Crece la ira en Turquía, porque mientras el gobierno se prepara para otorgar amnistías hasta a un tercio de la población carcelaria del país para combatir la pandemia de coronavirus, activistas de derechos humanos encarcelados, periodistas y políticos de la oposición no estarán entre los considerados para su pronta liberación.
El parlamento turco discutió el martes una enmienda legal que debería hacer que 90.000, de los aproximadamente 300,000 prisioneros del país, sean elegibles para arresto domiciliario o libertad condicional, reduciendo a la mitad las condenas por delitos que incluyen asesinato no premeditado y crimen organizado. Los primeros borradores del proyecto de ley, que también habrían incluido a los delincuentes sexuales y los condenados por violencia de género, fueron retirados después de recibir la indignación de los grupos de derechos de las mujeres.
Quizás la mayor preocupación no sea a quién se deja salir la prisión con la nueva ley, sino a quiénes retiene. Si bien los grupos de derechos han acogido con beneplácito algunas de las nuevas medidas para mantener a los internos a salvo del coronavirus, como el encarcelamiento alternativo o el arresto domiciliario para los mayores de 65 años, aquellos con condiciones preexistentes y prisioneras con niños pequeños, los presos políticos han sido pasados por alto de forma clara.
El lunes, Amnistía Internacional (AI), junto con dos docenas de organizaciones de derechos humanos, se unieron a grupos turcos que pedían la liberación inmediata de periodistas y otros presos políticos, como el líder opositor Selahattin Demirtaş y el filántropo Osman Kavala, que actualmente están detenidos bajo una notoria legislación antiterrorista y, por lo tanto, no elegibles bajo los nuevos términos legales.
A pesar de aprobar un cierre casi total en el país para luchar contra la Covid-19, el número de casos confirmados de Turquía se ha disparado de 1.872 hace una semana a 13.531 el martes.
Mientras que el ministro de justicia, Abdulhamit Gül, hasta ahora ha insistido en que la pandemia no ha llegado al abarrotado sistema penitenciario de Turquía, Ömer Faruk Gergerlioğlu, un político y ex médico del Partido Democrático del Pueblo (HDP), consultó con hospitales para confirmar que al menos un paciente que dio resultados positivos había sido transferidos para recibir tratamiento desde la prisión Sincan, en Ankara. El fiscal público de Ankara acusó a Gergerlioğlu de “provocar ansiedad, miedo y pánico entre el público”, y dijo que se había iniciado una investigación al respecto.
“Hemos estado haciendo campaña para mejorar los estándares en las cárceles durante mucho tiempo”, dijo Gergerlioğlu a The Guardian. “Ya hay muchas violaciones en términos de acceso a la atención médica, niveles de personal, enfermedades contagiosas, personas que mueren por falta de tratamiento por sus enfermedades. He presentado muchas preguntas al parlamento sobre estos casos… nuestro sistema de justicia está roto”.
En los últimos años, Turquía ha arrestado a miles de académicos, abogados, periodistas, funcionarios públicos y miembros de las fuerzas armadas que, según dice el gobierno, formaban parte del ilegal movimiento gulenista, al que culpa por un golpe fallido en 2016, así como a activistas y políticos kurdos, a quienes acusan de tener supuestos vínculos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). Muchos de ellos languidecen en largas detenciones preventivas. De hecho, hay tantos prisioneros que, para quitarle presión a un sistema que ya tiene una capacidad que supera el 121%, Ankara planea construir 100 nuevas cárceles.
Idris Sayılgan, un periodista kurdo, fue condenado por cargos de terrorismo después de un juicio en el que la única evidencia presentada en su contra fueron sus artículos. Pasó más de tres años en la cárcel antes de ser liberado en noviembre del año pasado.
Las celdas superpobladas y las condiciones inmundas que experimentó, primero en Mus y luego en la prisión de Trabzon, podrían provocar que el coronavirus matara a muchos en el sistema turco, dijo el joven de 29 años.
“En la prisión de Mus compartí una celda de siete pasos de largo con otras 14 personas. Algunas células tenían incluso más personas que eso. Solo había un baño para todos nosotros”, aseguró.
En Trabzon, las celdas todavía estaban abarrotadas: una celda de Sayılgan solo estaba destinada a cuatro personas, pero albergaba a ocho, por lo que dos personas tuvieron que dormir en el suelo. La comida de baja calidad y las condiciones insalubres lo llevaron a desarrollar enfermedad en las encías. Los presos tuvieron que comprar sus propios productos de limpieza.
“Tuvimos que pagar todo nosotros mismos: papel higiénico, jabón, champú, lejía para limpiar. Solo tenemos dos duchas a la semana –relató-. Es imposible hacer distanciamiento social o practicar una buena higiene en tales condiciones. Si el coronavirus se propaga en las cárceles, será una masacre”.
Las condiciones pueden empeorar: los artículos de noticias recientes sugieren que los prisioneros en Turquía ahora tienen que pagar 17 liras (2,09 euros) por sus propias máscaras faciales, y el grupo de defensa “Juristas por la Libertad” dijo en un informe que los reclusos se han quejado de que no todo el personal de la prisión lleva máscaras protectoras y guantes. Como parte de las medidas de distanciamiento social, las visitas de miembros de la familia se han detenido y los abogados ahora solo pueden visitar a sus clientes con el permiso de un fiscal.
El coronavirus también parece estar exacerbando la crisis turca de libertad de expresión que llevó a tantos a ser encerrados. Reporteros Sin Fronteras (RSF) dijo que siete periodistas fueron arrestados por informar sobre la pandemia y acusados de “propagar el pánico”, y 385 personas están siendo investigadas por publicaciones críticas en las redes sociales.
Durante la crisis, el gobierno también ha encontrado tiempo para arrestar a otros cinco alcaldes de HDP en el sureste de Turquía, que probablemente serán reemplazados por fideicomisarios (interventores) gubernamentales no elegidos en los comicios.
“Esta actitud muestra explícitamente las intenciones del gobierno: los criminales comunes serán liberados, pero los presos políticos permanecerán tras las rejas”, dijo Veysel Ok, codirector de la Asociación de Estudios Legales y de Medios, una organización de defensa legal sin fines de lucro. “Esta decisión de no liberar a los presos políticos en este momento, en cierto modo, es equivalente a un veredicto de pena de muerte”, enfatizó Ok.
FUENTE: Bethan McKernan y Beril Eski /The Guardian / Traducción y edición: Kurdistán América Latina
