La República turca nunca ha sido gobernada bajo una Constitución democráticamente diseñada. Su Constitución de 1924 se basaba en un modelo que concentraba los poderes ejecutivo y legislativo y que no aseguraba la independencia del Poder Judicial, coincidiendo con los esfuerzos orientalistas de Mustafa Kemal para eliminar la diversidad cultural y lingüística de Turquía. La Constitución de 1961 amplió las libertades civiles, pero simultáneamente sentó las bases para el control militar y judicial de los representantes electos; y la constitución actual fue básicamente redactada por los militares y aprobada después en un referéndum celebrado en 1982 bajo leyes represivas, que impidieron la expresión de opiniones destinadas a influir en el voto negativo de los ciudadanos.
A pesar de las muchas enmiendas, la Constitución actual de Turquía contiene tantas disposiciones objetables (algunas de las cuales no pueden ser enmendadas, ni se puede proponer su enmienda), y tantas excepciones amplias y difusas a los derechos humanos básicos, que a menudo se menciona en broma como la “Sí, pero, Constitución”. En una Resolución de 2008, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa señaló que se necesita una “revisión completa” de la Constitución para que “se ajuste plenamente a las normas europeas”.
La democratización es esencial para la resolución de la cuestión kurda en Turquía. Este hecho ha sido subrayado con dolor en los últimos años, ya que los pasos tentativos pero importantes de Turquía para satisfacer algunas demandas legítimas de los kurdos, como la introducción de la radiodifusión en kurdo, han sido revertidos, y los partidos políticos que abogan por el cambio constitucional, como el HDP, han sido atacados y coartados. Sin instituciones democráticas en funcionamiento, es difícil imaginar cómo se puede garantizar el progreso serio en temas como los derechos humanos, lingüísticos y el autogobierno kurdo.
El supuesto, entonces, de una nueva Constitución que reconozca la diversidad de Turquía es fácil de plantear, pero las enmiendas constitucionales sobre las que votarán los ciudadanos turcos el 16 de abril son tan radicalmente antidemocráticas como se pueda imaginar: en palabras del propio Erdogan: “Concentrarán todo el poder en una sola persona”.
El contenido de las enmiendas constitucionales
A pesar del parloteo del aparato de la Presidencia, resulta perfectamente claro que el voto a favor de las enmiendas del sueño de Erdogan es un voto asesino de la democracia.
La Comisión de Venecia para la Democracia por medio del Derecho del Consejo de Europa señala que las enmiendas “conducen a una concentración excesiva del poder ejecutivo en manos del Presidente y al debilitamiento del control parlamentario de ese poder”. La separación de poderes entre el Presidente y la Asamblea será “ilusoria” porque en la práctica, con toda probabilidad, tendrá mayoría en la Asamblea y tendrá el poder para recompensar a ciertos miembros del Parlamento con prestigiosas posiciones ministeriales. La Asamblea no podrá “ejercer prácticamente ningún poder de supervisión sobre el Presidente y el Gabinete”. Como si eso no fuera suficientemente negativo, el Presidente también podrá ejercer serias presiones sobre la Asamblea a través de su poder para “decidir si, y cuándo, disolver el Parlamento”.
El Presidente tendrá un amplio poder para “puentear” a la Asamblea y emitir leyes por decreto, sólo sujeto a algunas limitaciones muy vagas. El Tribunal Constitucional no tendrá el poder expreso de decidir si el Presidente ha excedido o no esas limitaciones. Incluso si el Tribunal Constitucional de Turquía fuera llamado a decidir si el Presidente ha ido más allá de sus poderes para decretar, lo cierto es que las enmiendas constitucionales socavarán seriamente la independencia del poder judicial. En virtud de las enmiendas propuestas, el Presidente tendría el poder de nombrar a casi la mitad de los miembros del Consejo de Jueces y Fiscales, mientras que los restantes miembros serían nombrados por la Asamblea, que muy probablemente sería controlada por el Presidente. Lo anterior, según la Comisión de Venecia, “pondría en grave peligro la independencia de la judicatura”.
