“Todas tenemos presente que si no fuera por nuestra lucha, si no fuera por la presión de su familia y de las abogadas feministas, el caso de Sule Çet seguiría cerrado como suicidio”, asegura Irem Yilmaz, activista feminista en Ankara, la capital de Turquía. En mayo de 2018 Çet, de 23 años, fue violada y luego lanzada al vacío desde un rascacielos en Ankara para simular un suicidio. Los dos únicos sospechosos de su asesinato aseguraron que Çet se suicidó y no ingresaron en prisión, a la vez que el fiscal del caso desestimó varias pruebas de la autopsia que determinaban el abuso que sufrió la víctima.
Su caso provocó una gran indignación en las calles y redes sociales, con protestas multitudinarias en todas las provincias del país. “Abogadas, activistas y la familia de Sule congregaban a la prensa para que se hicieran eco de la negligencia. Vimos también que su caso no era el único. Otras familias sufrían situaciones parecidas”, explica la abogada Gamze Aslan. Un año después, un nuevo fiscal aportó las pruebas de cuatro forenses médicos y finalmente los sospechosos fueron condenados a cadena perpetua, aunque luego se les redujo la sentencia por “su buen comportamiento durante el juicio”, una práctica habitual en los procedimientos por violencia machista, según aseguran varias letradas. “El caso no sentó precedentes a nivel judicial porque cada vez detectamos más feminicidios que se encubren como suicidios, pero sí que fue un antes y un después en el movimiento feminista. Estamos mucho más organizadas y sentimos que podemos cambiar muchas cosas”, cuenta Aslan.
Habitualmente, la prensa se hace eco de las muertes sospechosas y en ocasiones se reabre el juicio, como en el caso de la muerte de Esin Günes, que murió tras ser empujada por un precipicio. Otras, en cambio, como la de Kader Güler, Hacer Baskaya o Behiye Çakir, tienen menos suerte. La lista de casos se alarga hasta las 171 mujeres que murieron por “causas sospechosas” en el año 2020.
“Es cada vez más común encubrir los feminicidios como suicidios y dejar impune al autor del crimen. Los asesinos testifican que fue un suicidio y a veces la familia apoya su testimonio, se cierra el expediente y no se investiga”, lamenta la abogada Canan Arin, que cubre casos de violencia machista.
Las identidades de las fallecidas por “causas sospechosas” no se pierden en el olvido gracias a una red de unas 700 mujeres que luchan para que se sigan investigando sus casos. Forman la plataforma Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (Pararemos los asesinatos de mujeres), que se dedica a defender a las mujeres de los diferentes tipos de violencia que sufren a diario. Debido a la falta de datos públicos de las autoridades turcas, esta red ha establecido un tejido de contactos con ayuntamientos, asociaciones locales, medios de comunicación y abogadas para sacar a la luz todos los casos como los de Sule Çet.
“Nos organizamos por provincias y con otras asociaciones feministas que ya existían. Realizamos acciones de solidaridad con las mujeres que han sido víctimas de violencia machista. También hacemos acompañamiento familiar en los casos de feminicidio para que hijas, madres y hermanas no se sientan solas”, explica Merve, una voluntaria de la plataforma. “Al ver nuestra lucha otras mujeres se unen a la organización. Luchamos por la igualdad, por el fin de la violencia y por la supervivencia de todas las mujeres”, explica Dilber Sunnetçioglu, otra integrante de la asociación.
Un mural para no olvidar
Pararemos los asesinatos de mujeres también dedica todos sus esfuerzos a contabilizar los feminicidios en el país, a falta de datos oficiales del gobierno. En los últimos años, la presión feminista y de partidos opositores ha forzado al Ministerio del Interior a publicar datos, aunque los ofrece a cuentagotas. Informa de porcentajes sobre si la violencia aumenta o disminuye, y en ocasiones anuncia datos trimestrales, pero es ardua tarea tener una imagen general de la situación.
La plataforma feminista, en cambio, recopila datos a diario para mostrar la magnitud de la violencia en el país. 474 feminicidios en 2019, 471 en 2020, 372 en lo que va de año. Todos los nombres y sus historias están en el portal de Anit Sayaç, “monumento contador”, un memorial virtual de la violencia machista en los últimos 13 años. “Este sitio web tiene los nombres de las mujeres fallecidas y no solo es un mecanismo de sensibilización dirigido a la sociedad sobre la violencia machista, también es un monumento a estas mujeres”, señala la web.
Un gobierno que protege el matrimonio
Las feministas insisten en que más del 70 por ciento de autores de la violencia machista son esposos, parejas o ex parejas, y que la mayoría de feminicidios se producen cuando la mujer pide el divorcio o está en proceso de separación. “El sistema judicial sigue lo que dice el gobierno, que da más importancia al matrimonio que a la situación que esté viviendo la mujer en ese momento. El objetivo es condenar a la mujer al matrimonio a toda costa. Esto la deja desprotegida en cada paso que da para alejarse de esa violencia”, señala la abogada Arin.
La letrada reitera que la protección de las mujeres durante este período “es clave” y que las leyes que cubren estos derechos existen, pero “no se siguen”. Es el caso de la ley 6284 de la protección de mujeres contra la violencia de género, que contempla varias medidas para prevenir las agresiones y sobre el proceso de denuncia y órdenes de alejamiento. Las feministas ondean carteles en cada protesta con este número, exigiendo que se aplique la ley existente.
Hace dos años, el gobierno del partido islamista AKP desoyó las peticiones de las asociaciones y lanzó un programa de medidas para reducir el número de divorcios, que según cifras oficiales ha aumentado un 80 por ciento en la última década. El programa contemplaba medidas como establecer un mediador de pareja en el caso de que la mujer solicitara el divorcio. Además, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en el poder desde el año 2002, se ha pronunciado en más de una ocasión sobre el papel de las mujeres en la sociedad. “Nuestra religión [el islam] ha definido una posición para las mujeres: la maternidad” o “No importa lo exitosa que sea una mujer. Una mujer que niega su maternidad, que renuncia a cuidar el hogar está incompleta, es solo la mitad. Corre el riesgo de perder su singularidad”, son algunos de los comentarios del jefe de Estado. Las feministas explican que este tipo de mensajes afectan directamente a las instituciones, creando una atmósfera de impunidad para los agresores y de desprotección para las mujeres. “Las autoridades no se sienten responsables a la hora de prevenir la violencia contra las mujeres. Cuando una mujer va a comisaría y dice que ha sufrido violencia, tratan de persuadirla y le dicen que vuelva a casa”, cuenta la Plataforma de mujeres del 25N.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos de la Familia anunció la formación de miles de funcionarios para mejorar la atención en los casos de violencia y la creación de nuevos refugios para mujeres. También creó una línea telefónica de emergencia para estos casos, aunque asociaciones feministas denuncian que no funciona. “Las instituciones y los jueces son tan culpables como los agresores. No cumplen con su deber, no implementan las leyes. Esta retórica machista, la impunidad y las reducciones de condena ignoran sus problemas y alimentan este círculo vicioso de violencia”, explica Sunnetçioglu.
El Convenio de Estambul es vida
El pasado 1 de julio Turquía se convirtió en el primer país en abandonar el Convenio de Estambul, un tratado internacional que establece un marco legal para luchar contra la violencia machista. Durante el último año, el gobierno hizo amago de retirarse del Convenio, igual que Polonia, bajo la presión de los sectores más ultraconservadores del partido AKP. Incluso miembros del propio partido se mostraron en contra de la decisión, también Kadem, una organización de mujeres cuya vicepresidenta es la hija del propio Erdogan y que se declara como “no feminista”. Sin embargo Erdogan desoyó a las voces de su partido y forzó la salida, con el argumento de que “normaliza la homosexualidad, incompatible con los valores familiares de Turquía”. El tratado, no menciona la homosexualidad y solo aclara en un punto que las medidas de protección no deben discriminar “por orientación sexual”. La retirada, interpretada por los sectores feministas como una estrategia electoral para asegurarse los votos de los sectores más conservadores del país, ha mermado las medidas para prevenir y reducir la violencia machista.
Aunque la salida se hizo efectiva hace unos meses, siguen las protestas feministas exigiendo que se restablezca. “El 1 de julio no terminó todo. No nos rendimos con el Convenio. Es cierto que antes no se implementaba de forma efectiva, pero tras la retirada muchos hombres se sienten más impunes. Se han cometido feminicidios con ataques físicos más brutales y han aumentado las muertes por causas sospechosas”, señala Sunnetçioglu. En cambio, la Plataforma de mujeres del 25N, no cree que la situación sea diferente desde la retirada del tratado. “No creo que podamos hablar de un antes y un después de la salida del Convenio porque nunca se llegó a implementar. El acuerdo estaba vigente pero no se contemplaba en el ámbito legal. Esta no implementación tuvo repercusiones muy graves, como la reducción de penas en casos de feminicidio o debates muy injustos sobre la cuestión”, enfatiza. El pasado noviembre el máximo tribunal administrativo de Turquía rechazó la apelación contra la decisión de abandonar el Convenio y abogadas feministas han insistido que apelarán de nuevo. “No somos libres, pero tenemos la determinación para seguir luchando”, explica la Plataforma de mujeres del 25N.
Presión en las calles
En los últimos tres años, las autoridades turcas también han ejercido mucha presión sobre las protestas feministas: se han prohibido y se han detenido a decenas de mujeres, en ocasiones horas después, cuando las mujeres ya habían regresado a sus domicilios. En cada convocatoria la policía cierra calles, instala vallas en varias salidas y despliega camiones lanza agua en varios puntos del recorrido.
En el 8 de marzo 2019, por ejemplo, una docena de mujeres fueron detenidas por supuestamente protestar durante la llamada a la oración de las mezquitas. El año pasado la policía lanzó gas lacrimógeno y golpeó a centenares de manifestantes que se habían congregado en el centro de Estambul el 25 de noviembre.
Esta presión en las calles no solo se dirige a las feministas, si no que sigue la deriva autoritaria del país contra partidos y organizaciones opositoras. Recientemente, han prohibido otras protestas como las Madres de los Sábados, similares a las madres de Plaza de Mayo argentinas, que protestan por las desapariciones forzadas que hubo entre 1980 y 1990. Protestas estudiantiles, el día del Orgullo LGBT o huelgas sindicales han sufrido intervenciones policiales con centenares de detenidos. “En los últimos años la oposición turca no ha podido tomar las calles. Tan pronto como lo intentamos hay detenciones y la policía usa una fuerza desproporcionada. A pesar de eso nos empecinamos en resistir y en seguir en la calle”, señala la Plataforma de mujeres del 25N.
Las manifestaciones feministas son la demanda social que más gente reúne en las calles, con miles de mujeres de diferentes ideologías políticas y clases sociales reivindicando sus derechos. “La presión ni nos asusta ni nos intimida. No somos una organización terrorista armada. Estamos protestando, usando un derecho democrático”, explica Sunnetçioglu. Y añade: “El sistema es patriarcal y ejerce presión para no perder su poder, pero seguiremos luchando en las calles y plazas por la igualdad feminista. ¡Larga vida a las mujeres!”.
FUENTE: Lara Villalón / Pikara Magazine
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