A mediados del pasado mes de noviembre, Irán vivió la que ya es considerada mayor revuelta popular desde la instauración de la República Islámica en 1979. El desencadenante de las protestas fue inicialmente la subida de la gasolina en un 300 por ciento pero, como en ocasiones anteriores, tomaron carácter político, transformándose en un movimiento de protesta contra el régimen.
Las consignas más repetidas por los manifestantes fueron: muerte a la dictadura, muerte a Jamenei -Guía de la Revolución y máxima autoridad del país-, y muerte a Rohani, actual presidente del gobierno, que ganó las últimas elecciones con el apoyo de los sectores “reformistas”.
Debido a la amplia extensión y violencia que adquirieron los disturbios, el gobierno cerró inmediatamente las redes de comunicación por internet, pero las informaciones llegadas durante esos días indicaban ya una cifra de muertos muy elevada, en torno a las 150 personas.
Un mes después, distintas organizaciones humanitarias han podido realizar una valoración más exacta de lo ocurrido. Amnistía Internacional (AI), por ejemplo, hizo un primer cálculo de 304 muertes documentadas que luego fue ampliando. La agencia Reuters, por su parte, ha llegado a dar la cifra de 1.500, citando distintas fuentes, algunas de ellas oficiales y en base a los informes suministrados por los hospitales.
Entre estas 1.500 muertes habría 400 mujeres y una veintena de menores de edad, según la citada agencia de noticias. Por otro lado, se habrían producido entre 7.000 y 10.000 detenciones, de muchos de los cuales no se sabría nada desde el momento en que fueron apresados, y en algunos casos sus cuerpos sin vida han aparecido después en distintos lugares del país.
Nadie se atreve a realizar un cálculo del número de heridos, ya que muchas personas preferían ser atendidas en sus casas por médicos particulares que acudir a los hospitales, donde los ingresados quedaban en manos de las fuerzas de seguridad.
El propio régimen ha reconocido públicamente que lo ocurrido en noviembre no tiene precedentes desde que la revolución de 1979 acabó con la monarquía del Shah. El ministro del Interior, Abdul Reza Rahmani, que también preside el Consejo Nacional de Seguridad, explicó en una televisión oficial que solamente cuatro de las 31 provincias iraníes se libraron de los disturbios, y que hubo manifestaciones al menos en medio millar de localidades, mientras que los dirigentes de los Pasdaranes (Guardianes de la Revolución) hablaban abiertamente de una situación “de guerra” interior.
Se calcula también que durante las manifestaciones, entre el 16 y el 26 de noviembre, habrían sido asaltadas, destruidas o incendiadas cientos de gasolineras, sedes bancarias, edificios gubernamentales y, al menos, una decena de lugares de culto religioso.
De nuevo se han escuchado gritos contra los cuantiosos gastos que la República Islámica está realizando en el exterior para ayudar a grupos armados, aprovechando los conflictos existentes en Irak, Siria, Líbano o Yemen, además de acusar al régimen de desviar la atención hacia Estados Unidos cuando los problemas de Irán son internos, o incluso reivindicando la figura del defenestrado shah Reza Pahlevi.
Una de las principales diferencias entre lo ocurrido ahora respecto a otras oleadas de protestas anteriores, estriba precisamente en su extensión geográfica. Hasta ahora, este tipo de movimientos afectaba sobre todo a las grandes ciudades, a sectores juveniles y universitarios, a la clase media y a regiones “rebeldes”, como pueden ser el Kurdistán, el Juzestán, habitado por la minoría árabe, o Azerbaiyán.
Ahora los disturbios han afectado, además de las grandes metrópolis, a decenas de ciudades con menor tamaño y a los distritos urbanos donde se concentran la población más empobrecida y que, hasta ahora, ha sido la principal base social de la República Islámica.
Otra de las diferencias respecto a revueltas anteriores ha sido el carácter especialmente sangriento que ha tomado la represión, interviniendo en la misma miles de Pasdaranes y basijis (voluntarios) vestidos de civil con órdenes de disparar a matar de forma indiscriminada, utilizando, incluso, francotiradores desde las azoteas. Se han denunciado casos en que los heridos fueron rematados cuando eran llevados a los hospitales.
El Centro de Derechos Humanos de Irán (CHRI), una de las organizaciones con mayor prestigio debido a la fiabilidad de sus informaciones, y otros grupos humanitarios similares, como Hengaw o Iran News Wire, han ido facilitando en los últimos días detalles de las víctimas, facilitando nombres, apellidos, edad, fotografías y circunstancias de las muertes, que en algunos casos ocurrieron cuando estas personas ni siquiera participaban en las manifestaciones.
Uno de estos ejemplos es el de Mina Sheikhi, de 59 años, viuda y madre de seis hijos. Procedente de Saquez, región del Kurdistán, se encontraba en Teherán acompañando a uno de sus hijos que había encontrado trabajo en la capital iraní. Estaba viendo las manifestaciones desde la terraza de su vivienda cuando fue alcanzada en el pecho por tres disparos.
