La operación Rama de Olivo, perpetrada por Turquía por el momento se salda con más de trescientos civiles asesinados y un millar de heridos. El riesgo de genocidio es altísimo, como lo denuncian organizaciones de sociedad civil y de ayuda humanitaria. La agresión militar viola la legislación internacional, según el artículo 51 de la carta de Naciones Unidas. Asimismo, el ejército turco ha intensificado los ataques contra los territorios kurdos en Siria, violando la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un alto el fuego en Siria.
Este domingo se cumplen dos años* del acuerdo de la vergüenza Unión Europea (UE) – Turquía y, a pesar de contar con un balance trágico en cuanto a violación de derechos fundamentales, muertes y pérdida de derechos civiles, el gobierno de Ankara sigue siendo el socio preferencial de la UE. La comunidad internacional mira para otro lado ante los ataques genocidas en Afrin, parece que es el precio que hay que pagar por contratar a Turquía como el policía de nuestras fronteras.
La involución democrática de Turquía es un proceso que lleva años larvándose, la excusa del intento de Golpe de Estado supuso la aceleración de este proceso de pérdida de derechos y represión. Hay que recordar que las medidas autoritarias del Gobierno turco no sólo afectan a la oposición política o minorías como la kurda, sino que también socavan los pilares fundamentales del Estado de Derecho como la libertad de expresión, de prensa, académica y un sistema judicial independiente. Es fundamental recordar la detención y prisión de los principales dirigentes de Amnistía Internacional.
La lógica de la guerra, dentro y fuera de Turquía, ha sido clave para convertir el estado de emergencia en la norma, estableciendo un nuevo paradigma de la “normalidad” basado en la violencia. El AKP superó la crisis más grave de su historia, provocada por las elecciones de junio de 2015, por medio de la guerra. De esta forma, la guerra se ha convertido en la palanca fundamental para el fomento del régimen, un régimen de partido dirigido por un hombre fuerte y dominado por la lógica extrema “amigo / enemigo”.
Una deriva autoritaria y militarista con una reconfiguración de su política exterior marcada por un acercamiento a Arabia Saudí y Rusia, por la reactivación de la guerra contra el PKK, los constantes ataques a la libertad de información y los derechos fundamentales, así como por la modificación del bloque de poder con la expulsión de los “Gulenistas” y la incorporación de los ultranacionalistas del Partido de Acción Nacionalista de extrema derecha.
En un contexto en el que el mensaje dominante en Europa ha pasado del “Refugees welcome” ha convertirse en un “Do not come to Europe “, expresado por el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk. En donde las instituciones y gobiernos europeos están respondiendo a uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la UE en los últimos tiempos con una combinación inédita de neoliberalismo y xenofobia, un fortalecimiento de todas las políticas securitarias y de externalización de fronteras, del que el acuerdo EU – Turquía es uno de sus mayores exponentes. La política autoritaria y militarista del gobierno de Erdogan no parece ser un impedimento para que el gendarme turco siga siendo nuestro socio preferencial económica, comercial y políticamente.
Según el último informe especial nº 7/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo la ayuda financiera a Turquía se estima en 9.000 millones de euros hasta 2020. No sólo no parece que la UE esté dispuesta a aplicar ningún mecanismo de congelación de ayuda financiera y suspensión de acuerdos preferenciales aduaneros y comerciales, en virtud de la estricta aplicación de los artículos 3, 6 y 21 del TUE, sino que hemos sabido recientemente que la Comisión Europea se propone a desembolsar 3.000 millones de euros a Turquía para la gestión migratoria en compensación no escrita del acuerdo migratorio de la vergüenza. Se trata de un nuevo cheque en blanco para el régimen autoritario y criminal de Erdogan, a quien subcontratamos la recepción de refugiados a un país que no es signatario de la Convención de Ginebra y cuya deriva autoritaria y violaciones de los derechos fundamentales ya no pueden ser ignoradas por nadie.
Las instituciones y gobiernos de la Unión Europea no pueden seguir mirando hacia otro lado o, peor, siendo cómplices de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional por parte del Estado turco. El tiempo para expresar diplomáticamente “preocupaciones” se ha acabado hace mucho tiempo. Hemos visto cómo el Presidente de Turquía, Erdogan, ha explotado al máximo la inacción de la UE, paralizada por miedo de “tocar” el ilegal acuerdo sobre los refugiados con Turquía. La operación de la UE de externalización de fronteras, convirtiendo al gendarme turco en el guardián fronterizo de Schengen, ha fortalecido y legitimado al régimen de Erdogan.
En este segundo aniversario seguimos recordando y defendiendo que hay que romper este acuerdo vergonzante, acabar con el genocidio de los kurdos en el cantón de Afrin y defender la democracia en Turquía. Mientras, nuestras fronteras y mares se siguen tiñendo de sangre y somos cómplices de crímenes de lesa humanidad.
*Artículo publicado el 18 de marzo de 2018
FUENTE: Miguel Urbán / Público
