El 11 de septiembre de 2020, las vidas de los kurdos Servet Turgut -de 55 años y padre de siete hijos- y de Osman Şiban -de 50 años y padre ocho hijos- se convirtieron en una película de terror. Ese día, los dos campesinos originarios del distrito de Çatak, en la provincia de Van, en el Kurdistán turco (Bakur, sudeste del país), fueron detenidos por soldados del ejército, torturados y subidos a un helicóptero desde el cual los lanzaron al vacío.
Aunque parezca increíble, Şiban sobrevivió. Turgut no corrió la misma suerte: falleció tras 20 días en coma. Luego de su hospitalización, Osman intentó continuar con la vida. Pero le esperaba una nueva sorpresa: la Justicia turca lo imputó por, supuestamente, pertenecer a una “organización terrorista”. En Turquía, esa acusación es moneda corriente para perseguir opositores, militantes y civiles, sobre todo, si habitan Bakur. La justificación del Poder Judicial –con el aval explícito del gobierno nacional- es siempre la misma: integrar las filas del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). Para afirmar esto, ni a la Justicia ni al gobierno les interesa presentar ningún tipo de prueba concreta.
El jueves 26 de enero, se conoció que la segunda audiencia contra Osman Şiban se llevó a cabo en el Segundo Tribunal Penal Superior, en la región de Mersin. Durante el proceso de la semana pasada, el acusado, junto a sus abogados, estuvo presente en la sala. En la audiencia, se presentaron dos “testigos” por videoconferencia, a los cuales Osman no reconoció. Uno de los “testigos”, nombrado por las siglas YS, argumentó que el campesino kurdo era integrante del PKK.
Quien sí estuvo el fatídico día de septiembre de 2020 fue Cengiz Şiban, hermano de Osman, que en ese momento declaró a la agencia de noticias Mesopotamya que, al ser detenidos y luego subidos al helicóptero, los dos campesinos se encontraban en buen estado de salud y no tenían heridas.
Cengiz recordó que, recién 78 horas después, pudieron dar con el paradero de Şiban y Turgut, cuando “nos enteramos de que estaban en cuidados intensivos”. Al ser ingresados al hospital, los militares turcos hablaron con los médicos y les dijeron que los campesinos eran terroristas que intentaron “escapar en helicóptero”.
Durante la audiencia judicial, Osman recordó que, cuando el Estado turco permitió el regreso a su aldea, que fue evacuada por el ejército, construyó una casa donde se alojó. A su vez, negó que recibiera visitas de militantes del PKK. “Yo vivo en el altiplano y allí tampoco presencié ninguna actividad (del PKK). Me quedo en mi casa allí dos meses al año. Mi casa está vacía durante los 10 meses restantes”. Osman también exigió su absolución en la causa donde lo imputan.
Según la agencia de noticias ANF, las “pruebas” presentadas en contra del poblador de Çatak son que en su casa tenía “tres bidones de combustible de repuesto” y que el área de la aldea donde vive fue sobrevolada por un dron de reconocimiento el 9 de septiembre de 2020, que permitió registrar “actividades” que “no encajaban coherentemente en el flujo habitual de la vida”. Otra “prueba” judicial que justifica el proceso contra Osman es que un “testigo” –del que, por supuesto, no se sabe nada- afirmó que la casa del campesino fue “visitada regularmente” en las décadas de 1980 y 1990 por los comandantes del PKK, Murat Karayilan y Mahsum Korkmaz” (este último asesinado en Gabar, el 28 de marzo de 1986).
Un año después del ataque contra Osman y Servet, el abogado de la familia Şiban, Baran Bilici, alertó que la Justicia turca no tenía ningún interés en investigar lo ocurrido. “Creemos que los autores que sean identificados deben ser procesados por el delito de tortura –remarcó el abogado-. Porque este tipo de sucesos ocurren con frecuencia en la región, pero los implicados en este tipo de incidentes son absueltos. Este fue un incidente muy grave y las familias tienen expectativas. Quieren que se haga lo que legalmente corresponde”.
El caso de Osman y Servet también tuvo “daños colaterales”: los y las periodistas kurdas Adnan Bilen, Zeynep Durgut, Cemil Uğur, Nazan Sala y Şehriban Abi fueron llevados ante los tribunales por informar sobre el hecho. Por supuesto, la Justicia los acusó de “pertenencia a una organización terrorista” y de difundir “propaganda terrorista”. Aunque fueron absueltos en enero de 2022, el Poder Judicial tuvo tiempo de condenar a un año y tres meses de prisión a Nazan Sala –la sentencia después fue suspendida- y mantener a los cinco en prisión preventiva por seis meses durante el juicio.
Por el momento, el equipo de abogados de Şiban solicitó más tiempo para armar la defensa del campesino kurdo, algo que el tribunal aceptó. La próxima audiencia será el 11 de abril, aunque la vida de Osman ya no será la misma.
FUENTE: Leandro Albani / La tinta
Be the first to comment