La tortura es una política estatal en Turquía, aplicada sistemáticamente y profundamente arraigada en las prácticas de detención e interrogatorio, particularmente contra presos políticos y grupos minoritarios, según la principal abogado de derechos humanos de Turquía, Eren Keskin.
En una conferencia de prensa el sábado pasado, en la que se presentó el Informe sobre violaciones de los derechos penitenciarios de 2022-2023, Keskin, copresidenta de la Asociación de Derechos Humanos (İHD), enfatizó la naturaleza sistémica de estas violaciones y afirmó que el uso generalizado de la tortura , incluida la violencia sexual, sirve no sólo como método de represión sino también como herramienta para mantener el control y reprimir la disidencia dentro del aparato estatal.
Keskin destacó que el aislamiento practicado en la prisión de İmralı contra el líder del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan, refleja políticas estatales de opresión más amplias. La abogada advirtió sobre las condiciones inhumanas descritas en el informe, recopiladas de quejas en 91 prisiones, son una extensión directa de la represión política evidente en las condiciones de aislamiento de Öcalan y otros detenidos en İmralı.
Durante la presentación del informe se puso de relieve graves discrepancias en las normas jurídicas y de derechos humanos aplicadas a las y los presos, en particular a los identificados como políticos. Keskin señaló que a pesar de haber seguido más de mil casos que involucran a funcionarios uniformados desde 1997, sólo uno ha resultado en una condena, lo que subraya la impunidad que a menudo se otorga a los funcionarios estatales.
Además, alertó sobre los desafíos específicos que enfrentan las prisioneras, lo que indica una inquietante normalización de la violencia sexual como herramienta de guerra y represión, facilitada por fallas sistémicas para documentar y abordar la tortura de manera adecuada. La dependencia de informes médicos de instituciones estatales, a menudo retenidos o incompletos, ha dificultado la adecuada reparación legal y la rendición de cuentas.
Keskin llamó la atención sobre la extrema necesidad de reformas y adhesión a las normas internacionales de derechos humanos, como lo ilustran las discusiones en torno a la Convención de Estambul, que, según ella, estuvo significativamente influenciada por las luchas de los movimientos de mujeres kurdas y turcas por el reconocimiento y la justicia. Sugirió que sin abordar estas cuestiones fundamentales de la violencia sancionada por el Estado y el silenciamiento de las voces críticas, la democratización genuina y el respeto por los derechos humanos siguen siendo difíciles de alcanzar en Turquía.
FUENTE: Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina
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