Recep Tayyip Erdogan, el todopoderoso presidente de Turquía, se vio obligado la semana pasada a dar un giro de 180 grados que reveló tanto su mal juicio como su vulnerabilidad política.
Despidió a Melih Bulu, un integrante de su partido, que impuso como rector de la prestigiosa Universidad Bogazici (Bósforo) de Estambul, en enero pasada. La marcha atrás de Erdogan ocurrió a seis meses de protestas en el campus de la universidad, que se hicieron eco en todo el país, en un movimiento de masas más sostenido desde el levantamiento cívico que arrasó las zonas urbanas y costeras de Turquía a mediados de 2013.
Desde entonces, Erdogan se ha movido decisivamente hacia el gobierno de un solo hombre, reemplazando el sistema parlamentario de Turquía con una presidencia al estilo de Rusia y empaquetando instituciones como el Poder Judicial, la academia y los medios de comunicación con agentes propios. Desde el intento de golpe de Estado hace cinco años, además ha utilizado poderes de emergencia para despedir a más de 100.000 personas y detener a otras casi a su antojo.
Sin embargo, todavía no ha logrado aplastar a la mitad de la población turca que se opone a su intrusión en su espacio personal y político, y a la amalgama nacional-populista de su partido neoislamista Justicia y Desarrollo (AKP) y su aliado, el Movimiento Nacionalista (MHP), de extrema derecha.
El nombramiento de Bulu fue tomado como una afrenta particular por académicos y ex alumnos de Bogazici, la universidad más importante y decididamente laica de Turquía, que fue fundada por misioneros protestantes estadounidenses en el siglo XIX.
Erdogan ha ampliado el acceso a la educación superior, triplicando el número de universidades en dos décadas, pero brindando cantidad, no calidad. Acostumbrado a seleccionar a sus propios rectores, en Bogazici simplemente se negaron a aceptar una mediocridad académica, acusando a Bulu de mentiras e incapaz incluso de ganar la selección para un escaño del AKP en 2015.
El movimiento contra Bulu y por la libertad académica se negó a rendirse, incluso cuando sus partidarios fueron vilipendiados como “terroristas” y “desviados LGBT” por Suleiman Soylu, el poderoso ministro del Interior de Erdogan.
Es demasiado pronto para declarar que este cambio de cara es una victoria. Hubo mucha oposición, por ejemplo, cuando Erdogan dejó a Berat Albayrak, su mimado yerno, como ministro de Finanzas en noviembre pasado. Pero desde entonces se ha deshecho de administradores más ortodoxos y competentes de la debilitada economía de Turquía.
El abandono de Bulu, que incluso Erdogan vio que era inadecuado, puede que no sea más que una retirada táctica, que probablemente hará que el presidente sea vengativo en otros frentes. Cuando un luchador callejero político como Erdogan tiene que agacharse y tejer, es bueno tener cuidado con el contragolpe.
Sin embargo, esta instancia muy pública de mal juicio es parte de una vulnerabilidad más amplia. El AKP, uno de los partidos gobernantes más exitosos de los tiempos modernos, que ha triunfado en más de una docena de contiendas electorales, fue vaciado. Erdogan ha purgado a sus antiguos camaradas y cofundadores, prefiriendo que una corte de aduladores del neo-sultán le diga lo que quiere oír.
En las elecciones locales de 2019 perdió Estambul, donde comenzó como alcalde y que siempre ha estado en el corazón de su mística, así como la capital Ankara, y la mayoría de las grandes ciudades de Turquía. Estos indicios de mortalidad política han sido amplificados recientemente por el desplome del AKP en las encuestas. El partido ha sido abandonado por distritos electorales más atraídos por una prosperidad cada vez mayor que por una ideología estrecha. El modelo de crecimiento de Erdogan, basado en crédito, consumo y construcción barata, se desmoronó antes de la pandemia, o de hecho el fracaso de Albayrak para defender la lira a pesar de quemar más de 100 mil millones de dólares en reservas.
Ese desperdicio vanaglorioso se ha convertido en un tintineo útil para una oposición fragmentada, aún indecisa sobre su orden de batalla política para las elecciones previstas para 2023. También lo son las alarmantes acusaciones y revelaciones que el gángster fugitivo Sedat Peker, un ex compañero de viaje del AKP, que está descartando letalmente la idea de que Erdogan representa cualquier cosa, excepto el transaccionalismo. Además, muchas mujeres turcas, más allá de las líneas ideológicas y culturales, están indignadas por la retirada de Erdogan de la Convención de Estambul de 2011 para prevenir la violencia contra las mujeres, que Turquía fue el primer país en firmar.
Sus caprichos autocráticos han ido acumulando fuerzas en su contra, no solo del laico Partido Republicano Popular (CHP) de Mustafa Kemal Ataturk, fundador de la república, al que fácilmente había rechazado. Se ha abierto camino hacia el poder con aliados descartados como el ex primer ministro Ahmet Davutoglu, el ex presidente Abdullah Gul y el ex vicepresidente y zar de economía Ali Babacan. Han fundado partidos rivales del AKP que no pueden ganar, pero pueden restar votos y sumarlos a cualquier coalición contra Erdogan.
El victorioso alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, del CHP pero con un perfil un poco como el de Erdogan, construyó con éxito una amplia coalición contra el AKP, demostrando que se podía detener al gigante.
Erdogan está contraatacando con una campaña judicial para cerrar y destripar al Partido Democrático de los Pueblos (HDP), una coalición de izquierda pro kurda, que es el tercer partido más grande de Turquía. Ya ha encarcelado a muchos de sus líderes, parlamentarios, alcaldes y activistas, calificándolo de frente del armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que ha librado la guerra contra Ankara durante más de tres décadas. Al tratar al HDP como lobos terroristas con piel de oveja, el AKP espera quitarse de encima a los votantes conservadores kurdos que lo apoyaron en el pasado.
El oportunismo de Erdogan ha sido a menudo oportuno. Pero muchos en Turquía sienten que su indudable talento está menguando y que su suerte se puede estar acabando.
FUENTE: David Gardner / Financial Times
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