Con respecto a la falta absoluta de comunicación con el líder del PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) Abdullah Öcalan, el bufete de abogados Asrin (los letrados defensores del dirigente kurdo) realizaron una declaración al respecto de la reciente visita del Comité de Prevención de la Tortura (CPT) a Turquía.
En el texto, los abogados indicaron que “hemos oído que el Sr. Öcalan no asistió a la reunión con el Comité de Prevención de la Tortura durante su visita a la isla de İmrali en septiembre de 2022”. Imrali es la isla en el mar de Mármara donde el líder del PKK se encuentra recluido desde 1999 bajo un sistema de seguridad militar.
El bufete jurídico que representa a Öcalan también difundió un comunicado sobre las condiciones de absoluta incomunicación a la que es sometido el líder kurdo. En el texto se recordó que Öcalan “es nuestro cliente desde febrero de 1999, y el Sr. Hamili Yıldırım, el Sr. Ömer Hayri Konar y el Sr. Veysi Aktaş, son nuestros clientes desde marzo de 2015. Están recluidos en una prisión de alta seguridad. Las condiciones de detención a las que están sometidos son diferentes a las recogidas en la legislación nacional y no pueden beneficiarse de ninguno de sus derechos fundamentales”.
A su vez, remarcaron que “a pesar de que hemos presentado numerosas solicitudes y reclamaciones en relación con este asunto, los derechos legales de nuestros clientes no se han establecido hasta la fecha. El último contacto físico con ellos se produjo en el marco de una visita familiar, el 3 de marzo de 2020. A nuestros clientes no se les ha permitido ningún contacto físico con el mundo exterior desde esta fecha”.
“Obligados por circunstancias extraordinarias –agregaron-, las autoridades (turcas) concedieron excepcionalmente permiso para una llamada telefónica el 25 de marzo de 2021, es decir, sólo un año después de la última visita. Nuestros clientes, el Sr. Ömer Hayri Konar y el Sr. Veysi Aktaş, boicotearon la llamada telefónica en protesta por el aislamiento al que están sometidos. La llamada telefónica del Sr. Öcalan con su hermano fue abortada antes de tiempo debido a su interrupción. Tras este problemático contacto, no ha sido posible acceder a ninguna información fehaciente sobre nuestros clientes”.
Para el bufete de abogados, “durante los 20 meses posteriores a estas llamadas telefónicas, nuestros clientes han estado completamente aislados del mundo exterior y recluidos en régimen de incomunicación absoluta, un estado de cosas que contraviene las normas jurídicas universales y la legislación nacional, lo que equivale a tortura y malos tratos. Aunque hemos hecho muchos intentos de llamar la atención sobre las consecuencias que ha causado o puede causar este trato, y de buscar reparación por ello, lamentablemente no nos ha sido posible obtener resultado alguno. Los mecanismos de control nacionales e internacionales, son ineficaces”.
“Hemos presentado quejas y recursos ante la Oficina del Defensor del Pueblo, la Comisión de Investigación de Derechos Humanos de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía, el Ministerio de Justicia y sus departamentos competentes, así como muchas organizaciones no gubernamentales –aseguraron en el comunicado-. También hemos presentado una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sus subunidades creadas para combatir la tortura. En gran parte sin respuesta, estas solicitudes no han dado ningún resultado tangible en términos de cambiar las prácticas de aislamiento en la prisión de İmrali”.
“En este sentido, queremos recordar que el entonces Ministro de Justicia (turco) hizo una declaración, en 2019, tras recibir a los miembros del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), declarando que no había obstáculos para que los internos de la prisión recibieran visitas –manifestaron los letrados-. En ese momento, la lucha contra el aislamiento había tomado la forma de huelgas de hambre y la razón de las mismas fue reconocida por la opinión pública democrática. Sin embargo, queremos subrayar que se trata de un problema de derecho y de democracia, por lo que esperamos que los organismos correspondientes, que prometieron que se encargarían de la lucha, cumplan sus promesas”.
En la declaración, apuntaron que “ni por las normas jurídicas nacionales ni por las internacionales, una prisión puede estar completamente aislada del mundo exterior. Una institución penitenciaria y de ejecución, que no puede ser visitada por los abogados y familiares de sus reclusos, y en la que no se reconoce el derecho de los reclusos a la correspondencia ni a las llamadas telefónicas, es sencillamente inaceptable. No se puede impedir por completo que un preso tenga contacto con un abogado. Existe una obligación legal que impone a las autoridades el permitir un canal de comunicación mínimo en cualquier circunstancia”.
“Sin embargo, a pesar de ello, durante 20 meses se nos ha impedido incluso recibir noticias de nuestros clientes. Los informes de las Juntas Provinciales de Vigilancia Penitenciaria, que están obligadas por ley a visitar la prisión cada 2 meses y a informar de sus observaciones y conclusiones in situ, no se comparten con el público”, detallaron.
