Rakza Salih Fawaz, de 50 años, y su hija de 14, Farah Adnan Ramdan, formaban parte de un grupo de 30 jornaleros que trabajaban en un campo de algodón el 9 de octubre cerca del pueblo de Bcheïrîyé, en el noreste de Siria.
“Hacia las 10 de la mañana, algo golpeó mi cabeza”, dijo Rakza. “Oí a Farah gritar que había perdido una pierna. Intenté alcanzarla, pero me desmayé”.
Fueron trasladadas a un hospital de Al-Hasakah por sus compañeros de trabajo. La mujer dijo a Human Rights Watch que en la granja no había combatientes ni presencia militar, solo trabajadores que intentaban llegar a fin de mes.
Rakza y Farah son algunas de las muchas víctimas de los bombardeos aéreos de Turquía en el noreste de Siria. En un informe reciente, Human Rights Watch documentó cómo los bombardeos aéreos de Turquía en el noreste de Siria han causado daños a infraestructuras críticas en toda la región. Pero más allá de esto, algunos civiles -como Rakza y Farah- han pagado el precio de los ataques turcos con la vida y la integridad física.
Entre el 5 y el 10 de octubre de 2023, los ataques turcos con drones sobre zonas del noreste de Siria controladas por kurdos mataron al menos a 11 civiles e hirieron a muchos más, según el Centro de Información de Rojava, organización voluntaria de medios de comunicación e investigación del noreste de Siria.
Tanto Rakza como Farah han trabajado como jornaleras en los últimos años para asegurar el sustento de la familia y mantener al marido de Rakza, que padece una discapacidad intelectual.
Tras salir del hospital hace sólo dos días, Rakza vive ahora con unos parientes. Dadas sus lesiones, ella y su hija no saben cómo podrán llegar a fin de mes, lo que deja a toda la familia en una situación precaria.
En 2022, Human Rights Watch documentó que los niños con discapacidad, entre los que ahora se incluye también Farah, no tienen acceso a necesidades básicas, educación, dispositivos de asistencia, incluidas prótesis, ni apoyo psicosocial.
En sus sucesivas operaciones militares en el norte de Siria, las Fuerzas Armadas turcas parecen no haber tomado en repetidas ocasiones las precauciones necesarias para evitar víctimas civiles, incluidos tres ataques que Human Rights Watch documentó a finales de enero de 2018 en los que murieron 26 civiles, entre ellos 17 niños. En virtud del derecho internacional humanitario, en la conducción de operaciones militares, las Fuerzas Armadas turcas y todas las partes en conflicto deben tomar todas las precauciones factibles para evitar, y en todo caso minimizar, la pérdida de vidas de civiles, las lesiones a civiles y los daños a bienes de carácter civil.
Los civiles perjudicados por las operaciones militares turcas, incluidas Rakza y Farah, merecen que se rindan cuentas. Los niños con discapacidad merecen protección y asistencia. Turquía debe investigar a fondo los ataques en los que murieron o resultaron heridos civiles y proporcionar reparación adecuada, cuando proceda, a las víctimas o a sus familias. Debe hacer rendir cuentas a los responsables de violaciones del derecho internacional humanitario derivadas de tales ataques.
FUENTE: Myriam Whaibe/ Human Rights Watch / Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid
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