La mirada de Halime Aksoy, la madre de Agit Ipek, está perdida en algún punto lejano y doloroso. Sobre sus rodillas, los restos de su hijo tratan de descansar dentro de una caja envuelta en una bolsa. Si no sabemos qué contiene esa caja, podríamos pensar que es un regalo o algunas cosas viejas que siempre terminan en un depósito. Pero la mirada de esa mujer kurda revela una realidad que en Turquía, por momentos, parece no tener fondo y siempre es escalofriante.
La semana pasada, la familia de Agit recibió por correo esa caja. A Halime la llamaron desde el juzgado de Diyarbakir, la capital histórica de Kurdistán. La madre de Agit llegó a los tribunales y le entregaron la caja. En unas breves declaraciones a la prensa, Halime dijo: “Vi que el paquete con mi Agit estaba allí. Así que tomé los huesos y me fui a casa”.
Este hecho, perdido en el bombardeo noticioso por la pandemia del coronavirus, solo puede tomar magnitud concreta al observar la mirada de esa madre kurda que hacía dos años esperaba recuperar el cuerpo sin vida de su hijo.
Agit İpek era un guerrillero de las Fuerzas de Defensa Popular (HPG, por sus siglas originales), el brazo armado del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). El joven, que en la insurgencia era conocido como Kemal Berxwedan, fue abatido por las fuerzas militares turcas el 23 de mayo de 2017 en la provincia de Dersim, en el sudeste del país. Desde esa fecha, el Estado turco le negó a la familia de Agit despedir sus restos y celebrar su memoria. Recién en mayo del año pasado, los familiares del guerrillero tuvieron noticias: las autoridades les informaron que habían encontrado el cadáver. Entonces su familia dio una muestra de ADN y así pudieron confirmar la muerte de Agit.
Luego de conocerse la noticia, el Congreso de la Sociedad Democrática (DTK) –una de las principales organizaciones kurdas de Turquía- difundió una declaración en la que relata la “travesía” del cuerpo del guerrillero. Según el DTK, los restos de Agit fueron enviados por primera vez desde el Instituto de Medicina Forense de Estambul a la Fiscalía de Dersim, y de ahí a la Oficina del Fiscal General de la provincia, que trasladó el cuerpo a la Oficina del Fiscal General de Diyarbakir. El 2 de marzo de este año, puntualizó el DTK, el Fiscal Jefe entregó los restos del combatiente al correo, desde donde enviaron mandó la caja a la familia de Ipek.
En la declaración, el DTK recordó que el respeto a los muertos es una ley no escrita durante miles de años, pero el partido gobernante AKP, encabezado por el presidente Recep Tayyip Erdogan, “muestra que su racismo no tiene límites”. “El objetivo de tales prácticas es el caos y la tensión social –agregaron desde el DTK-. Nosotros y nuestro pueblo hemos pagado y defendido los costos de la paz y la democracia durante años, aunque los cuerpos de nuestros hijos hayan sido destrozados”.
Ante el horror generado por el gobierno, quienes también se pronunciaron fueron los integrantes del Comité de Solidaridad con las Familias Mártires del PKK. En un comunicado, señalaron que el Ejecutivo turco “no conoce límites cuando se trata de inmoralidad: persigue el fin de toda la sociedad con sus prácticas inmorales y fascistas sin escrúpulos, pensando que de esta manera prolongará su poder”.
“Preguntamos: ¿saben en qué guerra, en qué Estado, hubo una práctica brutal tan vengativa, inhumana e inmoral? –inquirieron desde el Comité- ¿En qué ley tiene cabida esa aplicación? El gobierno del AKP (y su aliado, el partido) MHP, que no conoce límites en la inmoralidad, destruye los valores sociales y quiere acabar con toda una sociedad con sus prácticas inmorales y fascistas”.
Por su parte, la asociación de abogados kurdos (ÖHD, por sus siglas originales) anunció que presentará una solicitud legal, a nivel nacional e internacional, en relación con esta práctica llevada adelante por el gobierno. Desde la ÖHD recordaron que durante más de dos años, los funcionarios gubernamentales no dieron ninguna información a la familia de Ipek, y solo lo hicieron en 2019, cuando pidieron que se enviara una muestra de ADN.
La asociación de abogados expresó que “el respeto del legado de la humanidad es superior a cualquier norma, y el Estado está obligado a respetar esta moral”, y aseguró que se hará todo lo posible “para llevar a los responsables ante la ley”.
Desde la prestigiosa Asociación de Derechos Humanos (IHD) también se pronunciaron. Murat Melet, uno de sus integrantes, declaró que hasta ahora en Turquía nunca se había “llevado a cabo ninguna práctica tan inhumana”. “Ningún cruel dictador y gobernante ha enviado los restos de una persona a su familia por correo”, remarcó Melet. A su vez, Kemal Bülbül, diputado del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), declaró que el gobierno de Erdogan debería calificarse como nebbaş (asalta tumbas). Para el legislador del HDP –la tercera fuerza política en el país, que aglutina al pueblo kurdo, a otras minorías étnicas, y a sectores de la izquierda turca-, el Ejecutivo se transformó en una organización criminal.
Desde la creación de la República de Turquía, en 1923, la represión contra el pueblo kurdo y otras minorías étnicas en moneda común. Con la llegada de Erdogan al poder, el plan sistemático de aniquilación se aceitó hasta puntos nunca imaginados. El presidente turco sabe que la base social que lo sostiene –islámica radical y conservadora-, tiene un peso profundo en el país. Frente a eso, el pueblo kurdo no se detiene a la hora de demandar sus derechos, ya sea con los fusiles en manos, organizando barrios o abrazando la mirada perdida de Halime Aksoy.
FUENTE: Leandro Albani / La tinta
