Dos veces por semana, los abogados de Abdullah Öcalan hacen una petición oficial para visitarlo en la cárcel; pero sus solicitudes quedan sin respuesta. Aparte de cinco visitas tras la masiva huelga de hambre que terminó en mayo de 2019, no se les ha permitido ver a su cliente desde hace más de once años. Esto es, por supuesto, contrario al derecho internacional de los derechos humanos, y también es contrario a la ley en la propia Turquía.
En lugar de limitarse a decir que no se permitirán las visitas, las autoridades turcas juegan con los abogados, y con los sistemas internacionales creados para supervisar el Estado de derecho. En el pasado se excusaron en que el barco no podía viajar a la isla de İmralı. Ahora afirman que a Öcalan se le han impuesto castigos disciplinarios. Y tan pronto como termina un castigo, comienza otro. A sus abogados se les dijo que su último castigo terminaba el 18 de octubre, por lo que solicitaron visitarlo después de esa fecha; pero finalmente se les informó el 26 de que otra prohibición de seis meses había comenzado el 21. Por supuesto, apelarán, pero ni siquiera se les ha comunicado el motivo del castigo.
El aislamiento de Öcalan y la prohibición de las visitas de sus abogados y familiares son objeto de debate entre Turquía y el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa. El CPT realiza visitas y redacta informes, pero apenas se presiona a Turquía para que ponga en práctica sus recomendaciones. Los informes ni siquiera se hacen públicos hasta que Turquía ha tenido la oportunidad de responder, y ni siquiera entonces si Turquía no lo desea.
Los Estados miembros del Consejo de Europa -entre los que se encuentra la propia Turquía-, también están sujetos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo. Ya en 2014, el Tribunal declaró a Turquía culpable de negar a Öcalan su derecho básico a la esperanza, al condenarlo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El pasado mes de diciembre, el Comité de Ministros del Consejo, encargado de velar por el cumplimiento de las sentencias, pidió finalmente a Turquía que le comunicara, antes de finales de septiembre, qué plan tenía para dar curso a la sentencia. Con dos semanas de retraso, Turquía presentó un documento en el que se afirmaba -en términos bastante más prolijos- que ese era el castigo de Turquía a los terroristas, y que no iban a hacer nada para cambiarlo. Una vez más, como en los casos mucho más publicitados de Osman Kavala y Selahattin Demirtaş, Turquía se burla de la institución más importante del Consejo de Europa y juega con su credibilidad.
Es dudoso que los ministros pierdan el sueño por el caso de Öcalan, pero deben saber que para que los derechos humanos signifiquen algo, tienen que ser universales.
FUENTE: Vigil for Öcalan / Traducido por Rojava Azadi Madrid / Foto de portada: Mauricio Centurión
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