El pasado 12 de noviembre tuvo lugar en Turín el juicio para la revisión de las medidas de “vigilancia especial” a las que está sometida, desde el pasado marzo, María Edgarda Marcucci, una estudiante de Filosofía de 28 años, más conocida como Eddi, por su militancia en las Unidades Femeninas de Protección (YPJ, por sus siglas en kurdo), una de las varias organizaciones militares que defienden el territorio de Rojava y su revolución.
Eddi Marcucci forma parte de “los cinco de Turín”, un grupo de activistas italianos que en los últimos años han viajado individualmente a territorio sirio para entrar en las YPJ, en las Unidades de Protección Popular (YPG) o en el Movimiento para una Sociedad Democrática (TEV-DEM), distintas organizaciones de la conocida oficialmente como Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES). Ninguno de ellos ha escondido nunca sus motivaciones, diversas en cada caso, pero coincidentes en sostenerse, entre otras cosas, en una fuerte idea de universalismo, concepción de solidaridad que supera el internacionalismo de matriz socialista, al dejar de considerar como puntos de referencia los estados-nación.
Durante su estancia en Rojava, los activistas recibieron una formación teórico-práctica durante la cual, entre otras muchas cosas, aprendieron a utilizar las armas ligeras de fabricación soviética que constituyen el grueso de la dotación en las diferentes organizaciones militares de la federación. En enero de 2018, encontrándose los cinco de nuevo en territorio italiano, el fiscal del Tribunal de Turín pidió que se los sometiera a medidas cautelares de “vigilancia especial”. Esta petición se basaba en la consideración del fiscal, según la cual el tipo de habilidades militares que los activistas habían adquirido los convertía en “sujetos peligrosos”, a pesar de no haber cometido delito alguno (y teniendo en cuenta que los miles de ciudadanos italianos que han hecho la mili -servicio militar- han recibido un entrenamiento similar).
El régimen de “vigilancia especial” se sostiene en una concepción del Estado fuertemente autoritaria, la cual fue formalizada en el conocido como “Código Rocco”, un conjunto de normas penales aprobadas, en 1931, por el régimen de Benito Mussolini, muchas de las cuales siguen hoy vigentes. Un ejemplo representativo son las órdenes de alejamiento de una ciudad o área específica (foglio di via) de personas consideradas socialmente peligrosas, una medida prevista también en la Ley de Vagos y Maleantes española, establecida en 1933 por la Segunda República y extendida ampliamente durante el régimen franquista. Actualmente, el Estado italiano justifica este tipo de medidas preventivas en el contexto de la lucha antimafia, pero la realidad es que las fuerzas policiales las utilizan frecuentemente para reprimir la disidencia política (entre otras cosas, porque su aplicación prevé muchos menos obstáculos respecto a otras medidas de carácter penal).
Tras un largo proceso judicial, el pasado 17 de marzo el Tribunal de Turín condenó a Eddi Marcucci, la única mujer del grupo de “los cinco de Turín”, a dos años de vigilancia especial, por ser considerada “individuo portador de peligrosidad social” (rigurosamente en masculino). Para los otros cuatro imputados -Jacopo Bindi, Davide Grasso, Fabrizio Maniero y Paolo Pachino-, la petición del fiscal había sido rechazada en vistas previas. La condena a Eddi llegaba casi un año después de la muerte de Lorenzo “Orso” Orsetti, militante anarquista del barrio florentino de Rifredi, mientras combatía en las YPG contra el Daesh.
La condena a la vigilancia especial (que, recordemos, se aplica a personas que no han cometido ningún tipo de delito) no consiste simplemente en recibir una atención especial por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, sino que consta de una serie de medidas específicas que atacan directamente libertades individuales. Así, durante dos años -si en los próximos días el Tribunal de Turín confirma las medidas-, Eddi Marcucci tendrá prohibido salir a la calle después de las nueve de la noche, reunirse con más de cinco personas al mismo tiempo, y participar en eventos públicos de carácter político. Tendrá que ir a firmar todos los días a una comisaría, además de fijar su residencia en la ciudad de Turín (la cual le está prohibido abandonar) y comunicar ésta a la policía. Por último, le serán retirados tanto su carnet de conducir como su pasaporte. Se trata de medidas que, en el paradigma de la vigilancia especial, deberían evitar que la peligrosidad potencial de Eddi atente contra la sociedad que la rodea.
