Fuerzas turcas están dando a grupos armados sirios libertad absoluta para cometer graves abusos contra los derechos humanos de la población civil en la ciudad norteña de Afrin. Así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional (AI), tras una investigación exhaustiva sobre la vida bajo la ocupación militar turca.
Según la investigación publicada, los habitantes de Afrin están soportando una amplia diversidad de violaciones de derechos humanos, en su mayoría cometidas por grupos sirios armados y equipados por Turquía. Estas violaciones Incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, confiscación de propiedades y saqueos, y se cometen mientras las fuerzas armadas turcas miran hacia otro lado. Algunos de estos grupos, y las propias fuerzas armadas turcas, también han asaltado edificios escolares, interrumpiendo la educación de miles de niños y niñas.
“La ofensiva y la ocupación militar de Turquía han agravado el sufrimiento de los habitantes de Afrin, que ya llevan años soportando un sangriento conflicto. Oímos relatos espantosos de personas detenidas, torturadas o sometidas a desaparición forzada por grupos armados sirios, que siguen causando estragos en la población civil sin el control de las fuerzas turcas”, indica la investigación.
A continuación el informe expresa: “Turquía es la potencia ocupante en Afrin, y por tanto es responsable del bienestar de la población civil y del mantenimiento del orden público. Hasta ahora, sus fuerzas armadas han fracasado estrepitosamente en el cumplimiento de estas obligaciones. No pueden eludir su responsabilidad usando a los grupos armados sirios para que les hagan el trabajo sucio. Sin mayor dilación, Turquía debe poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por los grupos armados proturcos, obligar a sus autores a rendir cuentas y comprometerse a ayudar a los residentes de Afrin a rehacer sus vidas”.
En enero de 2018, Turquía y grupos armados sirios aliados lanzaron una ofensiva militar contra las Unidades de Protección del Pueblo (YPG, por sus siglas en kurdo), que es la fuerza de autodefensa de la administración autónoma en el norte del país. Tres meses más tarde, Turquía y sus fuerzas aliadas tomaron el control de Afrin y sus inmediaciones, causando el desplazamiento forzoso de miles de personas, que huyeron y buscaron refugio en la región cercana de Al ShEhba, donde se sabe que están viviendo en condiciones muy difíciles.
Según algunos residentes de Afrin, las fuerzas armadas de Turquía tienen una presencia considerable en el centro de la ciudad y en varios pueblos circundantes. El 1 de julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía declaró que sus fuerzas armadas permanecerán en Afrin para seguir trabajando en el desarrollo de la zona.
De mayo a julio de 2018, Amnistía Internacional entrevistó a 32 personas; algunas seguían viviendo en Afrín, mientras que otras habían huido a otras partes de Siria o a otros países. Las personas entrevistadas citaron a los grupos armados Ferqa 55, Jabha Al Shamiye, Faylaq Al Sham, Sultan Mourad y Ahrar Al Sharqiye, entre otros, como responsables de graves violaciones de derechos humanos.
El 16 de julio, Amnistía Internacional remitió un resumen de sus conclusiones preliminares al gobierno turco, solicitando respuesta. El 25 de julio, el gobierno turco respondió cuestionando la imparcialidad de la terminología empleada, como “región de Al Shehba” y “administración autónoma”, sin dar una respuesta concreta sobre las conclusiones.
Amnistía Internacional entrevistó a personas residentes y desplazadas internas que informaron de que grupos armados habían detenido arbitrariamente a civiles al azar como castigo por reclamar sus propiedades, o por acusaciones infundadas de filiación al PYD (Partido de la Unión Democrática) o a las unidades de las YPG. Fuentes locales relataron a la organización al menos 86 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada.
Una mujer desplazada de Afrin explicó a AI que varios miembros de un grupo armado proturco se habían llevado a su tío, que había regresado a su pueblo tres meses antes. Así lo contó: “No sabemos dónde está. Era el presidente del komine (el consejo local). No está afiliado al PYD ni a las YPG. Volvió a Afrin porque tenía miedo de perder su casa. Se instaló con su esposa en otra casa porque nuestro pueblo se había convertido en una base militar de las fuerzas turcas. Una noche decidió pedir a los grupos armados que lo llevaran a su casa para comprobar su estado. El grupo armado lo escoltó hasta su vivienda, y desde entonces no ha regresado. No le decían a su esposa adónde lo habían llevado”.
Según dos ex detenidos entrevistados por Amnistía Internacional, estuvieron privados de libertad por el grupo Sultan Mourad y fueron acusados de filiación a las YPG. Contaron a la organización que habían visto a periodistas, docentes, ingenieros y activistas, así como ex trabajadores del PYD y combatientes de las YPG, en la prisión de Azaz donde habían estado recluidos.