Como ha ocurrido en otros casos, el cuerpo fue literalmente “secuestrado” por la policía que, a partir de ese momento, se encargó de los análisis forenses y de llevar directamente el cadáver a un cementerio sin permitir la participación de la familia en estos trámites ni facilitarle los informes de la autopsia. De hecho, dos miembros de esta familia fueron detenidos en Saquez cuando pegaban por la calle, como suele ser costumbre, pasquines anunciando el funeral por Mina.
Se da la circunstancia especial de que dos hermanos de la fallecida -Amin y Mohamed- han muerto debido a su militancia en organizaciones kurdas de oposición, en el primer caso en el transcurso de un enfrentamiento con militares iraníes, en el segundo porque fue condenado a muerte y ejecutado.
También del Kurdistán iraní, una de las zonas más afectadas por esta oleada de protestas, era Ershad Rahmanian, de 25 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el pantano de Garran, cerca de la ciudad de Marivan. Ershad “desapareció” el 17 de noviembre, uno de los días en los que las protestas alcanzaron mayor virulencia. El cuerpo presentaba claras señales de tortura, con las extremidades rotas.
Por su parte, en el pueblo de Qar, cerca de la ciudad kurda de Sanandaj, apareció el cuerpo de Pouya Ahmadzadeh, de 28 años, y en el pantano de Vahdat, igualmente próximo a Sanandaj, los de Heiva Rahimi, Masud Amini, Reza Sadeghi y Ali Javaheri. Todos ellos estaban entre los 20 y 25 años de edad, y habían desaparecido en los primeros días de las protestas. También habrían aparecido cuerpos en un río cercano a Ahvaz, principal ciudad del Juzestán.
A la madre del joven Alireza Anjavi, de Shiraz, intentaron convencerle de que su hijo había muerto debido a un accidente. La madre, Nushin Mahmudi, explicó que Alireza estaba volviendo de la universidad a casa y que, al ver las manifestaciones en la calle, le llamó por teléfono para que se diera prisa. No volvió a saber nada más de él hasta que le avisaron que estaba en el hospital con un impacto de bala.
Las autoridades se negaron a que fuera enterrado junto a la tumba de otros miembros de la familia en el cementerio de Shiraz, llevando directamente el cuerpo a otra ciudad para evitar que el funeral se convirtiera en un nuevo acto de protesta.
Borhan Mansournia, de 28 años, estaba esperando para coger un autobús cuando fue herido por un disparo en la espalda. Llevado al hospital Farabi, las autoridades rechazaron ingresarle por lo que fue llevado al hospital Teleghani, donde falleció tras ser operado. En este hospital la familia asegura que había otros diecisiete ingresos por bala.
Azar Mirzapour Zahabi tenía 48 años, era enfermera en la ciudad de Karaj y tenía cuatro hijos. Fue alcanzada cuando regresaba a casa desde el trabajo y tras hacer una llamada a uno de los suyos diciéndole que llegaría “en dos minutos”.
Golnar Samsami, de 34, vivía en el distrito de Shahriar y también volvía a casa del trabajo cuando fue alcanzada por un disparo realizado desde lo alto de un edificio. En ese momento se disponía a coger un taxi.
Mohammad Dadsetankhan, de 15 años, regresaba desde el instituto en la ciudad de Shiraz. Las autoridades dijeron a la familia que no había ido a clase, insinuando así que estaba participando en las protestas, algo que la familia niega totalmente. Las autoridades les ofrecieron una cantidad de dinero para que no presentaran una reclamación legal.
Amirhossein Kabiri, de 33 años, también de Karaj. La familia asegura que no participaba en las manifestaciones y, de hecho, en un vídeo aparece tendido sin vida en el suelo pero con las manos metidas todavía en los bolsillos, lo que indicaría que, en todo caso, estaría viendo lo que ocurría. Un disparo le atravesó la cabeza.
La lista de casos podría continuar con decenas de nombres más, mientras se sigue sin saber la situación de miles de detenidos. Veintitrés organizaciones de derechos humanos, tanto iraníes como internacionales, han pedido a la ONU que envíe una comisión investigadora a Irán y destacadas personalidades del exilio han hecho una petición similar ante la Cruz Roja Internacional.
Una veintena de madres que han perdido a hijos en las manifestaciones han formado una asociación para iniciar acciones legales contra el régimen. También han convocado para el 26 de diciembre un minuto de silencio en todo el país, que ha demostrado con esta revuelta popular sin precedentes el grado de debilidad y aislamiento a que ha llegado el régimen integrista instaurado por el ayatolá Jomeini hace cuatro décadas.
FUENTE: Manuel Martorell / Cuarto Poder / Artículo publicado originalmente el 24 de diciembre de 2019