Inicialmente, las “pruebas” que el fiscal de Turín presentó ante el tribunal para pedir la vigilancia especial para Eddi fueron su participación en dos eventos políticos: una concentración frente a un restaurante en Turín, organizada para defender a dos trabajadores extracomunitarios que no recibían su sueldo desde hacía meses, y una manifestación del 1 de mayo (a pesar de que Eddi declarase que en ese momento se encontraba en el extranjero). Más tarde, en la última vista del 16 de diciembre, el fiscal añadió a su acusación un último episodio, que quizás fuese el que hizo que finalmente se condenase únicamente a Eddi. Se trataba de una concentración ante la Cámara de Comercio de Turín, durante la celebración del Aerospace & Defense Meetings (evento patrocinado, entre otros, por la región de Piamonte), en la que diez personas protestaron contra el envío de armas desde Italia a Turquía, un Estado que ha invadido los territorios del norte sirio y persigue desde hace décadas al pueblo kurdo.
Como resulta evidente, ninguno de estos eventos está relacionado en modo alguno con la estancia de Eddi en Rojava. A este propósito, el abogado del Legal Team Italia, Gianluca Vitale, declaró antes del juicio del pasado 12 de noviembre que “el problema es que estamos en el ámbito de la sospecha, se trata de medidas que no se basan en hechos, sino en sospechas, en opiniones. Resumiendo: tenemos la certeza de que lo que ha sido castigado son las ideas, la divulgación de ideas por parte de Eddi. En primera instancia, recuerdo que el fiscal dijo: ‘No es verdad que (los imputados) hayan ido a combatir por nuestra democracia, para defender nuestros valores, porque están en contra de nuestros valores, porque han escrito contra el capitalismo y contra el mercado’. Llegados a este punto, me parece evidente el significado que se pretende dar a estas medidas: reprimir todo lo que está en contra. Se pretende monopolizar también la lucha contra el Daesh; entre otras cosas, haciendo acuerdos con Turquía, que está claro que no combate al Daesh (…) Creo que es importante (…) como juristas, como personas, como ciudadanos, luchar contra esta deriva y decir claramente que estamos en contra de que se use también la sospecha para reprimir”.
Tras la celebración del juicio, el Tribunal de Turín no emitió una nueva sentencia, sino que declaró necesitar unos días para estudiar el caso. Mientras tanto, Eddi Marcucci y su entorno se activaron para iniciar una campaña mediática que contase la historia de una joven reprimida por haber luchado contra el Daesh, enemigo público número uno en la retórica dominante de los países occidentales. Al día siguiente de empezar esta campaña, a la espera de obtener una respuesta definitiva por parte del tribunal, las cuentas en redes sociales (Instragram y Facebook) de Eddi Marcucci fueron bloqueadas, sin previo aviso y sin ningún tipo de explicación. Las hipótesis son variadas: señalaciones en masa desde territorio turco, hackers de distinto tipo, peticiones extraoficiales de las autoridades judiciales italianas, etc. En los últimos días, no se ha podido confirmar ninguna de estas posibilidades, y en el momento de escribir este artículo, ambas cuentas permanecen cerradas.
Según declaraciones de Paolo Pachino, uno de los “cinco de Turín”: “Se trata de un precedente grave para cualquiera que decida apoyar otras luchas y que afecta a todos los y las combatientes que han ido a Siria. Muchas de las pruebas presentadas por los fiscales eran nuestras participaciones a manifestaciones ‘No TAV’, en apoyo de trabajadores y trabajadoras u otras luchas”.
En los últimos años no han dejado de alzarse voces, también desde dentro de las instituciones italianas, que reflexionan sobre qué representa el uso de la “vigilancia especial” para reprimir diversas formas de desacuerdo en un Estado oficialmente democrático. Tras la vista, Eddi declaraba: “En estos días de crisis sanitaria me lo pregunto más que nunca. Un Estado que depreda la sanidad y educación públicas, y los derechos de trabajadoras y trabajadores resulta peligroso. Tenemos que reafirmarnos en nuestra cercanía a un modelo distinto, mucho más similar al que he conocido en Siria”.
FUENTE: Pedro Castrillo / El Salto Diario
