Maria Edgarda Marcucci (Eddi) luchó en las Unidades de Protección de las Mujeres (YPJ) en defensa del cantón kurdo de Afrin, en el norte de Siria, cuando Turquía lanzó una invasión militar en 2018.
Un día antes del segundo aniversario de la ocupación turca de Afrin, Eddi fue condenada por un tribunal de Turín, Italia, a una vigilancia especial de dos años.
Hasta ahora, Eddi no podía salir de su casa desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Podía permanecer en su ciudad, pero, según lo establecido por la medida introducida por el Código Rocco (legislación impuesta durante el régimen fascista en Italia), tendrá que entregar su pasaporte y su permiso de conducir, no podrá participar en reuniones con más de tres personas ni podrá concurrir a asambleas y reuniones. A su vez, tendrá que llevar consigo una libreta en la que la policía anotará cada vez que sea revisada.
En tanto, el Tribunal de Turín ha absuelto a otros cuatro internacionalistas italianos que habían estado en Rojava junto a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG) o que trabajaban en las estructuras civiles de la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES).
Los internacionalistas italianos, como cientos de personas que se unieron a las YPG/YPJ, llegaron a Rojava (Kurdistán sirio) para luchar contra el Estado Islámico o los grupos terroristas respaldados por Turqupía.
En diciembre del año pasado, la fiscal Manuela Pedrotta había pedido medidas de vigilancia especial contra los acusados, alegando que “podrían implementar técnicas militares en Italia aprendidas junto a las milicias kurdas en Rojava”.
La acusación, totalmente infundada, confirma que la Fiscalía siempre tuvo intención de castigar a los internacionalistas.
El Tribunal de Turín había rechazado estas medidas con anterioridad, solicitadas contra otros dos internacionalistas que estuvieron en las filas de las YPG/YPJ.
En medio del juicio contra Eddi y sus compañeros, el diario L’Espresso recordó el caso de Davide Grasso, uno de los cinco turineses que terminó en juicio por ir a Siria para luchar contra ISIS junto a los kurdos. Frente a esta nueva persecución judicial, Grasso expresó: “No oculto mi preocupación por la evolución del caso judicial hacia ellos”.
El periódico explicó que durante los primeros alegatos, la fiscal Pedrotta definió a las YPG/YPJ como “terroristas”, al relacionarlas con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), el mismo argumento que utiliza el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para justificar las masacres contra el pueblo kurdo.
L’Espresso calificó el proceso judicial contra los tres internacionalistas como “ambiguo”, y que podría constituir un precedente peligroso que permitiría limitar la libertad de disenso y la participación política para los italianos y las italianas.
FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina
