Según el informe 2020/21 de Amnistía Internacional, la judicatura turca no respeta las garantías sobre juicios justos y el debido proceso, y continúa aplicando leyes antiterroristas de imprecisa definición para castigar actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Algunos miembros de la profesión jurídica y la judicatura fueron objeto de sanciones por el legítimo ejercicio de sus funciones profesionales. Ha persistido el acoso judicial contra periodistas, activistas, figuras de la política, usuarios y usuarias de redes sociales, y defensores y defensoras de los derechos humanos por su disidencia o presunta disidencia.
En octubre, el presidente Erdogan puso en el punto de mira a la Asociación Médica de Turquía y llamó “terrorista” a su nueva presidenta, después de que la Asociación criticara reiteradamente la respuesta del gobierno a la COVID-19.
En marzo, la policía detuvo a al menos 12 periodistas por informar sobre la pandemia de la COVID-19; entre ellos se encontraba la periodista y defensora de los derechos humanos Nurcan Baysal, acusada de “incitar a la enemistad y el odio” por sus publicaciones en redes sociales. Seis periodistas fueron a prisión por informar sobre el funeral de dos presuntos miembros de la Agencia Nacional de Inteligencia, asesinados en Libia.
La libertad de reunión es inexistente si ésta es para denunciar la situación económica o de los derechos civiles. Las mujeres y el colectivo LGTB+ son las víctimas principales de la política represiva del gobierno. En marzo, las autoridades prohibieron la manifestación del Día Internacional de la Mujer en Estambul por segundo año consecutivo y seis mujeres fueron acusadas de “no dispersarse”, en aplicación del artículo 32 de la Ley de Reuniones y Manifestaciones. Su protesta pacífica consistía en realizar la coreografía de Las Tesis para combatir el feminicidio. El 10 de diciembre 2020, se aplazó hasta abril de 2021 el juicio de 18 estudiantes y un profesor de la Universidad Técnica de Oriente Medio (METU), de Ankara, por participar en una Marcha del Orgullo organizada en el campus, en mayo de 2019.
Hagas lo que hagas en Turquía, las fuerzas represivas del Estado pueden considerarte terrorista. Cabe preguntarse: ¿quién es el verdadero terrorista en Turquía?
No es posible materialmente recoger las historias de lxs miles de presxs por su actividad política en Turquía. Les rendimos homenaje a todxs ellxs con este video.
-Nudem Durak, intérprete de saz (instrumento musical kurdo), fue sentenciada a 19 años de prisión en 2015 con la acusación de “pertenencia a organización terrorista”, pero la realidad es que fue por cantar canciones kurdas durante las celebraciones y manifestaciones del Newroz (año nuevo kurdo), por apoyar, sin más arma que su voz, la resistencia, la lucha, la igualdad entre sexos y la justicia social. “Festejamos la paz / No lloréis, mi gente / Aunque me metan en la cárcel / Éste es nuestro verdadero color”.
-Aytaç Ünsal fue detenido junto con otras 17 abogadas de la Oficina Legal del Pueblo, en septiembre de 2017. Dedicaban su trabajo a la defensa de activistas políticos y sociales en Turquía. Después de estar encarcelados preventivamente, se les condenó en marzo de 2019 alegando que pertenecían a una organización terrorista. Ünsal fue condenado a 10 años y seis meses en un juicio que Amnistía Internacional consideró “una parodia de la Justicia y una demostración de que los tribunales turcos sucumben a la presión política y no pueden tener juicios justos”. El 5 de abril de 2020, él y Ebru Timtik, que fue condenada a 13 años y seis meses en el mismo proceso, se declararon en huelga de hambre indefinida. Pese al apoyo nacional e internacional, Ebru Timtik murió el 25 de agosto todavía custodiada. Ünsal fue puesto en libertad por un plazo de un año porque, por motivos de salud, se le consideró “no apto” para encontrarse en prisión. A principios de diciembre, volvió a ser detenido con gran brutalidad policial.
-Çiçek Kobane, militante kurdo-siria de las Unidades de Protección de las Mujeres (YPJ), estaba realizando trabajos humanitarios con la Media Luna Roja Kurda cuando fue herida y atrapada por una milicia yihadista pro-turca en Ain Issa, Siria. Trasladada a Turquía, fue torturada, juzgada y condenada a cadena perpetua por “violar la unidad e integridad del Estado turco”. En marzo 2020, su familia, que vivía en Turquía desde 2014, fue deportada a Siria, y su abogado, arrestado, acusado de “ayudar a una organización terrorista”. El caso de Çiçek tiene estatus de crimen de guerra por la Convención de Ginebra, pero no es único: más de 200 nacionales sirios han sido abducidos en territorio sirio ocupado por Turquía y encarcelados en prisiones turcas; algunos de ellos de por vida.
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FUENTE: Rojava Azadi Madrid
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