El principal grupo opositor de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), presentó un sombrío balance sobre la evolución del mercado laboral y la situación de la clase trabajadora. Este informe anual, elaborado por el departamento de empleo bajo la coordinación del vicepresidente de la organización política, Veli Agbaba, llamó la atención sobre el aumento de los despidos, de la falta de pago de los salarios y los ataques a las actividades sindicales, derivados por el empeoramiento de la situación económica y el inicio de una recesión que ya comenzó a afectar a miles de trabajadores. En este sentido la declaración de quiebra de más de un millar de empresas, la mayor parte de ellas durante los últimos meses de 2018, incrementó además el número de desempleados, que la investigación situó por encima de las cifras oficiales.
Así, frente a los 3,75 millones de desocupados que estima el gobierno, el CHP elevó su número hasta los 6,4 millones, debido a que solo una quinta parte de ellos son demandantes del subsidio y un porcentaje algo mayor figuran inscritos en las oficinas de empleo.
La mayor parte de los despidos masivos se produjeron principalmente en los sectores del metal, la construcción y la industria textil, según el informe, que destacó igualmente que cerca de mil empleados de prensa y radiodifusión perdieron sus trabajos a lo largo del año, a consecuencia de la incipiente crisis económica.
Al mismo tiempo, se puso de manifiesto la existencia de al menos 16 conflictos laborales abiertos en otras tantas empresas de todo el país, donde miles de asalariados están luchando en la actualidad para mantener sus puestos de trabajo o conseguir que se les paguen los salarios adeudados, en algunos casos durante meses.
Con respecto a los jóvenes, el documento resaltó que Turquía cuenta con uno de los índices más altos de desempleo en comparación con los países de la Unión Europea (UE), que en la actualidad se acerca al 22 por ciento, y lo mismo ocurre con las mujeres, cuya tasa de paro no cayó del 19 por ciento en todo el año pasado.
La erosión de los salarios fue otro tema destacado, remarcando que el poder adquisitivo de los empleados se redujo en casi 50 por ciento, debido principalmente al drástico aumento de la inflación, incluyendo obviamente todos los productos de primera necesidad, “lo que convirtió a los alimentos básicos en un lujo para las mesas de los trabajadores”, según señaló el informe.
El salario mínimo cayó a lo largo del año a un nivel cinco veces menor del promedio de la UE, y si en enero con esa cantidad era posible comprar 447 kilos de cebollas o 29 kilos de carne, para fin de año con el mismo importe solo se podía adquirir 250 y 20 kilos respectivamente, explicó el documento.
Debido al incremento del precio en los suministros de electricidad, agua y gas natural a lo largo de 2018, una quinta parte de ese salario mínimo se empleó en el pago de estas facturas.
La siniestralidad laboral también fue puesta en cuestión por el informe que cifró en cerca de dos mil el número de muertes ocurridas durante la jornada de trabajo, de las cuales al menos 70 víctimas fueron menores de edad y 228 se encontraban por encima de la edad de jubilación.
Estos decesos ocurrieron principalmente en los sectores de la construcción, la agricultura, el transporte y la minería, y en el 95 por ciento de los casos se trató de trabajadores sin filiación sindical.
Igualmente, se destacó el hecho de que al menos 65 trabajadores mineros perdieron la vida en explotaciones no registradas, y por tanto ilícitas, al igual que les ocurrió a cerca de 200 empleados de la construcción.
Especial atención se puso en el consorcio que está llevando a cabo la construcción del tercer aeropuerto en la ciudad de Estambul, señalando el informe que al menos 52 trabajadores perdieron la vida en esta obra de acuerdo con las cifras oficiales, debido principalmente a la escasa vigilancia en materia de seguridad laboral, pues la mayor parte de las tareas las realizaban empresas subcontratadas.
Esta precariedad laboral y la cuestión de los empleos subcontratados también provocó una merma en las retribuciones de los trabajadores, tanto del sector privado como del estatal, según puso de manifiesto la investigación.
Así ocurrió con 80 mil subempleados asignados a empresas públicas a quienes se les prometió una retribución acorde a los parámetros de la administración estatal, sin que llegara a realizarse tal mejora, y a otros 275 mil que quedaron excluidos de las nóminas públicas sin que se arguyera ninguna razón.
FUENTE: Antonio Cuesta / Prensa Latina
