Camioneros, maestros, obreros, comerciantes, agricultores… raro es el sector que no ha organizado protestas durante el último año en Irán. El muy limitado activismo sindical que existe en el país ha intentado reivindicar sus derechos ante el deterioro económico que las sanciones de Estados Unidos han agudizado. De momento, el régimen no percibe las manifestaciones como una amenaza a su seguridad, pero ha optado por judicializar el problema poniendo en entredicho uno de los pilares de la República Islámica, la defensa de los desfavorecidos.
Esmaeil Bakhshi, uno de los representantes del sindicato de trabajadores de los campos de caña de azúcar del conjunto agroindustrial Hafttappeh en Juzestán, en el suroeste del país, se ha convertido en símbolo de las protestas obreras. Tras dos semanas de protestas por el impago de cinco meses de sueldos y la mala gestión del conjunto, fue detenido por primera vez el pasado noviembre. Liberado bajo fianza, denunció que había sido torturado bajo custodia.
Entonces, el fiscal general Mohammad Jafar Montazeri calificó de “falsas” sus alegaciones y la televisión estatal emitió una confesión en la que decía haber estado en contacto con grupos comunistas. Desde su nueva detención el pasado 21 de enero, no se ha vuelto a saber de él.
“Lo han acusado de difamación, propaganda contra el sistema y ofensa a las autoridades”, declara la abogada Farzaneh Zilabi, a quien él confió su defensa, pero el poder judicial no le ha permitido encargarse del caso; como viene siendo habitual en todos los casos de derechos humanos. Solo permite que Bakhshi elija al letrado de una lista preaprobada.
La insatisfacción de los trabajadores no se limita al caso de Hafttappeh. Las protestas se han escuchado también en el sector del acero, la industria automotriz, compañías de maquinaria pesada como Hepco, plantas petroquímicas, ferrocarriles e incluso entre empleados municipales.
“El retraso en el pago de los sueldos y los abusos de los empresarios se han convertido en un mal común de todos los sectores”, constata Abbas, un empleado de alto rango en una aerolínea iraní. “He trabajado 28 años en el sector aéreo del país y hace un año nos obligaron a aceptar condiciones humillantes como firmar contratos de trabajo mensuales, y si protestas, te despiden”, explica convencido de que las estrecheces económicas no permiten a muchos trabajadores unirse a las huelgas, ya que -a falta de organizaciones sindicales- sufren directamente las represalias.
“El problema empezó con la privatización de la industria en un proceso opaco. En realidad entregaron fábricas y minas a grupos cercanos al poder camuflados de emprendedores cuyo único mérito eran sus contactos en el sistema”, señala Mohammad Hossein Ragfar, profesor de Economía de la universidad Al Zahra de Teherán. En su opinión, o las autoridades cambian de rumbo ante las protestas, o se arriesgan a enfrentamientos mayores en un futuro próximo.
Saeed, un ingeniero de la industria del cobre, pone como ejemplo de esa falsa privatización un proceso de toma de decisiones que no obedece a la lógica del mercado y perjudica a las empresas. “De repente prohíben la exportación de láminas de cobre para que las vendamos a bajo precio en el país, pero no tienen en cuenta que nuestra producción se ha encarecido debido a las limitaciones bancarias por las sanciones y la devaluación del rial (moneda iraní). Así que solo echamos a perder empleos y recursos”, se queja.
Otros analistas discrepan. Para Mohammad Hossein Ghadiri-Abyaneh, un antiguo embajador experto en asuntos estratégicos, “el problema está en la cultura de trabajo” de los iraníes. “No trabajamos con suficiente eficacia y los consumidores no aprecian el producto nacional, ya que en Irán la marca extranjera es un elemento de prestigio social, esta visión perjudica la producción nacional”, defiende.
De momento, las dimensiones de las protestas sindicales no han alcanzado un nivel que plantee problemas para la seguridad nacional y las autoridades han evitado detenciones indiscriminadas de trabajadores. Sin embargo, las clases obreras han sido tradicionalmente uno de los pilares de la República Islámica, lo que las convierte en un indicador fiable del nivel de satisfacción de la sociedad iraní, pues no suelen movilizarse por las limitaciones sociales como las clases medias. Eso plantea un dilema al poder entre atender sus necesidades o buscar nuevos aliados para frenar con mano dura futuras protestas.
FUENTE: Ali Falahi / El País
