Peyman Talib está viva de milagro. Su marido y sus dos hijos, también. El 20 de junio de 2020, un misil lanzado por un dron turco en Kuna Masi –un municipio del Kurdistán iraquí– provocó graves heridas a esta familia, que se encontraba en su tienda de comestibles. Los niños reciben hoy terapia para afrontar lo sucedido. Uno de ellos (Hezhwan, seis años de edad) tiene tres trozos de metralla en la cabeza.
Esta mujer, que perdió una pierna en aquel sangriento día de junio, no está sola en el horror. Bajo la excusa de perseguir al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha lanzado un largo número de ataques en zonas habitadas por civiles. Así lo comprobó la familia de Peyman en carne propia y así lo ha reflejado en un detallado informe la coalición civil internacional End Cross Border Bombing Campaign (ECBBC), que advierte sobre la gravedad de estos hechos.
Según este documento, desde 2015 las fuerzas turcas han lanzado más de 4.000 ataques aéreos, de artillería y terrestres dentro de las fronteras de Irak, “de los cuales 1.600 se registraron sólo en 2021”. “Estas operaciones no solo han alimentado la inseguridad y la inestabilidad en la zona, sino que afectan de forma desproporcionada a la vida de los civiles”, señala el informe.
En este periodo, las acciones militares turcas han provocado la muerte de entre 98 y 123 civiles en el Kurdistán iraquí. Al menos seis niños murieron en esos ataques, mientras que otros 14 resultados. Asimismo, 55 agricultores y ganaderos “fueron asesinados o heridos por las fuerzas turcas mientras cultivaban o cuidaban su ganado”. Se calcula que 500 pueblos han sido abandonados a lo largo de estos siete años.
Estos ataques contra la población civil kurda no han frenado el lucrativo negocio armamentístico entre España y Turquía. Según ha podido verificar Público, entre 2015 y 2021 las autoridades españolas concedieron 207 licencias de exportación de material militar a ese país, por un valor total de 4.259,9 millones de euros.
Según datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), España se sitúa así en el tercer puesto del ranking mundial de vendedores de armas al gobierno turco, por detrás de Estados Unidos e Italia.
Las ventas crecieron tras el inicio de la campaña turca en Irak. De las 23 licencias autorizadas en 2015 por 618,3 millones de euros, se pasó a 34 licencias por 927,5 millones de euros en 2016 en concepto de municiones, explosivos y aeronaves.
El año más próspero en este negocio fue 2018, cuando la Junta Interminsterial que analiza las exportaciones de armamento concedió 29 licencias, por un valor de 1.104 millones de euros. Entre las operaciones autorizadas había municiones, vehículos blindados, aeronaves o explosivos.
Los sucesivos gobiernos han concedido esas licencias de exportación pese a los reclamos formulados por varias organizaciones de derechos humanos. A través de distintos informes, la plataforma Armas Bajo Control –integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau– han solicitado la paralización de la venta de armamento a Turquía.
En octubre de 2019, el gobierno del PSOE anunció que se sumaba al embargo en la venta de armas a Turquía por sus ataques en el noreste de Siria contra milicias kurdas, siguiendo así los pasos de otros países europeos. La suspensión –que solo afectó al armamento considerado letal y municiones que pudieran ser empleadas en la intervención turca en el norte y este de Siria– fue levantada en noviembre de 2020.
“A partir de entonces se realiza un análisis muy detallado, especialmente cuidadoso y riguroso, de las solicitudes de exportación, contemplando cualquier posible riesgo de desvío de lo exportado a otros conflictos extraterritoriales”, aseguró en junio pasado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso.
Sin embargo, la plataforma Armas Bajo Control advirtió en su informe sobre las operaciones registradas en 2020 que el gobierno no había tomado medidas “en relación con el uso de aviones A400 de Airbus para transportar tropas de Turquía que invadieron el noreste de Siria en octubre y cometieron crímenes de guerra”. “Este caso puso de manifiesto la necesidad de mecanismos efectivos de control del uso final”, remarcó.
En 2021, la Junta Interministerial dio su visto bueno a otras 26 licencias para la venta de material militar a Turquía por 87,2 millones de euros. De acuerdo a la información oficial del gobierno, se trata de armas pequeñas, bombas, sistemas de dirección de tiro, blindados, explosivos o aeronaves.
“El gobierno presidencial de Recep Tayyip Erdogan ha hecho retroceder drásticamente el historial de derechos humanos de Turquía”, advirtió Amnistía Internacional en un informe. La organización advertía además sobre los ataques con aviones no tripulados en la región del Kurdistán iraquí, escenario de graves violaciones a los derechos humanos.
FUENTE: Danilo Albin / Público
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