La anunciada limpieza étnica contra los kurdos en las zonas del norte de Siria ocupadas por Turquía, es un hecho consolidado en la región de Afrin y se aplica ya en la franja delimitada por las ciudades de Tel Abyad, Ras al Ain, la frontera turco-siria y la autovía M-4.
En ambos casos, las operaciones militares realizadas a comienzos de 2018 y finales del 2019 contaron con la misma circunstancia: las tropas de tierra tuvieron el apoyo necesario de la base aérea de Incirlik, defendida, tras el acuerdo entre el gobierno español y los mandos de la OTAN, por un contingente español con baterías de misiles Patriot.
Desde entonces, y gracias a la presencia permanente del Ejército turco, estas dos zonas, anteriormente administradas por la autonomía de Rojava (Kurdistán sirio), están en manos del Ejército Nacional Sirio (ENS), que, pese a su nombre, es un conglomerado de milicias, por lo general islamistas, financiadas, organizadas y armadas por Turquía.
Estos grupos, de acuerdo con miles de denuncias presentadas por las organizaciones de derechos humanos, se han dedicado durante estos dos años al pillaje, el saqueo y la extorsión, perpetrando los peores crímenes contra la humanidad y teniendo como víctimas propiciatorias los derechos de la mujer, a la que se le imponen las rígidas normas islamistas en la forma de vestir, y las minorías religiosas no suníes, como los yezidis, cristianos y musulmanes de orientación chií -alevis y alawíes-.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR) no ha cesado en denunciar, prácticamente a diario y en palabras textuales, “las más horrendas violaciones contra los civiles” con el objetivo principal de modificar el balance demográfico favorable al componente kurdo en beneficio del árabe suní, política que se completa con la destrucción de todo símbolo, monumento o nombre que recuerde a las señas de identidad de este pueblo indoeuropeo.
En estos momentos, y debido a esta política de limpieza étnica, el vuelco demográfico sería ya una realidad en la región de Afrin y en fase avanzada a lo largo y ancho de la citada franja entre Tel Abyad y Ras al Ain. De acuerdo con los datos existentes, la región de Afrin seguiría contando con unos 300.000 kurdos frente al casi medio millón de reasentados, proporción que en la capital sería de 50.000 frente a 100.000.
En torno a los 400.000 serían también los kurdos desplazados de ambas regiones, actualmente convertidos en refugiados internos y distribuidos, fundamentalmente, entre los campos de Shehba, Mahmudi, Dahan, Tel Seman, Arisha, Washukani y Newroz. Ya en noviembre de 2019, el Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones (UNFPA) elaboró un detallado informe con estos desplazamientos.
Para conseguir que la población autóctona abandone sus hogares, pueblos y tierras, las citadas milicias aplican diversos métodos de extorsión, creando un clima de terror que, finalmente, lleva a las familias a hacer las maletas, siendo conscientes de un difícil retorno, ya que los grupos armados impiden la vuelta a sus casas de quienes se marchan.
Estos crímenes no han cesado en ningún momento y continúan en la actualidad. A modo de ejemplo, se pueden citar la reciente localización de mujeres en cárceles secretas con el objetivo de cobrar rescates por su liberación y la quema de miles de hectáreas de cereal en pleno periodo de cosecha. Entre las últimas denuncias, destaca el caso de Valentina Arslan, una joven de Afrin secuestrada en el 2018.
Su familia, refugiada en los campos de Shehba, tuvo sus últimas noticias por una llamada, a finales del pasado año desde Kafer Nabel, en una zona de Idlib bajo influencia de las tropas turcas. En una fotografía se puede ver a Valentina totalmente cubierta cuando solía vestir “a la europea” antes de la invasión. Su familia asegura haber recibido vídeos, según informa la agencia Rudaw, con abusos sexuales sobre ella.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos también informaba el pasado domingo 7 de junio, de la aparición en la zona de Azaz del cuerpo de una joven sin vida que, supuestamente, habría sido secuestrada por miembros de la brigada Sultán Murad, uno de los muchos grupos pro-turcos que integran el denominado ENS.
Otros casos recientes son los del pueblo de Sufan, donde miembros del grupo Al Sham mataron a un vecino que se resistía a dejar su casa; el de Qasim, donde estalló un enfrentamiento de varias familias con la milicia Al Sharqiya por el cobro de nuevas tasas, siendo expulsadas las que se negaron a pagar, o el de Mirkan, donde milicianos de Al Shamiya detuvieron a un hombre bajo la acusación de colaborar con organizaciones kurdas, que moriría tras ser brutalmente torturado. Luego ataron el cadáver a un vehículo y lo pasearon por las calles de la localidad para infundir miedo entre la población.
La última modalidad de extorsión consiste en sustraer los sistemas de perforación y bombeo para el agua de riego, y la imposición de fuertes tasas sobre los cultivos. Así ha ocurrido, según los datos del Observatorio, este mismo mes de mayo en las localidades de Abu Rasin, Kumayher, Draku, Al Said, Um Ishbeh, Al Qasimiya, Al Mahmudiya, todas ellas en la citada franja entre Tel Abyad y Ras al Ain.
Precisamente en los meses de abril y mayo, el Observatorio Sirio ha constatado la llegada a estas dos ciudades de cientos de familias procedentes de Jarabulus, Al Ghouta, Homs e Idlib, que han sido trasladadas en autobuses hasta las zonas ocupadas. De acuerdo con el reciente informe del Consejo Europeo sobre Política Exterior, solo en la zona de Tel Abyad la población habría aumentado en 100.000 personas. Como se sabe, porque así lo ha anunciado abiertamente el gobierno turco, Ankara tiene un plan para reasentar en esta franja varios millones de refugiados, por lo general de etnia árabe y religión suní.
El informe de este prestigioso centro independiente de análisis internacional también ha constatado una política para desconectar estas regiones del resto de Siria, vinculándolas a instituciones o servicios de Turquía en vez de procurar el restablecimiento de las relaciones con las regiones administradas por el gobierno de Damasco, en aras de una reconstrucción nacional. Esta política se estaría aplicando en la red eléctrica, la telefonía, el uso de la lira turca como moneda corriente, los imames de las mezquitas, las facultades universitarias y, sobre todo, la enseñanza, impartiéndose las clases en árabe y turco bajo supervisión del Ministerio de Educación de Turquía.
El principal problema, desde el punto de vista de los valores democráticos y los derechos humanos, estriba en que, pese a la flagrante violación de estos derechos, tanto la Alianza Atlántica como el actual gobierno, integrado por PSOE y Unidas Podemos, han mantenido estos últimos meses y por razones estratégicas el apoyo a Turquía, en concreto renovando la presencia de tropas españolas en la base de Incirlik, infraestructura militar clave para sostener la ocupación turca, haciendo así asumible el etnocidio perpetrado en Rojava, la región más occidental y mediterránea del Kurdistán.
FUENTE: Manuel Martorell / Cuarto Poder
