerzas de Autodefensa afirman que las prisiones bajo su control en sus zonas de influencia contienen unos 12.000 de unas 50 nacionalidades. Mientras tanto, las familias de los combatientes del Daesh siguen viviendo en campamentos superpoblados en la zona, siendo el más destacado el de Al Hol, en el noreste de Siria, cerca de la frontera iraquí. De vez en cuando, la frontera es testigo de la huida de familias de yihadistas y de su cruce de la frontera iraquí. Por ello, los expertos internacionales han advertido que los campamentos pueden convertirse en un caldo de cultivo para el extremismo. Las declaraciones de los dirigentes de la organización terrorista en 2019 pusieron en marcha lo que denominó el plan del “segundo califato”, con el lanzamiento de la fase de invasión, que son operaciones que utilizan tácticas de golpe y fuga, y que recurren a zonas remotas del desierto que se extienden entre Siria e Irak, hasta las alturas de Hamrin, en el noreste de Irak. Coincidiendo con los recientes sucesos de Al Hasakah, la organización lanzó un ataque contra un cuartel del ejército iraquí en la madrugada del 21 de enero en la zona de Hawi Al Azeem, en la gobernación de Diyala, al noreste de la capital, Bagdad. El ataque causó la muerte de 11 soldados, uno de ellos un teniente. Las autoridades iraquíes sugirieron que los combatientes de la organización aprovecharían “lo accidentado de la zona y las bajas temperaturas para llevar a cabo el ataque, y luego se retirarían a la gobernación de Salah Al Din”. ¿Significan estos ataques simultáneos que hay células en Siria e Irak que siguen cooperando con los combatientes de la organización terrorista? Esta pregunta nos lleva a hablar de los campos de acogida para las familias del Daesh.
El expediente de los campos de detención en los que viven las mujeres y los niños de los combatientes de la organización terrorista se ha convertido, más de cuatro años después de declarar la victoria sobre la organización, en caldo de cultivo para engendrar una segunda generación de terroristas, ya que los gobiernos de Irak y Siria y la Administración Autónoma de la región kurda en Siria, no han trabajado para encontrar soluciones reales a este desastre. Podemos incluso decir que las autoridades oficiales, e incluso muchas partes internacionales, pasaron deliberadamente por alto el expediente, y trataron la crisis con gran negligencia, dejando el asunto a la acción de algunas agencias de seguridad, militares y tribales, permitiendo diversos tipos de violaciones contra grupos de personas que incluyen a muchos inocentes, o a aquellos que no hicieron nada malo, pero a los que definitivamente se les lavó el cerebro de forma violenta cuando vivieron bajo el dominio de Daesh durante años. Este es especialmente el caso de los niños, que fueron criados bajo el llamado programa “cachorros del califato”, que los preparó para ser una segunda generación de terroristas, y con todo este peligro, las instituciones internacionales no ofrecieron ninguna cooperación real para resolver este predicamento.
Los informes de Human Rights Watch arrojan luz sobre parte del problema, ya que el informe de la organización publicado a finales de 2021 afirmaba: “Decenas de hombres árabes suníes que cumplieron condena o fueron absueltos en la región del Kurdistán iraquí por conexiones con el Estado Islámico (Daesh) corren el riesgo de volver a ser detenidos o de sufrir represalias si intentan reunirse con sus familias en las zonas controladas por Bagdad (…) Algunos de los hombres eran niños de tan sólo 14 años cuando las fuerzas de seguridad kurdas los detuvieron”. El informe añadió: “Los hombres están actualmente atrapados en un campamento en la región del Kurdistán, después de haber sido liberados de la prisión entre 2018 y 2020. Las fuerzas de seguridad no les permiten salir del campamento para vivir en otro lugar de la región del Kurdistán, y temen por sus vidas si regresan a casa”. En las zonas de conflicto liberadas del control de la organización terrorista se aplicaron costumbres tribales, y las familias de los combatientes asociados a la organización terrorista fueron sometidas a dictámenes tribales que les obligaron a abandonar sus pueblos, sus casas fueron demolidas y sus tierras agrícolas arrasadas, para impedir que regresaran. Se ha hecho difícil lograr la reconciliación social entre lo que se ha dado en llamar las familias del Daesh y las familias de las víctimas de la organización terrorista, que exigen retribución por el asesinato de sus hijos, y no quieren renunciar a sus derechos y volver a convivir con las familias de los asesinos. A pesar de lo sombrío de la situación crítica que siguen viviendo las zonas en conflicto, han aparecido aquí y allá algunas iniciativas esperanzadoras; por ejemplo, la del joven jeque tribal Ahmed Al-Muhairi, que habló con los medios de comunicación y dijo: “Hace falta valor para hablar de lo ocurrido, porque es muy doloroso, pero debemos perdonar y no dejar que la ira afecte a nuestras vidas”. Ahmed Al-Muhairi sufrió una gran catástrofe a manos de los terroristas del Daesh, que mataron a su padre y a cuatro tíos, destruyeron su casa y arrasaron sus tierras en la ciudad de Hawija, en la gobernación de Kirkuk, al norte de la capital, Bagdad. A pesar de ello, el joven jeque fue valiente en su tolerancia y perdón, y acogió a las familias del Daesh en la comunidad de su pueblo. Incluso les abrió su casa de huéspedes después de su restauración, para alojar a las viudas e hijos de los combatientes del Daesh, planteando una opción muy difícil y racional al decir: “Las mujeres y los niños no suponen ningún peligro, son parte de la tribu, y no podemos permitir que se corten estos lazos. Los autores, por supuesto, son responsabilidad de la policía”. Y añadió: “Si no hacemos esto, la alternativa será horrible”, señalando que si la sociedad no acepta a estas familias, el riesgo de extremismo incluso entre los parientes se hace inevitable. Sin embargo, parece que estamos ante la necesidad de acciones gubernamentales e internacionales para desarrollar soluciones sistemáticas a esta catástrofe, ya que las soluciones individuales no curarán la profunda herida y la fractura social que se produjo. Estas soluciones improvisadas no funcionarán ante una catástrofe que puede volver a estallar, momento en el que será imposible predecir las tragedias que nos sobrevendrán, una vez más.
FUENTE: Sadeq Al Taee / Monitor de Oriente / Edición: Kurdistán América Latina
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