Solafa, Alieh, Sobnem, Hoda, Sanaa, Sepideh, Samar, Loujain, Eren, Sevval, Jila, Azza, Nassima… son los nombres de algunas de las activistas encarceladas en Egipto, Turquía, Irak, Irán y Arabia Saudí. No importa el signo de sus Gobiernos. El respeto a los derechos humanos, y en particular a los derechos de las mujeres, sigue siendo una asignatura pendiente en Oriente Próximo, donde la persecución no ha cesado con la pandemia. Femena, una organización que apoya a los movimientos feministas de la zona, ha lanzado junto a otras seis entidades afines una campaña para llamar la atención de las dificultades que afrontan y movilizar a la opinión pública en su apoyo.
“La presión sobre las defensoras de derechos ha aumentado en toda la región en los últimos años. Pero 2020 ha sido particularmente violento para las activistas, que están trabajando en medio de la pandemia de covid, a la vez que lidian con la pandemia de violencia contra las mujeres, que se ha incrementado en los últimos meses debido a los confinamientos por la nueva enfermedad”, declara Sussan Tahmasebi, cofundadora y directora de Femena, en conversación con EL PAÍS. De ahí que se hayan coordinado con otras organizaciones para lanzar la campaña. El mensaje, explica, es: “Juntos podemos proteger y apoyar a las mujeres defensores de derechos humanos en la región MENA (siglas en inglés de Oriente Próximo y Norte de África)”.
“Alieh Motalebzadeh cumple una sentencia de tres años de cárcel por promover los derechos de las mujeres. La primera vez que Alieh fue encarcelada tenía solo 17 años. Era 1982 durante la represión que siguió a la revolución iraní. Irán tiene que dejar de perseguir a las activistas. Libertad para Alieh”, resume el tuit que acompaña al vídeo sobre su caso.
Alieh es solo una de la treintena de activistas encarceladas en Irán de las que la campaña tiene constancia. El temor es que como en Arabia Saudí, Egipto y Turquía su número sea mayor porque en muchos casos sus familias tienen miedo o sienten vergüenza y no lo dan a conocer. “Si eres poco conocida, la noticia no aparece en la prensa y a veces ni siquiera llega a las organizaciones de derechos”, resume Tahmasebi. No obstante, esta activista considera que el número de detenidas no es una forma precisa de evaluar la creciente presión sobre las defensoras de derechos en la región.
“Hay numerosas mujeres que han sido condenadas a penas de cárcel, pero están a la espera de cumplir sus sentencias. Este limbo se usa para mantenerlas calladas e inactivas. Otras son interrogadas o están a la espera de audiencias judiciales”, señala. “Una cosa está clara, los gobiernos de esta región están persiguiendo a más activistas, de forma más sistemática y con mayor fuerza y violencia que nunca y en muchos casos por pedir los derechos más básicos. Es inaceptable y tiene que acabar”.
Las activistas, recuerda Tahmasebi, reciben los ataques tanto de los Estados como de grupos no vinculados a aquellos. “Muchas afrontan campañas de difamación y desprestigio, les impiden viajar o les bloquean sus haberes. Hay quienes han sido secuestradas o víctimas de acoso judicial con detenciones preventivas o largas penas de cárcel. Algunas incluso han sido torturadas mientras estaban detenidas o les han amenazado de muerte. En algunos casos, como en Irak y Libia, han sido asesinadas”, señala.
Violencia de género elevada
Pero esos problemas, ¿no son los mismos que sufren todos los defensores de derechos, sea cual sea su sexo? Tahmasebi admite con ironía que “en una región donde la mayoría de los países están bastante atrasados en cuanto a la igualdad de género, la persecución de las activistas es una de las pocas áreas en las que avanzan hacia la igualdad”. No obstante, a las dificultades habituales las mujeres suman otras a causa de su condición.
“La mayoría trabajan en contextos donde la violencia de género es ya elevada y la discriminación de las mujeres rampante. Así que en lo personal también padecen el peso de la sociedad patriarcal. Como este tipo de trabajo va contra las normas culturales, muchas familias no les apoyan ante la presión del Estado, lo ven como una deshonra. No sucede lo mismo en el caso de los hombres”, expone Tahmasebi. Además, apunta, “las activistas también se enfrentan a represalias por el hecho de ser mujeres y cuando son detenidas algunas sufren acoso sexual e incluso violación”. A veces incluso afrontan discriminación en el propio entorno de derechos, pues, señala la activista, “sus demandas se centran en cuestiones sociales que son desestimadas como menores por sus compañeros varones”.
“Arabia Saudí ha adoptado reformas necesarias en los derechos de la mujer para demostrar compromiso con el progreso. Irónicamente las activistas que defendían esos mismos derechos están en la cárcel. Tiene que liberar de inmediato a Nassima al Sada, Nouf Abdulaziz y Mayaa al Zahrani”, pide otro de los vídeos de la campaña. También denuncia que, tras dos años de prisión preventiva, Loujain al Hathloul haya sido enviada al Tribunal Antiterrorista. “Defender los derechos de las mujeres no es terrorismo”, subraya.
¿Por qué los derechos de las mujeres son un asunto tan delicado no sólo en autocracias establecidas como Irán y Arabia Saudí sino también en teóricas democracias como Irak y Turquía? Las activistas “cuestionan las normas de género y los constructos jerarquías sociales, lo cual resulta difícil de aceptar en lugares que tienden a ser muy patriarcales y estratificados”, estima Tahmasebi, que añade: “dado que muchas activistas hablan de justicia social, los regímenes autoritarios temen que puedan despertar sentimientos que desde hace tiempo son motivo de descontento entre la población”.
A pesar de las declaraciones grandilocuentes de apoyo a los derechos humanos por parte, sobre todo, de los países occidentales, a diario queda en evidencia que están subordinados a los objetivos políticos del momento. Aun así, la campaña aspira a que “la atención internacional empuje tanto a los Gobiernos de la región como a los occidentales a adoptar una política equilibrada y centrada en la seguridad humana, los derechos y la promoción de la justicia social para los ciudadanos de esta parte del mundo”, resume Tahmasebi. “También esperamos que la ONU actúe con fuerza en estos temas, pero para ello necesita que sus mecanismos reciban apoyo y fondos”, concluye.
FUENTE: Ángeles Espinosa / El País
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