El 7 de abril de 2024, la Organización Hengaw para los Derechos Humanos, un observatorio de derechos humanos dirigido por kurdos, emitió una advertencia sobre “las graves amenazas que el aparato de seguridad de la República Islámica de Irán supone para la vida de sus miembros”.
“En recientes acciones de las fuerzas de seguridad de Irán, varios miembros de la junta directiva de Hengaw, entre ellos Arsalan Yarahmadi y Jila Mostajer, residente en Erbil (Hawler), capital del Gobierno Regional del Kurdistán en Irak, han sido amenazados directamente con desapariciones forzadas y asesinatos por agentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica [IRGC]”, declaró la ONG.
No se trata de amenazas vacías. El gobierno iraní tiene un largo historial de ataques contra activistas políticos y de derechos humanos kurdos, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos, utilizando diversas estrategias represivas para aplastar las luchas por los derechos kurdos.
Entre todas estas estrategias, destaca la represión transnacional. Desde la instauración de la República Islámica de Irán, en 1979, agentes del Estado iraní habrían asesinado o secuestrado a más de 540 disidentes fuera del territorio iraní. 380 de estos ataques se llevaron a cabo en la región del Kurdistán de Irak (Kurdistán del Sur o Bashur, en kurdo), y 28 se produjeron en Turquía y Kurdistán del Norte (Bakur, en kurdo).
Ni siquiera Europa, supuestamente una región “segura” para los disidentes y refugiados que huyen de la guerra y la persecución en Oriente Medio, es totalmente segura. Dos de los ejemplos más famosos de la red mundial de asesinos y terroristas iraníes que tienen como objetivo a los opositores del régimen en el extranjero son los asesinatos de dos antiguos dirigentes del Partido Democrático del Kurdistán de Irán (PDKI), el Dr. Adburrahman Ghasemlu y el Dr. Sadegh Sharafkandi. Ghasemlu fue asesinado el 28 de diciembre de 1989 en Viena. Sharafkandi fue asesinado, junto con otros dos miembros del PDKI, el 17 de septiembre de 1992 en el restaurante griego Mykonos, de Berlín.
El régimen iraní utiliza muchas tácticas para llevar adelante su campaña sin precedentes de represión transnacional contra los disidentes kurdos, incluidos bombardeos y otros ataques militares: intimidación y vigilancia; acoso a familiares; ciberataques y desinformación en línea; ejecuciones por vias extrajudiciales y secuestros; presiones legales; y otras amenazas y ataques coordinados y sistemáticos. En declaraciones al Kurdish Peace Institute, disidentes y activistas describieron el impacto de estas amenazas en sus vidas, su trabajo y sus comunidades.
Bombardeos y otros ataques militares
PJAK, Komala, PDKI y otros partidos políticos kurdos de Kurdistán Oriental (Rojhilat, en kurdo, es la región de Kurdistán dentro de las fronteras del actual Irán) han mantenido un activo conflicto armado con el ejército iraní durante décadas. El Estado iraní considera a estos partidos una grave amenaza para su autoridad y dominio en el Kurdistán Oriental. Ataca regularmente bases y campos de refugiados de estos partidos en la región del Kurdistán iraquí. Estos ataques no sólo van dirigidos contra las fuerzas armadas de los partidos kurdos, sino que también suponen una amenaza para los civiles que viven cerca de las bases y campamentos de los partidos, y para los disidentes políticos no combatientes.
Por ejemplo, el 28 de septiembre de 2022, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán lanzó un ataque masivo con misiles y una campaña de ataques aéreos contra las bases del PDKI, Komala y PAK en Koya, Altun Kupri y Zirgwez, en el Kurdistán Meridional, en represalia por la respuesta al asesinato de Jina Amini por la policía de la moralidad iraní y a los llamamientos a la huelga general realizados por partidos y organizaciones kurdas.
Según las autoridades iraníes, los ataques se llevaron a cabo “para vengar las acciones terroristas en Irán y su presencia y participación en la rebelión de las regiones del noroeste”. Sin embargo, los ataques causaron la muerte de 18 personas y heridas a otras 62, con menores y no combatientes entre las víctimas.
Intimidación y vigilancia
Los activistas y organizaciones kurdas con sede fuera de Irán son con frecuencia objeto de seguimiento, vigilancia, espionaje y otras tácticas de intimidación conexas llevadas a cabo por organismos de inteligencia iraníes, en particular el Ministerio de Inteligencia y la Organización de Protección de la Inteligencia de la IRGC. Esto puede incluir la vigilancia encubierta, el seguimiento de los movimientos de los activistas y la recopilación de información sobre sus actividades.
