La crítica del redactor jefe de Tele1, Merdan Yanardag, al aislamiento absoluto al que es sometido el líder kurdo Abdullah Öcalan, durante una emisión televisiva, ha generado un debate público en Turquía.
Yanardag advirtió: “El aislamiento contra Abdullah Öcalan no tiene base legal. Debe ser levantado. Ni siquiera se le permite reunirse con su familia y abogados. ¿Cómo es posible tal sistema de ejecución?”. Después de sus declaraciones, Yanardag fue blanco de una investigación y posterior arresto.
El lunes pasado, los y las abogadas que representan a Öcalan y a los otros tres presos políticos aislados en la isla-prisión de Imrali, emitieron un comunicado en el que aseguraron: “Lo que en realidad debería investigarse es el propio régimen de aislamiento de Imrali y sus implementadores”.
En la declaración, desde el denominado Bufete de Asrin se alertó que “tampoco se sabe nada de Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım y Veysi Aktaş, quienes están detenidos junto con Öcalan en İmrali”.
En el comunicado, se denunció que “la negación de los derechos y libertades fundamentales también es una forma de tortura. A pesar de los repetidos esfuerzos durante más de 27 meses, el Sr. Öcalan y otros reclusos han sido aislados del mundo exterior y no hay información fiable sobre sus condiciones de salud y de detención. Esta es la etapa más violenta de la tortura en Imrali. Es obvio que lo que está mal e ilegítimo son estas prácticas en sí mismas”.
“Debe saberse que los ataques a los derechos personales de nuestros clientes no son ajenos a estas políticas –advirtieron los y las abogadas-. Contrariamente a la propaganda del gobierno, millones han declarado que el Sr. Öcalan representa la libertad y la democracia. En 2006-2007, más de tres millones de personas en Turquía presentaron sus firmas ante la Gran Asamblea Nacional de Turquía, y más de 10 millones de personas presentaron una petición al Consejo de Europa en 2013, exigiendo la libertad del Sr. Öcalan”.
Como resultado de esas solicitudes, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó una decisión cautelar, tomada el 6 de septiembre de 2022, al gobierno. El 19 de enero de 2023, desde el Comité de la ONU recordó su decisión al gobierno y afirmó que “se debe permitir que Öcalan y otros reclusos se reúnan de inmediato con sus abogados sin restricciones”.
Al referirse a esto, en el Bufete de Asrin apuntaron que “vemos que el gobierno aún no cumple con el veredicto internacional que está obligado a cumplir. El incumplimiento de esta decisión y la continuación de otras formas de aislamiento constituyen el delito de dolo y tortura. Hacemos un llamado al gobierno y al Ministerio de Justicia para que cumplan con la decisión cautelar del Comité de Derechos Humanos de la ONU y pongan fin de inmediato a las prácticas de incomunicación y tortura”.
FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina
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