“Erdogan ha venido a Madrid a convencer al mundo de que nosotros, los kurdos, somos los verdaderos terroristas. Y lo dice alguien cuyo gobierno lleva años realizando esfuerzos para liberar a los presos del Daesh capturados y encarcelados por nuestra gente en el norte de Siria”, nos dice Ramzi J. Ala, un médico jubilado hispano-kurdo de La Mancha, que lleva viviendo en nuestro país desde la década de los 70. Acostumbra a convenirse que el número actual de kurdos en España es de unas 1.500 personas. Llegaron a ser en torno a 2.000 hace 20 años, pero la recesión y el desempleo empujó a al menos una cuarta parte a emigrar a países como Alemania, Suecia o Finlandia.
Este martes 28 de junio se ha reunido justamente en la capital de España el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y varios representantes de Suecia y de Finlandia, para dar su visto bueno a los países para su entrada en la Alianza Atlántica. Hasta ahora, Erdogan vetaba el ingreso de suecos y finlandeses, aduciendo que ambos estados son un refugio de “terroristas kurdos”. Como tales, son “oficialmente” considerados por Turquía los miembros de milicias como el PKK, las YPG o las YBS o de organizaciones políticas, como el PYD. En la práctica, sin embargo, suelen extender la condición de “terrorista” a todo kurdo que defienda la identidad de su nación y su derecho a la autodeterminación.
Según Faruk Doru, residente en Madrid y portavoz del movimiento kurdo en España, “lo que en verdad pretende Erdogan es aprovechar la distracción de Ucrania y las bazas que le da la posibilidad de veto para que Estados Unidos y los europeos den el visto bueno a una nueva ocupación de territorio kurdo en el norte de Siria. Claro, lo que nosotros nos preguntamos es cómo puede un dictador pedir a dos países democráticos como Suecia y Finlandia que modifiquen sus leyes y sus constituciones para emprender una persecución racista de nuestro pueblo. ¿En calidad de qué y con qué autoridad moral puede reclamar a Estocolmo y Helsinki que detengan a nuestros refugiados?”.
España nunca ha sido un destino preferente de la diáspora kurda. La mayoría de los refugiados solo pasan por aquí de camino hacia Alemania, Escandinavia o el Reino Unido, donde sí existen unas arraigadas y numerosas comunidades. Incluso, muchos de los que recalaron aquí recientemente como consecuencia del conflicto sirio, utilizaron la Península como una estación intermedia en su camino hacia el norte de Europa. No pocos de esos kurdos españoles son propietarios o trabajadores de restaurantes de kebab. Salieron huyendo de la pobreza y, más aún, de la persecución a la que se les somete en los cuatro estados por los que se reparten.
En todos ellos han sido históricamente reprimidos de forma sistemática o han padecido el yugo de una tiranía corrupta. Y ello no solo vale para Turquía, Siria e Irán. También en las dos porciones del norte de Irak, gobernadas por las familias kurdas Barzani y Talabani, se hallan subyugados por una cleptocracia corrupta y una brutal policía cuyo verdadero rostro ya no consiguen disimular bajo la bandera del nacionalismo tribal kurdo.
El citado Faruk Doru fue con anterioridad el portavoz del partido kurdo de Turquía HDP en Europa, una formación prokurda y progresista, cuyos líderes han sido perseguidos y encarcelados por Erdogan. En España, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) llegó a recibir seiscientos votos de la comunidad kurda. Sus adversarios políticos en la arena internacional, el PDK de los Barzani, abrieron una oficina en la capital española en 2010. Madrid, por su parte, tiene un cónsul honorario en Erbil. No es un secreto el hecho de que los Barzani colaboran estrechamente con los turcos en la represión de los movimientos kurdos de liberación de Siria, Turquía e Irak. En opinión de Ramzi Ala, “son un caballo de Troya de Ankara en el territorio de Bashur (Kurdistán iraquí).
La persecución a los kurdos por presiones turcas se ha extendido también a la Península. Desde 2013 y a petición de las autoridades del gobierno de Erdogan, entre 20 y 30 personas han sido detenidas, encarceladas o vinculadas por la policía española al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y su brazo armado, las Fuerzas de Defensa Popular (HPG), una organización incluida hace 20 años por la Unión Europea en su listado de grupos terroristas. Todas fueron absueltas o se archivó sus causas; en algunos casos, después de que los imputados cumplieran condena preventiva incluso en régimen FIES (para presos peligrosos).