En el Kurdistán Meridional opera una red bien organizada de agentes iraníes. Esta red vigila y recopila principalmente datos sobre activistas y organizaciones kurdos exiliados del Kurdistán Oriental. Los partidos de la oposición kurda y las autoridades del Gobierno Regional de Kurdistán han detenido a algunos de estos agentes en los últimos años. Por ejemplo, el Partido de la Libertad de Kurdistán (PAK) capturó, en 2019, a un presunto agente iraní en la localidad de Pirde, en la región del Kurdistán Meridional. Según los informes, además de espiar para el servicio de inteligencia iraní, el agente pretendía sembrar la discordia y el terror entre los Peshmerga y los miembros del partido.
Wahid Roznavard, joven kurdo de Mahabad, se lesionó un ojo y un brazo el 20 de octubre de 2022 durante las protestas “Mujer, vida, libertad”. Tras su lesión, el régimen iraní intentó detenerlo. Sin embargo, pudo escapar a Turquía. Tras permanecer allí más de un año, Alemania le concedió finalmente un visado humanitario.
“Durante mi estancia en Turquía estuve vigilado por los servicios de inteligencia turcos y no pude salir libremente. Recibí innumerables amenazas en línea desde cuentas iraníes en las redes sociales. Para obtener más detalles sobre mí y mi paradero, detuvieron a mi hermano, lo torturaron y se llevaron su teléfono móvil. Desde entonces, sus teléfonos móviles y sus cuentas en redes sociales están bajo vigilancia. No puedo contactar directamente con ellos a menos que cree cuentas falsas y les informe de que estoy bien”, declaró Roznavard al Kurdish Peace Institute.
Un periodista kurdo y activista de derechos humanos residente en Alemania, que ha trabajado con medios de comunicación kurdos en Kurdistán Meridional, así como con medios de comunicación alemanes y persas en Europa desde 2005, habló de forma anónima con el KPC. Describió amenazas similares.
“De 2005 a 2011, mientras vivía en Kurdistán del Sur, el régimen iraní presionó repetidamente a mi familia para que regresara a Irán o abandonara el Kurdistán del Sur. Al mismo tiempo, me dijeron que si regresaba a Irán o al Kurdistán Oriental, me concederían el indulto y no me enfrentaría a ningún procesamiento. También recibí innumerables correos electrónicos amenazantes y llamadas telefónicas desconocidas de agentes de los servicios de inteligencia iraníes. Por eso, finalmente tuve que pedir asilo en Alemania, con la ayuda de Reporteros sin Fronteras”, ha declarado la activista.
“Individuos desconocidos en Twitter amenazaron con matarme durante las protestas de noviembre de 2019 en Irán y Kurdistán, y afirmaron saber a qué cafetería solía ir. Cuando comenzaron las protestas en 2022 y 2023, las cuentas cibernéticas iraníes me habían atacado en las redes sociales por publicar e informar sobre la situación en el Kurdistán Oriental. La policía alemana también me informó de estas amenazas. Además, ha habido intentos de acceder a mis cuentas en las redes sociales y robar mis datos personales”.
Acoso a familiares
Las autoridades iraníes suelen dirigir amenazas y hostigamiento a los familiares de los activistas exiliados. Esto puede ir desde amenazas verbales hasta acciones más graves como detenciones arbitrarias, interrogatorios e incluso tortura. Esto ejerce una enorme presión tanto sobre los activistas como sobre sus familiares y les causa traumas.
El Estado iraní utiliza este método para obligar a los activistas a los que no puede llegar físicamente a detener su trabajo contra el régimen o, en ocasiones, a entregar datos sobre las organizaciones a las que están afiliados. Esta ha sido una de las cartas más importantes que el régimen juega contra los kurdos y otros disidentes. Está presente en casi todos los casos examinados.
“Los miembros de nuestras familias -todos los parientes casados y solteros, padres, madres, hermanos, hermanas- son convocados todos los meses a los centros de seguridad iraníes e interrogados sobre nuestro paradero, movimientos, modo de vida y operaciones de Hengaw”, declaró al KPI Jila Mostajer, miembro de la junta directiva de Hengaw, que fue amenazada de desaparición y asesinato.
