Un residente de Afrin, en el norte de Siria, cuyo nombre fue ocultado para proteger su seguridad, relató con horror la detención de 65 días que sufrió en la prisión Al Rai. Su testimonio fue presentado al Centro para Documentar Violaciones en el norte de Siria (CDV), una organización creada para monitorear las violaciones de derechos humanos en la Afrin ocupada y otras áreas en manos de las milicias del Ejército Libre Sirio (ELS), apoyadas por Turquía.
“Cuando intentamos salir de Afrin como resultado de repetidas violaciones por parte de las facciones (…) fuimos arrestados en un puesto de control”, describió el testigo. Después del arresto, a él y a otros detenidos les ataron las manos y les colocaron bolsas de plástico sobre las cabezas. Los detenidos que intentaron sacarse las bolsas para respirar fueron golpeados.
“A todos nos llevaron a una habitación de solo tres metros de largo y dos de ancho, después de sacarnos las bolsas -continuó el denunciante-. Después de la medianoche nos trajeron comida. Pedimos que nos soltaran nuestras manos para comer, pero nos dijeron: ‘Tienen que comer como perros’”.
A esto se suma que los detenidos fueron tomados al azar para ser torturados. El testigo afirmó que eran golpeados regularmente con cables y que incluso había visto a un prisionero a quien le cortaron la oreja con unas tijeras. Antes de su liberación, el declarante fue retirado de la prisión y sometido a una ejecución simulada.
Las fotografías de las lesiones que sufrió por la tortura se incluyeron en uno de los informes realizados por el CDV.
Este relato es similar a numerosos informes de tortura a civiles bajo custodia del ELS en otras partes de Afrin, donde los secuestros ocurren con regularidad y las milicias secuestran a individuos con familiares que viven en el extranjero, para extorsionarlos con dinero. Otro informe del Centro señaló que Turquía ha consolidado el poder sobre las cárceles que controla el ELS, dando crédito a la mención de la fuente del personal turco presente en el lugar.
La detención arbitraria y la tortura de civiles están prohibidas por el derecho internacional. Si se realizan bajo supervisión turca, son una violación de las obligaciones de ese Estado en virtud de la Convención de Ginebra en lo que se refiere a una fuerza de ocupación en Afrin. A pesar de esto, las organizaciones de derechos humanos han prestado poca atención a los reclamos consistentes de violaciones atroces, a menudo denunciadas con gran riesgo para los activistas locales, las organizaciones y las propias víctimas.
FUENTE: Meghan Bodette / The Region / Traducción y edición: Kurdistán América Latina