Uno relató: “Estuve dos meses recluido cerca de Afrin. Sufrí múltiples traslados a centros de detención en Maamalou, Damliou y Baadino, todos pueblos circundantes de Afrin, donde fui interrogado por miembros de dos grupos armados y las fuerzas armadas de Turquía. Todas las preguntas giraban en torno a mis actividades en redes sociales, y me acusaron de estar afiliado a las YPG por haber denunciado las violaciones de derechos humanos cometidas por Turquía durante la operación militar (…) Me recluyeron en la prisión de Al Rai, en Azaz, controlada por Sultan Mourad. No me torturaron, pero vi cómo miembros de Sultan Mourad golpeaban a hombres delante de mí sólo por diversión, y por la noche resonaban gritos de hombres en todo el edificio. Me pusieron en libertad sin ver a un juez. Pensaba que nunca lograría salir de allí”.
Desde marzo de 2018, cuando Turquía y los grupos armados aliados tomaron el control de Afrin, cientos de personas han ido regresando a la ciudad a pie a través de una ruta de montaña, ya que las YPG han bloqueado las rutas oficiales de acceso a la ciudad, impidiendo deliberadamente el retorno a Afrin de las personas desplazadas. Muchas de las personas que habían podido regresar se encontraron con que sus propiedades habían sido confiscadas y sus bienes robados por grupos armados aliados con Turquía.
Una decena de personas contaron a AI que los grupos armados sirios habían confiscado propiedades y tiendas en Afrin. Residentes desplazados dijeron que familiares y vecinos les habían informado de que sus viviendas estaban sirviendo de cuarteles militares a los grupos armados proturcos, o siendo ocupadas por familias desplazadas desde la Guta Oriental y Homs.
Un maestro desplazado en un campo en la región de Al Shehba contó a Amnistía Internacional que el grupo Faylaq Al Sham había confiscado su vivienda en Jinderes: “Me dijo mi vecino que mi casa había sido confiscada. Me envió imágenes donde se ve escrito claramente ‘Faylaq Al Sham’ en el muro de la entrada”.
Amnistía Internacional entrevistó asimismo a tres residentes desplazados que denunciaban que los grupos armados les habían confiscado los negocios. Un hombre y su hijo, diseñador gráfico, que poseían tres establecimientos comerciales en Afrin dijeron que un familiar les había contado que el grupo armado Ferqa 55 había confiscado su casa. Además, recibieron fotografías en las que se veía una de sus tiendas transformada en carnicería por una familia llegada de la Guta Oriental. El propietario de un supermercado en un pueblo cercano a Afrin contó a la organización que un familiar le había contado hace poco que su mercado había sido saqueado y ahora estaba regentado por una familia de la Guta Oriental.
Una mujer dijo a Amnistía Internacional: “Las familias de la Guta no tienen la culpa. Es gente desplazada como nosotros, y que incluso podría estar en peor situación que nosotros”.
Una docena de personas contaron a AI que habían presenciado saqueos o los habían padecido. Varias personas desplazadas fueron informadas por sus familiares de que sus viviendas habían sido completamente saqueadas o de que se habían llevado de ellas artículos de valor, como aparatos de televisión, ordenadores, lavadoras o frigoríficos.
En abril de 2018, un representante del tribunal militar aseguró en una entrevista para un medio de comunicación que habían tenido lugar episodios de saqueo durante la operación militar, protagonizados tanto por civiles como por miembros de las fuerzas armadas, pero que el tribunal había empezado a devolver los bienes a sus propietarios. El representante judicial explicó que, en coordinación con la policía militar en Azaz y las fuerzas armadas de Turquía, los responsables de los saqueos habían sido detenidos y puestos a disposición judicial. Pero una persona que había regresado a Afrin en mayo contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Fui a casa de mis padres y estaba vacía. Habían robado todos los muebles, aparatos y las demás cosas. Los vecinos habían visto al Ejército Sirio Libre cargando todos los muebles en camiones. Al menos cuatro grupos armados controlan el pueblo, así que no saben cuál de ellos fue el responsable”.
Un residente de Afrin que había buscado refugio en Alemania contó a Amnistía Internacional: “Tengo cinco apartamentos en la ciudad de Afrin, y un establecimiento comercial. Mi amigo me ha dicho que dos de mis casas ahora están ocupadas por familias desplazadas. Conseguí el número de teléfono de dos familias, una de Harasta y otra de la Guta Oriental. Llamé para pedirles que cuidaran de la vivienda, pero me dijeron que ya había sido saqueada cuando se instalaron en ella. Yo acababa de reformar la casa. No tengo el problema con las familias que viven en la casa, sino con los grupos armados”.
