En respuesta a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por grupos del Ejército Nacional Sirio (ENS), respaldado por Turquía, en áreas ocupadas del norte de Siria, las organizaciones de derechos han pedido reiteradamente al Estado turco que cumpla con sus obligaciones legales internacionales como potencia ocupante, y prevenga y castigue a quienes cometieron crímenes.
Esta es la comprensión liberal convencional de cómo se deben proteger los derechos bajo la ocupación militar. Sin embargo, se supone que un Estado no permite intencionalmente que ocurran violaciones, y que tiene la voluntad y la capacidad para detenerlas.
La evidencia histórica sugiere que para Turquía, no es el caso. De hecho, las tácticas y pretextos que Turquía ha utilizado para atacar a las minorías y los disidentes durante décadas, desde la gobernanza militarizada y las amplias acusaciones de terrorismo hasta las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura, son indistinguibles de las utilizadas por el ENS, por las mismas razones, en las zonas ocupadas
Dentro de las fronteras de Turquía, el gobierno militar y los estados de emergencia se han utilizado para aplastar a los disidentes y atacar a los civiles durante décadas, desde las leyes que sentaron las bases para la masacre de Dersim (1938) a codificar el cambio demográfico forzado por el régimen militar en la década de 1980, hasta los toques de queda militares impuestos en las ciudades kurdas a raíz de la represión más reciente ordenada por Recep Tayyip Erdogan.
Si bien existe un gobierno civil respaldado por Turquía en las áreas ocupadas (de Rojava), los grupos armados son libres de efectuar arrestos, confiscar propiedades y comportarse impunemente. Los civiles kurdos, yezidíes y cristianos, y cualquier civil percibido como opositor a la ocupación, viven efectivamente bajo un gobierno militar. Las víctimas de secuestros no tienen acceso a los tribunales civiles, y no existe un proceso legal civil para aquellos que han confiscado tierras agrícolas, hogares y negocios, o que intentan buscar justicia para los familiares que han sido encarcelados o asesinados.
El ENS también utiliza acusaciones de terrorismo para silenciar a la oposición y atacar a las minorías, de la misma manera que lo hace Turquía. Justo esta semana, Jaysh Al Islam, un grupo extremista infame por arrestar a dos jóvenes kurdas en la ciudad de Afrin, mostró a civiles enjaulados, además de utilizarlos como escudos humanos y bombardear barrios kurdos con armas químicas. El grupo acusó a las mujeres de afiliarse al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).
The Afrin Post, una fuente de noticias local que con frecuencia documenta violaciones de derechos humanos en el área, reveló que eran civiles. La madre y los hermanos de una de las mujeres habían sufridos ataques en una redada en su casa el día que fue arrestada.
Estos cargos de terrorismo falsificados por los terroristas se utilizan con frecuencia para silenciar y aterrorizar a los civiles en las zonas ocupadas. Decenas de personas son secuestradas cada mes por acusaciones de “tratar con las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS)”. En un caso particularmente absurdo, una mujer fue acusada de participar en un ataque con bomba no reclamado, después de quejarse por el precio del pan en Afrin.
Esto es indistinguible de la política turca. Para junio de 2018, 10.286 personas en Turquía estaban en prisión por presuntos vínculos con el PKK, un cargo general para todos los que expresan la más mínima oposición a la política autocrática y antikurda del gobierno. Solo en las últimas semanas, decenas de personas han sido arrestadas, incluidos funcionarios electos del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), periodistas y activistas feministas.
En algunos casos, estos cargos ilegales y arbitrarios cruzan las fronteras. Un informe reciente de Syrians for Truth and Justice, una plataforma de monitoreo de derechos humanos, identificó a docenas de civiles sirios de áreas ocupadas por Turquía durante la Operación Primavera de Paz que fueron transferidos ilegalmente a Turquía y encarcelados por violar la ley turca. En declaraciones a Al Monitor en mayo pasado, un abogado de algunos de los detenidos advirtió que probablemente habían sido torturados bajo custodia y obligados a hacer declaraciones públicas.
Tal trato inhumano de los civiles en Siria no es un incidente único. Recientemente, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) informó que varias mujeres fueron encontradas desnudas en una prisión ilegal operada por la División Hamza, una milicia conocida por el trato aborrecible hacia los civiles. Algunas de las familias de las mujeres no habían escuchado nada sobre su paradero durante más de un año. A una familia le dijeron que su hija desaparecida había sido asesinada.
Testimonios de otras cárceles del ENS describen torturas brutales y violencia sexual. Los civiles son atacados y golpeados regularmente en sus hogares en las zonas ocupadas. Solo en el último mes, se publicaron dos informes de muertes de civiles por tortura bajo custodia.
Estas escenas recuerdan los peores abusos de la campaña de Turquía contra su población kurda en las décadas de 1980 y 1990. Los defensores de los derechos humanos creen que, al menos, 1.353 personas fueron desaparecidas por la fuerza, la mayoría de ellas en las regiones kurdas de Turquía después de 1993. Una investigación parlamentaria encontró que después del golpe militar de 1980, al menos 650.000 personas fueron encarceladas, 230.000 fueron enjuiciadas, 299 murieron en prisión, y 171 murieron por las torturas recibidas.
Todas estas medidas están destinadas a aplastar la disidencia, alterar la demografía y garantizar que solo aquellos que aceptan un gobierno nacionalista, conservador y autoritario puedan expresar sus opiniones.
Los estados y las organizaciones internacionales que actúan como si Turquía pudiera cambiar este comportamiento en el extranjero, mientras implementan las mismas políticas en casa, están ignorando la realidad. En cambio, la comunidad internacional debe confrontar y oponerse a estas violaciones de los derechos humanos donde sea que ocurran. Las décadas de autoritarismo doméstico en las regiones kurdas de Turquía no pueden verse como algo separado de la brutalidad de la ocupación militar forzada sobre el norte de Siria.
Por esta razón, la única estrategia para poner fin a estos crímenes es la que proponen quienes los padecen en Turquía y Siria por igual: el fin de la ocupación turca de las regiones kurdas y una resolución política del conflicto, que permita la democracia y el autocontrol y la autodeterminación en ambos lados de la frontera.
FUENTE: Meghan Bodette / North Press Agency / Traducción y edición: Kurdistán América Latina
