Recientemente, los funcionarios turcos han recibido duras críticas de feministas y defensores de los derechos humanos de todo el mundo, ya que el gobierno busca retirarse de la Convención de Estambul, el primer gran acuerdo internacional que penaliza la violencia de género.
El debate se ha enmarcado como una cuestión interna, similar a otros casos en los que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha hecho declaraciones sensacionalistas para apuntalar su base conservadora y nacionalista. Ciertamente, no se trata como una preocupación de política exterior. Sin embargo, es un símbolo de un problema sistémico dentro del Estado turco, y que tiene serias implicaciones para el papel de Turquía en Siria.
El prejuicio hacia las mujeres patrocinado por el Estado es una realidad indiscutible en la Turquía hoy. Erdogan ha declarado personalmente, en múltiples ocasiones, que cree que las mujeres son ciudadanas de segunda clase. Otro funcionario del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ha dicho que no se debe permitir que las mujeres se rían en público, y un diputado del AKP ha sido acusado de agredir y asesinar a una trabajadora doméstica. El partido ha tratado repetidamente de introducir una ley que permitiría a los violadores recibir penas reducidas de prisión si se casan con sus víctimas menores de edad.
La represión más reciente contra los kurdos y los disidentes, también ha amenazado los derechos de las mujeres. El sistema judicial politizado de Turquía considera que las cuotas adoptadas por el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) a favor de la paz, para garantizar la paridad de género en el liderazgo y las cooperativas de mujeres establecidas en los municipios administrados por el HDP, son ejemplos de terrorismo. Las activistas feministas, en particular las feministas kurdas, se enfrentan a ataques y persecuciones regularmente. Casi todos los centros de mujeres establecidos en las ciudades kurdas antes de 2016, se cerraron durante el estado de emergencia posterior al intento de golpe de Estado. Y los periodistas que informan sobre la violencia contra las mujeres, a menudo pasan más tiempo en la cárcel que los hombres que cometen los crímenes.
Estas declaraciones y políticas han tenido un impacto acumulativo mortal. Las estadísticas muestran que la violencia contra las mujeres se ha disparado bajo el gobierno del AKP. Según Anit Sayac, un memorial en línea para mujeres asesinadas por hombres en Turquía, hubo 123 asesinatos de este tipo en el país en 2009, y 417 en 2019. Recientemente, han estallado protestas en todo el país después de que un oficial militar secuestró y violó a una joven, y fue liberado después de solo unos días en prisión.
Los analistas y los formuladores de políticas tienden a ignorar las amenazas a los derechos de las mujeres, en favor de preocupaciones estratégicas más tradicionales, sin importar cuán graves puedan ser estas violaciones. Sin embargo, eso no significa que estos temas no sean relevantes. El régimen antimujeres de Turquía está poniendo activamente en peligro a las mujeres sirias y amenazando su capacidad para garantizar que sus voces y preocupaciones sean escuchadas para el futuro del país.
Las atrocidades contra las mujeres sirias cometidas por grupos del Ejército Nacional Sirio (ENS), respaldado por Turquía -desde el asesinato de Hevrin Khalaf por Ahrar Al Sharqiya hasta el descubrimiento de mujeres que habían estado desaparecidas durante casi dos años en un sitio operado por la División Hamza en Afrin-, han cosechado atención y resultados internacionales. Naciones Unidas ha acusado a estas milicias de intentar “desmantelar” los avances en derechos de las mujeres hechos por la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES), y de crear un “miedo palpable a la violencia y la coacción” en las mujeres de las zonas ocupadas por las milicias pro-turcas.
Las organizaciones políticas respaldadas por Turquía en Siria, prácticamente no tienen mujeres líderes y han mostrado poco interés en tomar medidas para proteger los derechos de las mujeres. Cuando la Administración Autónoma aprobó una legislación histórica para abordar la desigualdad de género, los líderes de la oposición calificaron las reformas de “temporales” y afirmaron que eran tan irrelevantes para el futuro de Siria como las leyes implementadas por ISIS.
El Consejo Islámico Sirio, cuyas fatwas justifican los asesinatos por honor y la violencia sexual contra las detenidas, tiene su sede en Estambul, donde no enfrenta consecuencias pese a emitir opiniones bárbaras.
Mientras Turquía controle territorios en Siria y tenga un poder político significativo sobre la oposición, tendrá una voz desproporcionada en el futuro del país. Si las actitudes y políticas turcas actuales sobre los derechos de las mujeres se institucionalizan allí, las mujeres sirias podrían quedarse con menos derechos legales y menos representación de la que tenían antes de la guerra.
A través de la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, los estados miembros acordaron “alentar la participación significativa de las mujeres en el proceso político facilitado por la ONU para Siria”. Las investigaciones muestran que aumentar la participación política de las mujeres hace que los procesos de paz sean más exitosos, y que promover la igualdad de género desafía la ideología extremista. Si el régimen de Erdogan y sus aliados sirios pueden imponer su cosmovisión discriminatoria sobre el terreno y en las negociaciones internacionales, será difícil para la comunidad internacional mantener este compromiso y que todos los segmentos de la sociedad siria cosechen los beneficios de la igualdad.
FUENTE: Meghan Bodette / North Press Agency / Traducción y edición: Kurdistán América Latina