Los abogados de Öcalan y del resto de los presos políticos de Imrali, alertaron que “no tenemos información sobre el acceso de nuestros clientes a la información, sobre si los libros que se les suministran están sujetos a censura y restricciones, sobre el tiempo que tardan en recibir la prensa diaria y las revistas, y sobre su acceso a la televisión y la radio. Además, somos conscientes de que las sanciones disciplinarias que se presentan como base legal para prohibir su derecho a recibir visitas, también se han utilizado para interferir en el derecho de nuestros clientes a participar en actividades conjuntas”.
“El carácter ‘engañoso’ e inaceptable de las sanciones disciplinarias ha sido destacado por el CPT en sus informes –alertaron-. En resumen, debido a las tendencias ilegales y a las decisiones políticas, no hemos podido obtener ninguna información durante 20 meses sobre el trato y las condiciones materiales del Sr. Abdullah Öcalan y de nuestros otros clientes que están presos con él en la prisión de İmrali”.
Al referirse al posible encuentro del líder kurdo con los funcionarios de la CPT, sus abogados puntualizaron que “la única ocasión relevante que podría haber resuelto nuestras preocupaciones sobre el estado de aislamiento absoluto en la prisión fue la visita del CPT a Turquía, del 20 al 29 de septiembre de 2022. En esta visita, que se centró en los centros de exclusión, el CPT incluyó İmrali, aunque no formaba parte de su programa rutinario”.
“Aunque dicha visita estaba en el centro de nuestras demandas al CPT, la forma en que se desarrolló en realidad, tanto en lo relativo al antes como al después, no ha hecho más que aumentar nuestras preocupaciones –afirmaron en el comunicado-. Por esta razón, mantuvimos el 13 de octubre de 2022 una reunión cara a cara con el CPT, después de que ésta respondiera favorablemente a nuestra solicitud de cita. En esta reunión, los funcionarios del CPT no proporcionaron la más mínima información sobre las condiciones de nuestros clientes, ni respondieron a ninguna de nuestras preguntas. Durante la reunión, que duró aproximadamente 45 minutos, los funcionarios nos recordaron los procedimientos a los que está obligado el CPT, informándonos de que prepararían un informe sobre su visita y lo presentarían a Turquía, y que sólo podrían compartir este informe con el público con la aprobación de Turquía”.
“Sabemos por experiencia que este procedimiento tarda entre un año y año y medio en completarse –alertaron los abogados-. Sin embargo, en las circunstancias actuales, en las que no podemos recibir ninguna noticia de nuestros clientes, ese periodo de tiempo puede implicar un daño irreparable. Si bien es cierto que conocemos los convenios y procedimientos que vinculan al CPT, también sabemos que esto no impide que el CPT proporcione información sobre las condiciones de detención de nuestros clientes, de los que no tenemos noticias desde hace 20 meses”.
En el comunicado del bufete de abogados, se refirieron a los rumores sobre la reunión de Öcalan con el organismo judicial internacional: “Lamentablemente, no hemos podido confirmar este rumor durante nuestra reunión con el CPT. Las visitas del CPT consisten esencialmente en entrevistas con los presos en privado. Si estos rumores resultan ser ciertos, esto dejaría al CPT en una situación aún más controvertida. Por las razones mencionadas, en lugar de proporcionar algún alivio, tanto la última visita efectuada por el CPT como nuestra última reunión con el CPT han aumentado nuestras preocupaciones. Sus valores fundacionales y el derecho internacional al que está obligado exigen que el CPT proporcione información sobre su visita a la isla de İmrali, que es de su competencia”.
“Nuestras reuniones informativas periódicas y nuestras solicitudes al CPT son constantes –recordaron los letrados-. Además, hemos solicitado al Ministerio de Justicia una reunión con el ministro para transmitir la gravedad de la situación y compartir los datos disponibles. Seguimos presentando solicitudes periódicas a la Fiscalía General de Bursa, a la Oficina del Juez de Ejecución y a la administración penitenciaria para que nuestros clientes en la prisión de İmrali puedan ver a sus abogados”.
En la declaración, se demandó que, “en este contexto, como exigencia de los derechos constitucionales y del derecho universal, seguimos exigiendo e insistiendo en que se permita a nuestros clientes ver a sus abogados de forma inmediata, que las instituciones correspondientes respondan positivamente a nuestras peticiones y que proporcionen la información necesaria que les corresponde. Presentamos la declaración de hoy a la opinión pública en la creencia de que todos los que apoyan los derechos y libertades fundamentales seguirán de cerca los acontecimientos y actuarán con la sensibilidad necesaria para superar este estado de cosas inhumano”.
FUENTE: Mesopotamya / Traducido por Rojava Azadi Madrid / Edición: Kurdistán América Latina
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