“La presión ha aumentado considerablemente, sobre todo en los últimos cuatro años. Nuestros familiares han sido detenidos y recluidos en régimen de aislamiento durante varios días, además de recibir frecuentes citaciones. Por ejemplo, en el aniversario de la muerte de Jina Amini, mi hermano fue secuestrado por los servicios de inteligencia iraníes y permaneció cautivo durante dos semanas”, continuó Mostajer.
“Durante casi veinte años, he sido activista en la lucha kurda. Me vi obligado a huir de mi ciudad natal de Urmia y pasar seis años viviendo en Kurdistán del Norte antes de poner rumbo a Alemania, en 2018. Con el fin de presionarme para que abandonara mi activismo, los agentes iraníes detuvieron, torturaron y encarcelaron repetidamente a dos de mis hermanos durante este tiempo. También amenazaron con violar a mi hermana y matar a miembros de mi familia en la calle. Al estresar y angustiar a mi madre, estos agentes también la intimidaron. Además, mi familia fue brutalmente interrogada e intimidada en la frontera cuando vinieron a visitarme al Kurdistán del Norte”, declaró un escritor, cineasta y activista de derechos humanos kurdo de Urmia, que también desea permanecer en el anonimato.
Farshad Gerdakaneh, atleta, activista y celebridad kurda en las redes sociales que utiliza el humor para criticar al gobierno iraní, afirma que los servicios de seguridad iraníes han detenido repetidamente a sus padres, hermanos, tíos y primos en los últimos años, y le han presionado para que deje de publicar contenidos críticos con el régimen iraní.
Ciberataques y desinformación en línea
Se sabe que Irán es una “superpotencia cibernética” con capacidad para proyectar ciberamenazas por todo el mundo. Se sabe que hackers afiliados al gobierno iraní, o el Ciberejército Iraní, han atacado cuentas de redes sociales y sitios web de activistas kurdos. Sus tácticas preferidas incluyen intentos de phishing, ataques de malware y el uso de desinformación para socavar la credibilidad y las actividades de los activistas.
En 2022, el régimen iraní lanzó una campaña cibernética masiva contra activistas y organizaciones de derechos humanos kurdos que informaban sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad iraníes en Kurdistán, Baluchistán y otras partes de Irán durante el levantamiento “Mujer, Vida, Libertad”.
Hengaw publicó miles de informes, vídeos e imágenes que documentan la brutalidad del Estado contra los manifestantes y otros civiles kurdos. Por ello, Hengaw se convirtió rápidamente en una de las principales fuentes de los medios de comunicación internacionales que compartían con el mundo información sobre las protestas en el Kurdistán Oriental e Irán. Esto convirtió a la organización y a sus miembros en objetivos del régimen iraní.
Además de otros ataques y amenazas, la ONG sufrió ciberataques contra sus cuentas y su sitio web, lo que llevó a la censura de las páginas de las redes sociales que utilizan para dar a conocer su trabajo.
El régimen no es la única fuerza que se opone a los esfuerzos de Hengaw. El organismo también ha sufrido ciberataques de grupos nacionalistas persas de la oposición, incluidos monárquicos, que atacan las redes sociales y la mensajería privada de la organización. Estos ataques suelen calificar a Hengaw y a sus miembros de “terroristas”, “separatistas” y “nacionalistas”, y les amenazan de muerte, violación, secuestro y agresiones físicas. Estos grupos también publican imágenes e información sobre los lugares de residencia de los miembros de Hengaw y los lugares a los que acuden.
“Las autoridades iraníes han intentado varias veces entrar en mis cuentas de las redes sociales. Me han enviado spam: en mi antiguo teléfono recibía códigos de verificación para Telegram e Instagram, que indicaban intentos de inicio de sesión no autorizados. Finalmente cambié mi número de teléfono y lo mantuve en privado tras denunciar estos incidentes a la policía. Recibo amenazas a diario, que se intensifican cada vez que publico o tuiteo algo. Además de los retos que supone enfrentarse a ellos en Turquía, con frecuencia hay amenazas violentas de violación y decapitación”, ha declarado Raman Nasirizadeh, informático kurdo, activista de las redes sociales y defensor de los derechos humanos de Marivan, en el Kurdistán Oriental.
