Fidan coge el megáfono, se quita la mascarilla y empieza a recitar sus nombres: Pinar, Emine, Sule, Didem, Zeynep. Sus muertes llenaron portadas de periódicos durante semanas en Turquía. Luego fueron desapareciendo poco a poco, hasta caer en la lista de mujeres asesinadas en el último año. Todas murieron a manos de sus parejas, ex parejas, familiares o conocidos. Todas podrían estar vivas si el Convenio de Estambul, un tratado para prevenir la violencia machista, se hubiera aplicado como debe ser. Es el mensaje que gritan las pancartas de miles de mujeres que marchan en ciudades de toda Turquía. “El Convenio de Estambul da vida”, resuena en las calles y las redes.
Estambul es la ciudad donde se firmó en 2011 el acuerdo, también conocido como Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
De los 45 países que se han sumado al pacto, Turquía fue el primero en ratificarlo. Ahora el gobierno de Recep Tayyip Erdogan amenaza con ser el primer país en abandonar el acuerdo. Desde principios de verano, varias voces dentro y fuera de la formación islamista Partido Justicia y Desarrollo (AKP) abogan directamente por salirse del tratado, y Erdogan anunció que estaba dispuesto a derogarlo mediante decreto “si el pueblo quiere”.
Aunque no todas las disposiciones del Convenio se aplican actualmente en Turquía, el gobierno ha ido adaptando la legislación a la normativa internacional, y tanto jueces como colegios de abogados lo han señalado como un instrumento eficaz para proteger a las mujeres de la violencia machista. Las asociaciones feministas han reiterado que adaptar las leyes al Convenio es fundamental para proteger a las mujeres de posibles agresiones. Sin embargo, varios grupos conservadores islamistas han presionado a los legisladores para retirar Turquía del Convenio, con el argumento de que impacta negativamente a “la estructura familiar” y va en contra de los “valores nacionales”.
En concreto critican dos artículos: en uno se mencionan las relaciones de “personas que viven juntas” sin especificar que estén casadas. Del otro, critican que promueve la homosexualidad por utilizar el término “orientación sexual”. “El Convenio rechaza la oportunidad de traer paz a una familia que está a punto de ser destruida por la violencia doméstica”, cita un informe de Türkiye Düsünce Platformu (TDP), la primera asociación en pedir su retirada.
“Llevamos años pidiendo que se aplique el Convenio y ahora nos manifestamos para que no nos lo quiten. Hay un esfuerzo por parte de las autoridades de controlar cómo las mujeres deciden su propia vida”, denuncia Gülsüm Kav, directora de la plataforma “Acabaremos con los asesinatos de mujeres”. Esta asociación recoge a través de ayuntamientos, asociaciones y juzgados, los casos de acoso y feminicidios en el país, datos que el gobierno no publica. En los primeros nueve meses del año contabilizan a 297 mujeres asesinadas, una cifra similar a la de otros años: 418 en 2019, 404 en 2018, 349 en 2017.
La abogada Öykü Gülbahar, por su parte, cree que Erdogan quiere contentar a los sectores más conservadores de la sociedad. “No ve que puede dañar la protección de miles de mujeres. Erdogan estaba en el poder cuando ratificaron el Convenio. ¿Qué ha cambiado?”, pregunta.
Pese a los comentarios de varios legisladores del AKP que piden retirarse del acuerdo, también ha habido voces disonantes dentro del partido, que lo defendían públicamente, como por ejemplo la diputada Canan Kalsin. “¿Por qué el Convenio se ha convertido en un chivo expiatorio nueve años después (de adoptarlo)? En un lugar donde hay tanto crimen y a pesar de existir tantas leyes, ¿por qué se cree que la Convención es la culpable de todo?”, preguntó en un tuit. Mujeres afiliadas al AKP en las 81 provincias del país emitieron una denuncia penal contra Abdurrahman Dilipak, columnista del Yeni Şafak, un periódico muy cercano al propio AKP, por un artículo en el que llamaba “prostitutas” a las mujeres que defendían el Convenio que él considera “incoherente con la moral turca”.
La diferencia de opiniones incluso divide a la propia familia de Erdogan. El segundo hijo varón del presidente, Bilal Erdogan, forma parte del consejo asesor de TÜGVA, una asociación juvenil islamista que ha exigido derogar el Convenio por “ineficaz” e “impopular”, y ha pedido crear nuevos instrumentos legales. En concreto, TÜGVA insiste en que el tratado menciona a parejas que viven juntas sin estar casadas, y señaló que no están en contra de la prevención de la violencia, sino de las “intervenciones externas” contra los “valores tradicionales” de Turquía.