En conclusión, la Comisión de Venecia observa que el papel de la Asamblea “se arriesga a ser marginal” y que la responsabilidad política del Presidente “se limitaría a las elecciones, que tendrían lugar cada cinco años”. Más aún, las enmiendas “debilitarían un sistema ya de por sí inadecuado de supervisión judicial del Ejecutivo”. De forma contundente, la Comisión subraya “los peligros de la degeneración del sistema propuesto hacia un régimen autoritario y personalista”. Human Rights Watch expresa preocupaciones similares: “Los cambios, de hecho, harían permanentes muchos de los poderes urgentes que el Presidente ha asumido”.
El proceso de adopción de las enmiendas constitucionales
Erdogan está utilizando algunos de los métodos más viejos y más conocidos para animar y tentar a los ciudadanos turcos a que aprueben sus enmiendas: votadme y haré que prosperéis; votadme y yo derrotaré a nuestros muchos enemigos de manera brutal; votadme porque, a pesar de lo que pueda parecer, realmente os amo. Todo lo que tenéis que hacer es entregarme vuestras facultades críticas y vuestra libertad y yo os daré el mundo.
Estas ofertas correosas están invariablemente respaldadas por amenazas y actos de violencia, ya que los “opositores” se agrupan junto a los enemigos oficiales del Estado: PKK y FETO (Gulenistas), que no gozan del derecho a la vida. Según Erdogan, “los opositores” serán castigados en esta vida, así como en la siguiente. En el caso de los kurdos -las víctimas de muchas de las atrocidades de Erdogan- saben perfectamente lo que sucede cuando el Presidente no se sale con la suya, habiendo votado el “camino equivocado” en las elecciones de 2015. La resistencia conlleva costes muy serios.
Todo esto tiene lugar en un contexto de tremenda represión dirigida a periodistas, académicos, radiodifusores, partidos políticos, municipalidades locales y casi cualquier persona que discrepe de los planes de Erdogan. Según diversos informes, en tan sólo los últimos seis meses, se ha presentado un total de 2.673 casos contra individuos por “insultar al Presidente”, en virtud del artículo 299 del Código Penal (por cierto, un crimen que aparentemente puede ser cometido en privado, ya que el artículo 299 (2) hace referencia específica a los insultos públicos).
Human Rights Watch señala que no hay “igualdad de condiciones” en el período previo al referéndum, ya que los medios de comunicación independientes en Turquía han sido “casi silenciados”. Medios críticos como Daily Zaman han sido ocupados por consejeros del AKP mediante decretos de emergencia y se han vuelto pro-gubernamentales de la noche a la mañana. Incluso las normas de derecho internacional más elementales sobre la conducta en los referendos, como el principio de igualdad de oportunidades, se están ignorando, ya que el poder del Estado y sus instituciones religiosas se utilizan para promover un determinado resultado y se han cancelado las normas de imparcialidad de los medios.
Algo tan básico como el proceso de adopción de las enmiendas constitucionales en la Asamblea se hizo en violación de las propias normas constitucionales de Turquía, que requieren que se lleven a cabo mediante votación secreta. La Comisión de Venecia señala que esta grave falla en el procedimiento “pone en duda la autenticidad del apoyo a la reforma y el carácter personal del voto de los diputados”.
¿Y ahora qué?
Erdogan, como él mismo ha admitido, ha estado soñando con este sistema autoritario desde los años noventa. Hay quien sugiere que no será disuadido por un voto negativo, y quién sabe a qué depredaciones podría recurrir si todas sus intrigas se desvanecen. Pero si sus planes encuentran un gran obstáculo el 16 de abril, entonces podría haber oportunidades para que las fuerzas democráticas de Turquía revirtieran el peligroso declive democrático de su país. Si la mayoría de los ciudadanos turcos aceptan su trato (el de Erdogan), las consecuencias serían demasiado sombrías para contemplarlas.
La historia sugiere que aceptar un acuerdo servil de este tipo no termina bien.
FUENTE: Thomas Phillips/Kurdish Question/Traducido por Rojava Azadî