“Todas las partes del conflicto de Siria, incluidas las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), las fuerzas armadas de Turquía y grupos armados locales, deberían facilitar el retorno seguro y voluntario de la población a Afrin”, ha dicho Lynn Maalouf.
“En cuanto a la potencia ocupante, Turquía debe proporcionar plena reparación a las personas cuya vivienda ha sido confiscada, destruida o saqueada por las fuerzas de seguridad o sus aliados. La obligación de Turquía es garantizar a la población civil desplazada el retorno a sus hogares en Afrin y la restitución de sus bienes o, si eso no fuera posible, su indemnización”, manifestó.
Desde enero de 2018, el acceso a la educación ha sido casi imposible para la población de Afrin. Varios residentes contaron a Amnistía Internacional que, desde marzo, en la ciudad de Afrin sólo había acceso a un centro escolar, y la Universidad de la ciudad se había cerrado del todo tras su destrucción y saqueo. Según antiguos maestros desplazados a la región de Al Shehba, fuerzas turcas junto con grupos armados sirios aliados, están usando la Escuela Amir Ghabari de Afrin como cuartel militar. Amnistía Internacional examinó imágenes de satélite del 20 de abril de 2018 en las que se veían varios vehículos acorazados y una estructura de reciente construcción. Ni los vehículos ni la estructura estaban ahí antes de que las fuerzas turcas y los grupos armados tomaran el control de Afrin el 18 de marzo de 2018.
Según residentes y fuentes periodísticas locales, las fuerzas turcas y los grupos armados habían transformado en cuartel militar la escuela pública de Shara en junio de 2018. Además, las fuerzas turcas utilizan otra escuela en Jinderes como hospital de campaña, según los residentes.
“Con arreglo al derecho internacional humanitario, sobre todo referido a situaciones de ocupación, los centros escolares deben beneficiarse de protección especial y la educación infantil debe estar garantizada. Pedimos a Turquía que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la vuelta a clase de los escolares y la pronta rehabilitación y reapertura de la universidad”, ha afirmado Lynn Maalouf.
Tras la ofensiva en enero de 2018, miles de personas huyeron a la cercana región de Al Shehba. Al menos 140.000 personas viven actualmente en campamentos o en casas con destrozos y sin acceso adecuado a servicios, sobre todo asistencia médica. Los heridos y enfermos crónicos deben esperar a obtener permiso del gobierno para entrar en la ciudad de Alepo, el lugar más cercano donde pueden recibir asistencia médica adecuada.
El gobierno sirio, además, impide cualquier traslado desde la región de Al Shehba hasta otras partes de Siria donde las condiciones de vida son mejores, por lo que muchas personas con dificultades para sobrevivir se ven obligadas a pagar grandes sumas de dinero a traficantes para burlar estas restricciones de circulación.
Además, las YPG han bloqueado las carreteras que conectan la región de Al Shehba con Afrin, impidiendo a propósito que las personas desplazadas vuelvan a sus casas. Desde que terminó la operación militar en marzo, cientos de personas han regresado a Afrin tras recorrer a pie una larga y ardua ruta de montaña.
Una mujer que había regresado a Afrin a principios de abril contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Mi tía, que tiene 60 años y padecía un tipo grave de diabetes y otros problemas de salud, murió por una deshidratación aguda en el viaje de vuelta a Afrin. Las YPG no nos dejaron ir en nuestros coches por la carretera oficial, así que tuvimos que caminar durante unas cinco horas. Se deshidrató a medio camino. Su hija fue a buscar un manantial para traerle agua, pero no consiguió volver a tiempo”.
Según varias personas, incluidos miembros de la Media Luna Roja kurda, el gobierno sirio ha restringido la evacuación médica de los civiles enfermos y heridos desde la región de Al Shehba hasta Alepo. Personal médico y de la Media Luna Roja kurda contó a Amnistía Internacional que sólo hay un hospital y dos clínicas proporcionando asistencia médica básica y medicamentos en la región de Al Shehba. Según decían, carecen del material y los conocimientos médicos necesarios para realizar operaciones quirúrgicas o tratar enfermedades crónicas.
En el momento de redactarse este informe había unas 300 personas con enfermedades crónicas y lesiones graves esperando a que el gobierno sirio aprobara su evacuación médica. Desde mediados de marzo, sólo 50 personas han conseguido permiso para desplazarse al hospital nacional de Alepo para recibir tratamiento.
FUENTE: Amnistía Internacional
