La Asociación de Derechos Humanos de Turquía (IHD, por sus siglas originales) publicó su informe sobre la situación en las cárceles de Turquía en 2022. La investigación se elaboró a partir de peticiones a la asociación, informes periódicos de las prisiones, e información recopilada durante las visitas a las prisiones. En total, se registraron 10.789 violaciones a los derechos de los y las presas. Aunque es probable que el número de casos no denunciados sea mucho mayor.
Según la IHD, los “problemas en las cárceles turcas van mucho más allá de las violaciones enumeradas en este informe y sus apéndices. No es posible que las ONG obtengan información y cifras que muestren el alcance actual de las violaciones cometidas en las cárceles turcas, ya que se les bloquea el acceso y la presentación de informes. Las violaciones recogidas en este informe sólo reflejan una parte muy limitada de la situación actual, basándose en los datos de que dispone la IHD”.
En este sentido, en el informe también se critica la falta de transparencia de los datos sobre prisiones, señalando que la Dirección General de Prisiones y Centros de Detención de Turquía sí comparte ciertos datos estadísticos, pero no, por ejemplo, datos sobre presos LGBT+, presos políticos, extranjeros, enfermos, con discapacidad y presas con bebés. El organismo oficial ni siquiera difunde información sobre los y las presas fallecidas.
Según la investigación, las principales violaciones por parte del Estado turco están vinculadas al derecho a la salud, la prevención de la excarcelación, los derechos sociales, la tortura y los malos tratos, la discriminación, el derecho a un juicio justo, los derechos económicos y sociales y los derechos de comunicación e información.
El informe además señala numerosas peticiones de presos para ser trasladados a cárceles más cercanas a sus familias, que las autoridades penitenciarias suelen ignorar.
El IHD advierte que el panorama en las cárceles turcas es desolador, debido a que, al menos, 81 presos perdieron la vida en 2022. De ellos, 36 murieron por enfermedad, seis de ellos poco después de ser puestos en libertad. El informe revela 25 muertes en circunstancias sospechosas, 19 presuntos suicidios y 10 casos de intento de suicidio.
El informe subraya que todas estas muertes podrían haberse evitado. La organización de derechos humanos pide, a su vez, que se tomen medidas adecuadas para garantizar el acceso a los derechos de salud y el respeto de la dignidad humana, y para proteger la integridad física y psicológica de los presos y de las presas.
Otro grave problema detectado por IHD es el hacinamiento en las cárceles turcas: el número de reclusos y reclusas supera la capacidad de las prisiones, lo que da lugar a condiciones penitenciarias inhumanas. Al mismo tiempo, el número de reclusos aumenta constantemente. Mientras que el número de presos en 2013 era de 144.098, para el 3 de julio de 2023 había un total de 360.722 personas en prisión. La capacidad total de las prisiones es de 296.202. La tasa de ocupación era del 97,17%, en 2013, y del 115,59% en 2022.
Entre otros puntos, el informe aborda la deficiente atención sanitaria prestada a los presos y las presas. Muchos presos con enfermedades crónicas no reciben la atención médica que necesitan. Según el informe, en abril de 2022 había 1.517 presos enfermos en las cárceles turcas, 651 de ellos gravemente enfermos. La situación derivada de la pandemia del Covid-19, en particular, ha vuelto a poner de manifiesto la falta de atención sanitaria.
A su vez, en la investigación se documentan varios casos de violencia y tortura, por lo cual se demanda que se ponga fin al aislamiento prolongado de los presos y las presas, que puede provocar graves daños psicológicos. En cuanto a la naturaleza de las violaciones en este ámbito, la IHD remarca que se han detectado 1.852 violaciones en este ámbito.
“Se trata de prácticas de tortura y malos tratos en las prisiones; palizas/amenazas/insultos y provocaciones, cacheos sin ropa, registros de la cavidad bucal, pases de lista constantes, marchas en orden militar, denegación del derecho a salir al exterior, problemas en las celdas y en los pabellones, coacción para informar, vigilancia de los alojamientos mediante cámaras”, agrega el informe.
En la investigación se recomienda la necesidad de prestar especial atención a los derechos de las mujeres y los menores presos, ya que se enfrentan a retos particulares en el sistema penitenciario.
Por último, en el informe se recuerda que el líder kurdo Abdullah Öcalan no ha sido visitado por sus abogados desde el 7 de agosto de 2019 y no se sabe nada de él desde hace 29 meses, que no se ha dado respuesta positiva ni negativa a sus solicitudes de visita y que el 18 de julio se le impuso una nueva sanción disciplinaria.
FUENTE: ANF
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