Grupos ultranacionalistas de oposición como los pahlavistas y los paniranistas, radicados principalmente en la diáspora, organizan ataques en línea contra cuentas, organizaciones y personas kurdas que son similares a los llevados a cabo por agentes y partidarios del régimen. Behrouz Boochani, galardonado escritor kurdo que critica rigurosamente el fascismo, el supremacismo y el racismo iraní-persa en X (Twitter) y en los medios de comunicación, ha sido uno de los objetivos más destacados de estos grupos ultranacionalistas iraníes. Estos grupos suelen atacar a personas como Behrouz Boochani, llamándole “kurdo neandertal” o utilizando otro tipo de lenguaje despectivo y sexista, acusándole de separatista, agente del Mossad o de la CIA, y amenazándole de muerte o violación.
Ataques extrajudiciales
Los activistas kurdos que viven en el extranjero han sido, con frecuencia, objeto de acciones extrajudiciales por parte de agentes iraníes. Se han registrado agresiones físicas, secuestros y asesinatos, tanto en grado de tentativa como consumados. Estas actividades suelen llevarse a cabo de forma encubierta y a menudo son negadas por las autoridades iraníes.
En marzo de este año, un ex preso político y poeta de la provincia de Ilam, llamado Jakan Baran (Baqer Hosseini), fue secuestrado por individuos no identificados en la frontera entre Turquía e Irak cuando intentaba huir a Europa. Baran era miembro de Hengaw. A pesar de los esfuerzos de la ONG y de los amigos de Baran, no se ha obtenido información precisa sobre su estado. Los responsables de su traslado se negaron a dar información. Esto ha hecho temer a muchos que Baran se haya convertido en víctima de una desaparición forzada.
El 16 de noviembre de 2023, en Erbil, capital de Kurdistán Meridional, Sohrab Rahmati, activista político kurdo y miembro del colegio de abogados de la región del Kurdistán iraquí, fue objeto de un intento de asesinato perpetrado por agentes iraníes. Sobrevivió al atentado con heridas. En particular, Rahmati había representado anteriormente a familias cuyos parientes fueron víctimas de asesinatos perpetrados por agentes de la República Islámica en la región de Kurdistán, incluido un caso en el que los autores del régimen fueron condenados.
Estos incidentes no sólo ocurren en el sur de Kurdistán. Se han producido varios incidentes similares en toda Europa, de los que se ha responsabilizado directa o indirectamente al régimen iraní. En julio de 2020, se arrojó una bomba incendiaria contra la casa de Soheila Fors-Kelhur, política kurdo-sueca y miembro de los demócratas cristianos de Suecia, después de que recibiera llamadas telefónicas amenazadoras en referencia a sus críticas al régimen iraní. En declaraciones a los medios de comunicación, informó que “durante dos días, hombres desconocidos me llamaron. Me dijeron: ‘El régimen de Irán se las verá contigo’”. Los desconocidos amenazaron con matarla a ella y a su familia por sus actividades contra el régimen de Irán.
“Lawfare” en países democráticos
Irán utiliza su poder político en otros países para manipular los sistemas jurídicos democráticos, presionando a estos gobiernos para que extraditen a activistas kurdos o restrinjan sus movimientos a escala internacional. Estas acciones se basan a menudo en acusaciones o alegaciones políticamente motivadas.
Un caso muy conocido en el que el gobierno iraní intentó aprovecharse de su poder legal en Europa es el de Raman Nasirizadeh, activista de derechos humanos que denunció haber sufrido amenazas cibernéticas.
Nasirizadeh solicitó asilo en Dinamarca hace seis años. Tras participar en una protesta ante la embajada en Copenhague, recibió una amenaza legal de deportación por parte de la embajada iraní. Fue acusado de “vandalismo” frente a la embajada de la República Islámica de Irán en un escrito de acusación de la Fiscalía de Copenhague. Esta acusación se dictó cuando Nasirizadeh estaba presente frente a la embajada de la República Islámica de Irán en julio de 2021, durante las protestas contra la escasez de agua en la provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán.
Nasirizadeh subrayó que no tuvo nada que ver con el incidente que se utilizó como justificación de la acusación, es decir, “pintar en las paredes de la embajada”. Afirmó que no tenía conocimiento de estas actividades antes de la protesta, e incluso informó a la policía para mantener la concentración bajo control.
En la notificación que se le envió en diciembre de 2022, se indicaba que “el fiscal se reserva el derecho a solicitar la expulsión”. Las sanciones propuestas incluían penas de prisión y una multa, lo que subraya la seriedad del sistema judicial danés en el tratamiento de este caso. Durante el mismo periodo de tiempo, las instituciones de seguridad iraníes en Marivan habían llamado regularmente a la familia de Nasirizadeh, amenazándola con graves consecuencias debido a sus actividades contra el gobierno iraní.
