Daba la impresión de que Tayip Erdogán no podía ir más lejos en su contragolpe para acabar con los pocos vestigios democráticos del sistema político turco, pero este viernes daba un nuevo y peligrosísimo paso más hacia el enfrentamiento civil desmantelando el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), coalición electoral que apoya el movimiento kurdo, tercera fuerza parlamentaria del país y último vínculo legal que unía a los representantes de este pueblo con el sistema político.
Salahattin Demirtash y Figen Yuksedag, copresidentes del HDP, personas de gran popularidad no sólo entre los 20 millones de kurdos de Turquía sino también entre buena parte de la población turca, fueron detenidos en la ciudad de Diyarbakir bajo la acusación de terrorismo, la misma utilizada para cerrar decenas de medios de comunicación y para sustituir por gestoras gubernamentales los ayuntamientos elegidos democráticamente en los principales municipios kurdos.
Concretamente en esta ciudad, Gultan Kisanak (alcaldesa) y Firat Anli (alcalde), igualmente detenidos, han sido reemplazados por Cumaci Atila, un funcionario del gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Kisanak y Anli, siguiendo el modelo paritario del HDP, gobernaban esta metrópoli con casi un millón de habitantes de forma conjunta. Lo mismo ha ocurrido en otras importantes ciudades del Kurdistán turco. En este sentido, otra propuesta del AKP pretende nombrar gestoras gubernamentales para dirigir tanto el HDP como el Partido Democrático de las Regiones (DBP), principal organización que impulsa el HDP, también afectada por esta escalada represiva.
Precisamente, entre las personas arrestadas se encuentra Sebahat Tuncel, copresidenta del DBP, que prácticamente fue llevada arrastras a un centro antiterrorista para ser interrogada. Asimismo resultaron detenidas Selma Irmak, Gulsen Yildirim, Nursel Aydogan y Leyla Birlik, y los parlamentarios Idris Baluken, Ziya Pir, Sureya Onder, Imam Tascier, Abdullah Zeydan y Fehat Encu. Pir, Onder y Tascier quedaron en libertad a disposición judicial tras ser interrogados por la Policía.
En el caso de Figen Yuksedag, la detención se produjo después de que la policía derribara la puerta de su casa. Se da la circunstancia de que la copresidenta del HDP había sido condenada recientemente a diez meses de prisión por asistir al funeral de Yasmin Ciftici, militante del Partido Comunista Marxista-Leninista fallecida al manipular un explosivo en diciembre de 2012. Esta organización de extrema izquierda turca es una de las que apoya a las fuerzas kurdas en Siria en la lucha contra el Estado Islámico.
La medida del Gobierno de Erdogán para desmantelar el HDP se toma gracias a una iniciativa legal del AKP para retirar a los diputados kurdos la inmunidad parlamentaria, una medida que ya provocó el rechazo tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Nada más conocerse las detenciones, los embajadores europeos en Turquía mantuvieron una reunión de urgencia, en la que intervino por videoconferencia Federica Mogherini, responsable de la política exterior de la UE, con el objetivo de consensuar una postura común ante la grave amenaza que esta situación puede suponer para la estabilidad de Turquía.
Portavoces de la Embajada de EEUU también mostraron una preocupación semejante, sumándose esta queja a la ya larga lista de desencuentros entre los dos aliados debido a la postura de Tayip Erdogán en la lucha contra el Estado Islámico, la guerra siria y la actual ofensiva de Mosul.
También se han registrado protestas en distintos países europeos, sobre todo en Francia, Alemania e Italia. En España, Marina Albiol, encargada de relaciones exteriores de la Izquierda Unida, ha solicitado una entrevista con el embajador turco en Madrid para expresarle su “honda preocupación” por la situación de los derechos humanos en Turquía y en particular por estas detenciones.
Kemal Kilicdaroglu, líder del socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal partido de la oposición turca que no se distingue precisamente por su apoyo a las reivindicaciones kurdas, ha declarado que las detenciones llevan a Turquía por “una dirección peligrosa”. Otros dirigentes de esta organización, que suele coincidir con el Gobierno en su política antiterrorista, hablaban directamente de la “división del país” y de un nuevo “golpe” al sistema parlamentario.
La reacción de las organizaciones kurdas y de los propios dirigentes del HDP ha sido mucho más dura ya que, en su opinión, la posible desaparición del HDP no dejaría al poderoso movimiento kurdo de Turquía otra salida que las armas. La Unión de Comunidades del Kurdistán (KNK), que aglutina a varios grupos vinculados tanto al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) de Turquía como al Partido de la Unidad Democrática (PYD) de Siria, difundió una corta declaración dirigida a la opinión pública internacional diciendo que “había pasado el tiempo de las palabras” y era la hora de la resistencia en todos los lugares donde fuera posible, por lo que realizaba un llamamiento a todo el pueblo kurdo, en especial a los jóvenes y a las mujeres, para demostrar al Gobierno de Erdogán que no puede doblegarles.
Por su parte, Murat Karayilan, uno de los portavoces del PKK, aseguró que las acciones de la guerrilla kurda se iban a incrementar como consecuencia de los apresamientos. Sólo unas horas después, estallaba una bomba frente a un centro policial de Diyarbakir provocando una decena de muertos. De forma significativa y por primera vez en Europa, un tribunal belga acaba de dictar una sentencia considerando que las acciones del PKK no son actos terroristas sino que deben ser enmarcadas en un “conflicto armado” que ya dura más de tres décadas.
FUENTE: Manuel Martorell/Cuarto Poder
