La situación de los derechos humanos en las zonas del noroeste de Siria bajo el control de las fuerzas turcas y los grupos armados afiliados a Ankara, es sombría, violenta y con un alto nivel de criminalidad, advirtió este viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Si bien las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario contra la población civil sucede hace años en Siria, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU observó un patrón alarmante en los últimos meses, incluso en Afrin, Ras Al Ain y Tel Abyad, donde aumentaron los asesinatos, se han documentado secuestros, traslados ilegales de personas, confiscaciones de tierras y propiedades, y desalojos forzados por parte de los grupos mercenarios.
Entre las víctimas se incluyen personas que son percibidas como aliadas de partidos opositores o críticas con las acciones de los grupos afiliados a Turquía. También incluyen a personas consideradas lo suficientemente ricas como para pagar rescates por secuestros. Además, el aumento de las luchas internas entre los diversos grupos mercenarios por el reparto del poder, con escasa consideración por la seguridad de la población local, sigue causando víctimas civiles y dañando la infraestructura de las áreas ocupadas ilegalmente por el Estado turco.
Del 1 de enero al 14 de septiembre de 2020, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU verificó la muerte de al menos 116 civiles como resultado de artefactos explosivos improvisados (IEDS), utilizados por perpetradores no identificados, y restos explosivos de guerra (REG). Entre los muertos, había 15 mujeres, 20 niños y dos niñas. Unos 463 civiles resultaron heridos.
Los grupos respaldados por Turquía además se apoderaron de tierras, casas y locales comerciales, sin ninguna necesidad militar aparente, y han ocupado a muchos de ellos con sus propias familias.
La agencia de Naciones Unidas documentó el secuestro y desaparición de civiles, incluidas mujeres y niños, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. En la actualidad, se desconoce el paradero de algunos de los detenidos y secuestrados.
“Recuerdo a todas las partes en el conflicto de Siria que la protección de la vida civil sigue siendo primordial en todas las circunstancias. El flagrante desprecio por la seguridad de los civiles va en contra del derecho de los derechos humanos y las obligaciones del derecho internacional humanitario que todas las partes, incluidos los grupos armados y quienes ejercen control sobre ellos, deben respetar”, remarcó Bachelet. La funcionaria agregó: “También pido a las autoridades turcas que respeten el derecho internacional y se aseguren de que cesen las violaciones cometidas por los grupos armados bajo el control efectivo de Turquía”.
“Las personas que viven en estas áreas, cuyos derechos han sido violados, tienen derecho a protección y reparación. En este sentido, insto a Turquía a que inicie de inmediato una investigación imparcial, transparente e independiente sobre los incidentes que hemos verificado, dé cuenta de la suerte corrida por los detenidos y secuestrados por los grupos armados afiliados y exija a los responsables de lo que pueda, en algunos casos, equivalen a crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra”, expresó la Alta Comisionada de la ONU.
Bachellet además manifestó: “Esto es aún más vital dado que hemos recibido informes inquietantes de que algunos detenidos y secuestrados presuntamente han sido trasladados a Turquía tras su detención en Siria por grupos armados afiliados al Estado turco”.
La Alta Comisionada remarcó su preocupación constante por el hecho de que las partes en el conflicto en Siria estén utilizando servicios esenciales, como el agua y la electricidad, como arma de guerra. Los grupos armados afiliados a Turquía, que controlan la estación de bombeo de agua de Alouk, en Ras Al Ain, han interrumpido repetidamente el suministro de agua, afectando el acceso de hasta un millón de personas en la ciudad de Hassakeh y las áreas circundantes, incluidos los desplazados, extremadamente vulnerables, de varios campamentos de refugiados internos.
Bachelet recordó que el derecho internacional prohíbe destruir, retirar o “inutilizar” objetos -como instalaciones de agua-, que son indispensables para la supervivencia de la población civil. “Como ya advertimos, impedir el acceso al agua, el saneamiento y la electricidad pone en peligro la vida de un gran número de personas, un peligro que se vuelve aún más grave en medio de la lucha contra una pandemia mundial”, aseveró.
Por último hizo un llamado “a todas las partes para que se aseguren de que los civiles y los bienes e infraestructura civiles estén protegidos de los ataques y los efectos de las hostilidades”.
Durante esta jornada, el copresidente del Departamento de Relaciones Exteriores de la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES), Ebdulkerim Ömer, afirmó que el informe de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos en Siria es importante pero no suficiente.
Recientemente, la Comisión Independiente de Investigación de Siria de la ONU presentó una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos en Siria. En el informe se documentan parte de los crímenes cometidos por el Estado turco y sus mercenarios en las regiones ocupadas de Afrin y Serekaniye.
Al analizar el informe de la ONU, Ömer declaró que “es importante, pero la comisión que redactó el informe debe adoptar una postura clara contra el Estado turco”.
El representante de la AANES añadió que estos crímenes no pueden ser manejados independientemente del Estado turco, dado que son perpetrados por fuerzas vinculadas a él. A esto, agregó que se deben presentar demandas en los tribunales internacionales para juzgar a los autores de los crímenes mencionados en el informe.
“Cuestiones como las masacres en las zonas ocupadas y el asesinato de políticos son asuntos que deben ser tratados seriamente –explicó Ömer-. Los responsables del brutal asesinato de Hevrin Xelef, el Secretaria General del Partido Futuro de Siria, deben ser juzgados por un tribunal internacional”.
A su vez, destacó que el informe no estaba a la altura de lo deseado y que seguía siendo incompleto, porque no enumeraba todos los crímenes perpetrados por los ocupantes.
Ömer recordó que en toda la región, desde los lugares históricos a los naturales y hasta los lugares de culto, se han producido ataques por parte de los mercenarios. Recordó que la mayoría de esos lugares son patrimonios de la UNESCO.
“Hay grupos radicales que operan en Turquía y llevan a cabo todo tipo de crímenes contra las mujeres. Las organizaciones internacionales de mujeres los condenaron. Estas instituciones deben ir más allá de la condena. Deberían adoptar una postura clara”, aseveró.
Ömer llamó la atención sobre el silencio internacional ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por Turquía en Siria. Si Naciones Unidas y la Coalición Internacional hubieran adoptado una postura clara, dijo el representante de la AANES, el Estado turco no podría cometer esos crímenes. “Los lugares donde el Estado turco comete crímenes son lugares donde los kurdos viven en su mayoría. Los kurdos son desplazados. La estructura demográfica de la región está cambiando”.
“Nuestros comités establecidos desde la invasión del Estado turco documentan todas las violaciones de derechos y los crímenes de guerra para ser transmitidos a las partes pertinentes”, indicó el funcionario. “Estos archivos criminales serán enviados a los tribunales internacionales. Nos esforzamos constantemente para que la opinión internacional tome medidas contra los crímenes del Estado turco”, finalizó Ömer.
FUENTE: ANF / ANHA / Edición: Kurdistán América Latina