Uno de los casos más sonados es el de los miembros de Reconstrucción Comunista (RC) condenados en octubre de 2018 por pertenencia a un grupo criminal –pero absueltos de pertenencia a una organización–, a quienes la Brigada de Información de la Policía Nacional y el juez Eloy Velasco acusaban de formar parte de un entramado que enviaba terroristas a combatir en Oriente Medio. El desconocimiento de la realidad geopolítica del que se hacía gala en los informes policiales y en el auto judicial llevó al juez a asumir presunciones nunca demostradas, como que las milicias kurdas de Siria (YPG) que han combatido contra el Estado Islámico con el apoyo de los norteamericanos y de una coalición de la que forma parte España, se hallan subordinadas al PKK y comparten los mismos dirigentes. En el concierto de las naciones de Occidente, sólo la dictadura turca defiende la posición del magistrado.
El auto daba también por hecho que RC había realizado labores de reclutamiento, e incluso había intimidado y obligado a algunos de sus miembros a pelear contra el Estado Islámico, a quienes se enviaba a Siria con la colaboración de un germano –Alexander Höher–, supuesto militante del Partido Marxista Leninista de Turquía (MLKP), cuya extradición se reclamaba a las autoridades de Bonn, y de un kurdo de Turquía –Nizamettin Gul-. Los alemanes se negaron a extraditar a Höher porque no consideraban que ninguna de sus actividades merecían la consideración de delito, pero el juez mantuvo la orden internacional de captura por si viajaba a algún tercer país que tenía bien el enviarlo a España. Eso nunca sucedió.
Antes de que se dictara sentencia, los miembros de RC fueron asociados de antemano por parte de la prensa con “criminales kurdos de Turquía”. “La policía detiene a tres terroristas kurdos del PKK en València”, se aseguraba, por ejemplo, en el titular de un diario levantino en enero de 2016. Los kurdos de los que hablaba ese periódico eran, en realidad, tres militantes valencianos del RC, y ninguno de ellos fue inculpado junto al resto de sus compañeros después de ser interrogados. Ni siquiera el responsable del Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid encontró nada punible en sus actos, lo que no impidió que el mencionado diario convirtiera en “terroristas” en su titular a los comunistas.
Por aquellas mismas fechas, se insinuaba o aseguraba literalmente que esa pequeña formación estalinista era la delegación española del PKK, una organización con la que, sin embargo, jamás habían mantenido lazos “institucionales” demostrables. En el auto, Velasco llamaba la atención con fines probatorios sobre el hallazgo de “una bandera del PKK” en la sede de RC en Madrid durante el registro que se practicó, y sobre la amistad circunstancial de Vaquero con un kurdo propietario de un kebab madrileño –Nizamettin Gul–, finalmente absuelto por la Audiencia Nacional tras ser reiteradamente tildado de “terrorista” ante la opinión pública.
Gul ya había sido detenido en 2013 junto a su hermano Firat –ambos ex boxeadores– y otros cuatro kurdos –Zeki Batur, Hakan Hulen, Ismet Tuk y Yulus Enru– en el transcurso de la operación policial “Anatolia”. En este caso, la policía sostenía que había desarticulado a una red de financiación mediante extorsiones del movimiento de liberación kurdo de Turquía. Amparándose en el testimonio de una supuesta víctima de la trama que actuó como confidente policial, la Brigada de Información mantenía que los inculpados intimidaban a la comunidad kurda de Madrid, Levante y Galicia para que los expatriados contribuyeran económicamente con cantidades de entre 200 y 500 euros mensuales al sostenimiento de la guerrilla kurda. Cerca de medio año pasaron en prisión incondicional antes de que sus casos fueran archivados. Nunca se les resarció por ello ni se divulgó siquiera que habían sido exonerados de los cargos, a diferencia de lo sucedido durante sus detenciones, en febrero de 2013, cuando cerca de un centenar de medios de comunicación amplificaron de forma la versión de los hechos que la policía y el juez nunca probaron.
La agencia gubernamental turca TRT fue incluso más allá e incluyó hace cuatro años de manera explícita el nombre de Reconstrucción Comunista entre “los muchos nombres adoptados por los terroristas del PKK para transnacionalizarse”. TRT criminalizó a partidos europeos como la Brigada Bob Crowe (BCB), la Unión Revolucionaria para la Solidaridad Internacional (RUIS) de Grecia o el español Reconstrucción Comunista, y los vincula directamente al PKK a través del Batallón para la Libertad de Rojava (EOT o IFB), al que a su vez relaciona con el PKK a través del Movimiento Revolucionario de los Pueblos Unidos (HBDH), una alianza, según los turcos, de diez partidos de izquierdas pro-PKK.