En el otro bando está Sümeyye Erdogan, hija del jefe de Estado y vicepresidenta de la importante organización de mujeres KADEM, que normalmente defiende posturas conservadoras en línea con el AKP y se define como “no feminista”, pero siempre se ha posicionado claramente contra la violencia machista. KADEM emitió un comunicado para defender que el Convenio “no amenaza la unidad familiar” y reiterar que la violencia intrafamiliar también es contraria al islam. También destacó que aun sin estar a favor de la homosexualidad, el acuerdo internacional no “legitima a las personas LGBT” y que menciona en solo una ocasión la noción de “orientación sexual”.
“Hay sectores que confunden la tradición con la religión, creen que la estructura feudal de la familia es religiosa y cuando se derriba esa familia feudal, creen que se derrumba la religión. Pues bien: hay cambios, pero lamentablemente los hombres turcos, especialmente los de los sectores más religiosos, no están a la altura”, opina un ex diputado del AKP, Kani Torun, en conversación con la cadena Karar TV.
“No aceptan la igualdad entre marido y mujer, ni la igualdad de derechos. De ahí surge la violencia… Es lo que dice el Convenio de Estambul. Y nuestros amigos (del AKP) que hablan tanto del islam no ven este cambio. Dicen: ‘Las chicas deben estudiar, pero mejor que no trabajen’. Eso es imposible: si una chica estudia, trabajará. O piensan: ‘Que trabaje, pero cuando lleguen a casa, el marido descansará y ella seguirá trabajando’. Pero el mundo no es así”, iniste Torun, que ahora forma parte del partido Gelecek (Futuro), escindido del AKP en 2019.
La firme postura de las mujeres del AKP ha provocado que TÜGVA, la primera asociación que solicitó que Turquía saliera del Convenio, ahora ha retirado su petición, argumentando que han entrado en un “campo minado”. La brecha abierta en el seno del partido por esta cuestión ha ido prolongando las reuniones del Ejecutivo del partido durante semanas, hasta dejarlo pendiente para el nuevo año legislativo, que empezó hace dos semanas.
En su última alusión al debate, el presidente Erdogan sugirió que Turquía necesita crear su propia normativa adaptada a las costumbres del país. “Opino que somos muy capaces de redactar textos que honren la dignidad humana, que pongan a la familia en el centro y sean adecuados a nuestro tejido social. En lugar de textos traducidos, necesitamos determinar nuestro marco por nuestra cuenta”, declaró.
La Plataforma por la Igualdad de las Mujeres (EŞİK) pidió en una solicitud al parlamento que se analice y aplique el Convenio, ahora que empieza el año legislativo. La organización destaca que es “el peor momento” para debatir su retirada porque las cuarentenas relacionadas con la pandemia del coronavirus dejan a las mujeres que sufren violencia machista en una situación muy vulnerable.
Varias encuestas reflejan que el 64% de la ciudadanía estaría en contra de abandonar el Convenio e incluso entre los votantes del AKP, solo el 26% está a favor de retirarse, según la compañía de sondeos Metropol. Sin embargo, es dudoso el valor de este tipo de encuestas, ya que otra investigación revela que más del 50% de la población desconoce de qué trata el Convenio de Estambul y lo confunde con un tratado marítimo. “Los informes en medios y publicaciones en redes sociales pueden dar la impresión de que este tema se está debatiendo en segmentos más amplios de la sociedad, pero la mitad de la ciudadanía no tiene ni idea de lo que se está discutiendo”, señala en un informe la empresa de sondeos Konda.
Konda ha revelado en un sondeo un cambio significativo de la percepción de la población sobre la violencia machista en los últimos cinco años. En el año 2015, un 20% de los encuestados estaba a favor de la frase “Es un hombre, él puede amar o golpear a quien quiera”. Ahora solo el 6% está a favor. Hace cinco años, el 45% estaban de acuerdo en que “se pueden cometer crímenes por cuestiones de honor”, mientras que ahora la cifra ha bajado al 21%.
La web de la Plataforma que dirige Gülsüm Kav publica los nombres, una por una, de 3.233 mujeres asesinadas desde 2008, con sus datos y el enlace a la noticia que recoge el caso. La lista muestra que los feminicidios en Turquía aumentan año tras año -si bien parte del aumento podría deberse a un mejor seguimiento de casos que antes no se detectaban-, pero por otro lado hay una mayor respuesta social por parte de la ciudadanía.
Desde manifestaciones multitudinarias a la presión por retomar investigaciones de muertes que habían sido archivadas como suicidios. “Pensamos que un cambio mental tan claro y sin precedentes debe ser examinado desde diferentes ángulos. Si bien este cambio se ha presenciado en todos los perfiles demográficos, la polarización política sigue desempeñando una variable importante en este tema”, sentencia el estudio de Konda.
“Recientemente, las familias han empezado a cambiar, sobre todo después de que algunos casos hayan generado mucha polémica -cree también la feminista Gülsüm Kav-. Antes siempre se oponían a que la mujer se divorciara; ahora las cosas están cambiando. Pero los cambios no vienen empujados por las instituciones: vienen de la sociedad”.
FUENTE: Lara Villalón / M’Sur