Irán tiene el mismo comportamiento en Irak, donde es aún más poderoso. “El gobierno iraní ha pedido reiterada y formalmente a los gobiernos de Irak y Kurdistán que nos devuelvan a Irán como sospechosos. Estas peticiones han quedado sin respuesta por parte de estos gobiernos”, ha declarado Jila Mostajer.
Los activistas kurdos y quienes les apoyan trabajan a menudo para sensibilizar a la opinión pública, participar en actividades de promoción y colaborar con organizaciones internacionales de derechos humanos para protegerse a sí mismos y a otras personas de este tipo de amenazas. Las respuestas de los países de acogida, las iniciativas diplomáticas y las salvaguardias legales son importantes para garantizar la seguridad y los derechos de los activistas kurdos que residen en el extranjero. Sin embargo, los países de acogida no suelen proteger a estos activistas. A veces, cooperan con el Estado iraní amenazando a los activistas con la deportación o la cárcel.
Respuesta a la campaña de represión transnacional de Irán
Los países occidentales que dan prioridad a los derechos humanos pueden y deben tomar medidas para proteger a los disidentes y activistas kurdos de la represión transnacional iraní. Hasta la fecha, sin embargo, el apoyo a estas personas y organizaciones ha sido limitado.
“Nosotros y nuestros colegas no hemos recibido ningún apoyo del Gobierno Regional de Kurdistán ni de ningún país europeo, a pesar de nuestros reiterados llamamientos a países que respetan los derechos humanos y a organizaciones de ayuda para personas cuyas vidas corren peligro”, advirtió Jila Mostajer.
“Por ejemplo, creemos que Irán ha secuestrado a nuestro colega Jakan Baran, pero aún no hemos recibido ninguna ayuda ni apoyo para dar con su ubicación o paradero”, continuó.
A pesar de la complejidad del asunto, es posible dar una respuesta más contundente a la amenaza de la represión transnacional iraní. Los gobiernos podrían:
-Ejercer presión sobre el gobierno iraní para que defienda los derechos humanos, incluidos los derechos de los kurdos, utilizando los canales diplomáticos existentes. Esta presión puede ejercerse mediante declaraciones, resoluciones y compromisos diplomáticos en foros internacionales como las Naciones Unidas.
-Imponer sanciones selectivas a los funcionarios iraníes que violen los derechos humanos, especialmente a los que atenten contra los kurdos y participen en la represión transnacional. La prohibición de viajar, la congelación de activos y las restricciones comerciales son algunos ejemplos de las sanciones que pueden aplicarse. Sin embargo, las sanciones de amplio alcance que afectan a toda la economía iraní suelen tener un impacto negativo en las comunidades kurdas al reforzar la pobreza estructural impuesta por la política de subdesarrollo del régimen en las regiones kurdas.
-Conceder asilo a los activistas kurdos que corren peligro de ser perseguidos por el gobierno iraní. Esto incluye proporcionar procesos de asilo rápidos y garantizar una protección adecuada a los solicitantes de asilo y sus familias a su llegada.
-Ofrecer financiación y formación a las organizaciones kurdas de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos. Esto permitirá a los gobiernos mejorar su capacidad para documentar violaciones de derechos humanos, promover la justicia a nivel internacional y ayudar a las víctimas.
Las organizaciones internacionales y las ONG también tienen un papel que desempeñar en la lucha contra la represión transnacional. Estas organizaciones pueden:
-Seguir y dar a conocer las condiciones dentro de Irán para llamar la atención sobre cualquier violación o amenaza que puedan sufrir los activistas kurdos u otros grupos vulnerables en Irán. Publicar informes, planificar campañas de sensibilización e interactuar con las autoridades nacionales e internacionales son actividades posibles en este ámbito.
-Ofrecer apoyo jurídico a los activistas kurdos perseguidos. Este apoyo puede adoptar la forma de documentación de casos, representación legal y defensa de sus derechos ante juzgados y tribunales nacionales e internacionales.
-Apoyar el reconocimiento y la defensa de los derechos de los kurdos en Irán. Estos derechos pueden incluir el derecho a la representación política, la autonomía lingüística, la autonomía cultural y otros derechos humanos fundamentales que se han negado a los kurdos por motivos étnicos.
FUENTE: Gordyaen Benyamin Jermayi / Kurdish Peace Institute / Traducción y edición: Rojava Azadi Madrid
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