Otros jueces intentaron inculpar a varios milicianos españoles que combatieron en Rojava en las filas de formaciones kurdas como las YPG, a las que Erdogan considera terroristas igualmente. Uno de los casos más populares fue el del gallego Arges Artiaga, a quien la AN trató de atribuir a su regreso del primero de sus tres viajes a Siria –en abril de 2016– los delitos de homicidio, pertenencia a organización criminal, tenencia de armas y comprometer la paz o independencia del Estado. Artiaga estaba recibiendo el mismo o peor trato que los yihadistas de ISIS a los que combatió. Pero el auto fue archivado en junio de ese mismo año sin que fuera arrestado o ingresara en prisión.
El asedio policial y judicial a todos estos milicianos y a los militantes comunistas del Comité de Solidaridad con Rojava ha suscitado, en paralelo, acusaciones a las autoridades españolas de seguidismo y sumisión a las directrices turcas, además de un debate sobre la verdadera naturaleza del HPG (o PKK) y de las organizaciones políticas y militares autónomas kurdas que también se inspiran en el apoísmo –la ideología reformulada por su fundador Abdullah Öcalan–, confinado por los turcos en una cárcel de Estambul- tras renunciar a sus viejas filias estalinistas y tomar prestado de Murray Bookchin algunos conceptos cercanos al anarquismo, como el municipalismo libertario o el confederalismo-.
¿Es o no el PKK un grupo terrorista? “Es cierto que, sobre todo al principio, durante los años 80 y a comienzos de los 90, esta milicia organizó y ejecutó actos que pueden considerarse ‘terroristas’. Pero compararlo ahora con una organización criminal es un grave error de interpretación”, aseguraba el periodista especializado en asuntos kurdos Manuel Martorell en una entrevista realizada por este diario. El antiguo redactor-jefe de Internacional del diario El Mundo –sin ninguna simpatía política conocida– fue también vetado en los Estados Unidos por unas supuestas actividades terroristas que nunca se aclararon y que, probablemente, guardaban relación con el hecho de que había tomado parte en una conferencia donde uno de los ponentes simpatizaba con el movimiento kurdo de liberación de Turquía. Al igual que buena parte de la opinión pública internacional e incluso algunos miembros del gobierno norteamericano partidarios de la eliminación del PKK del listado de organizaciones terroristas, Martorell no alberga dudas de que ni los métodos ni las actividades de esa milicia son, en rigor, hoy en día, los propios de los terroristas.
Atendiendo las peticiones de Turquía –uno de los socios comerciales y políticos con los que nuestro país mantiene lazos más estrechos–, España ha arrestado a 14 sospechosos de terrorismo kurdo, pero paradójicamente desoyó las peticiones de Ankara y se negó a extraditarlos, una vez llevadas a cabo las publicitadas operaciones policiales donde, por sistema, salía a relucir la supuesta condición de terrorista de individuos cuyo único delito era a menudo oponerse a la dictadura de Erdogan o defender al pueblo kurdo. El más controvertido de estos arrestos y encarcelamientos fue el del periodista sueco de origen turco Hamza Yalçin, a quien la Audiencia Nacional mantuvo en la cárcel durante varias semanas pese a las reiteradas peticiones de liberación que formularon las propias autoridades suecas.
El hostigamiento a los milicianos españoles que han combatido como voluntarios en el norte de Siria plantea, asimismo, un segundo debate acerca de si, en verdad, debería ser consideradas las milicias kurdas de Siria (YPG) una mera delegación o brazo armado regional del PKK, tal y como Eloy Velasco y Erdogan sostenían. El criterio norteamericano es que unas y otras son autónomas e independientes, a pesar de que –nunca lo han ocultado– el PKK contribuyó y sigue contribuyendo con efectivos a la lucha contra los yihadistas en batallas como la de Kobane o en la defensa de los yezidíes de Sinyar. Fue, de hecho, el PKK quien impidió el genocidio de los yezidíes de Sinyar después de que los peshmergas kurdo-iraquíes de Barzani se retiraran del área para proteger los pozos de petróleo de Kirkuk, en plena ofensiva del Daesh.
Se sabe también que ninguna de esas organizaciones comparten los mismos líderes y menos todavía existen pruebas de que los sirios subordinen sus decisiones a sus hermanos kurdos de Turquía, más allá de las relaciones de amistad que les conecta y de sus afinidades ideológicas. En una entrevista realizada por este diario a Cemil Bayik, enemigo público número uno de Turquía, el líder del PKK aseguraba: “Tanto los Estados Unidos como sus aliados occidentales saben que el PKK ni es ni merece ser considerada una organización terrorista. El incluirnos en ese listado fue una decisión meramente política que tenía por finalidad contentar a Turquía y no poner en peligro las relaciones económicas y políticas con este país, al que los occidentales otorgan un trato de privilegio. El mundo capitalista se basa en intereses. En relación a las políticas hacia Oriente Medio, no podemos esperar ningún enfoque sostenido sobre valores morales”.
FUENTE: Ferran Barber / Público
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